Los denunciantes solicitaron a la Comisión Europea acceso público a los documentos relacionados con la aplicación de un proyecto minero en Jadar (Serbia) para su designación como «proyecto estratégico» en virtud de la Ley de Materias Primas Fundamentales (CRMA). La Comisión denegó el acceso alegando que, en general, podía presumirse que la divulgación de los documentos perjudicaría los intereses comerciales de la empresa afectada. Como tal, la Comisión no evaluó individualmente los documentos para su posible divulgación.

Sin embargo, los denunciantes sostuvieron que existía un interés público superior en la divulgación, dado que es probable que los documentos contengan información medioambiental importante.

La Defensora del Pueblo consideró que no era razonable que la Comisión aplicara una presunción general de no divulgación a los documentos relacionados con la designación de proyectos de materias primas fundamentales como proyectos estratégicos en el marco del Reglamento sobre materias primas fundamentales. Además, sobre la base de una inspección de los documentos en cuestión, comprobó que no contenían información sensible en todo su contenido, en particular porque algunas partes ya se habían hecho públicas legalmente en el momento en que la Comisión emitió su posición final sobre la solicitud de acceso del denunciante. La Defensora del Pueblo también consideró que los documentos contienen amplia información medioambiental, incluida «información relacionada con las emisiones al medio ambiente» para la que se considera que existe un interés público superior en la divulgación.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo concluyó que la negativa de la Comisión a conceder acceso público constituía mala administración. Recomendó a la Comisión que reconsiderara su posición y concediera un amplio acceso a los documentos controvertidos.