Estrasburgo, 26.11.2013

Denuncia 297/2013/(RA)FOR

Muy señor mío:

Como saben, la investigación mencionada se refiere a un supuesto conflicto de intereses de un miembro del Comité de Ética ad hoc de la Comisión. En esta etapa de la investigación, quisiera señalar a su atención la amplia esencia del razonamiento que podría apoyar un posible proyecto futuro de recomendación a la Comisión.

Quisiera subrayar de entrada que mi razonamiento no contiene ni implica una evaluación negativa de las credenciales éticas personales de ningún miembro del Comité de Ética ad hoc.

A este respecto, observo que el dictamen de la Comisión sostiene que, para que se sostenga la primera alegación de los denunciantes, sería necesario indicar «en qué situación» y «en qué medida» existiría un conflicto de intereses con respecto a un miembro del Comité de Ética ad hoc. Ambos elementos requieren comentarios.

En primer lugar, hago hincapié en que sería sorprendente que la Comisión considerara aceptable un conflicto de intereses (real o potencial) en el que estuviera implicado un miembro del Comité de Ética ad hoc, independientemente de su alcance.

En cuanto a las situaciones en que existiría un conflicto de intereses, los autores sostienen que un miembro del Comité de Ética ad hoc es un "lobbyista". La Comisión rebate esta descripción. Sin embargo, observo que, independientemente de la exactitud del término "lobbyista", no se discute que esta persona representa intereses privados en los contactos con la Comisión. Observo que los denunciantes dieron ejemplos de la reunión del miembro con funcionarios del Servicio Jurídico de la Comisión en septiembre de 2011 y septiembre de 2012 y que representaba los intereses de una empresa tabacalera. La Comisión no cuestiona esta afirmación fáctica, sino que simplemente insiste en que los contactos con el Servicio Jurídico de la Comisión se limitaron a «cuestiones jurídicas» relacionadas con la «Directiva sobre el tabaco» y que, en consecuencia, no constituían «lobbying».

En mi opinión, es difícil considerar que tal trabajo de representación legal, que entiendo que puede ir desde la simple recopilación de información de los funcionarios de la Comisión en nombre de los clientes hasta tratar de convencer a los funcionarios de la Comisión de un argumento legal en nombre de los clientes, no constituya un posible conflicto de intereses.

Existe un conflicto de intereses cuando un funcionario público tiene intereses privados que podrían influir en el desempeño de sus funciones y responsabilidades oficiales. No es necesario que haya pruebas de que un funcionario público modifique realmente su comportamiento con respecto a las funciones y responsabilidades oficiales como resultado de intereses privados. Por el contrario, es la mera posibilidad de que el comportamiento pueda verse influido por intereses privados (en este caso, la representación de los intereses de los clientes) lo que es fundamental para determinar si existe un conflicto de intereses. Cualquier ejemplo concreto de conflicto de intereses que altere realmente el comportamiento de un funcionario público sería muy grave y, de hecho, constituiría una falta. Sin embargo, el hecho de que no se haya demostrado tal falta no excluye la existencia de un conflicto de intereses.

Sobre la base de mi análisis, resumido brevemente aquí, considero que la Comisión debería revocar su decisión de volver a nombrar al miembro en cuestión y nombrar a otra persona en su lugar.  En este contexto y a la luz de los argumentos anteriores, me gustaría invitarle a considerar si la Comisión realmente cree que los ciudadanos razonables con sentido común estarían convencidos de que no hay posibilidad de que el trabajo del Comité de Ética ad hoc pueda verse influenciado por las actividades relacionadas con los clientes del miembro en cuestión.

Espero que esta carta le sea útil en las reflexiones internas en curso de la Comisión sobre este asunto.

Le saluda con sinceridad,

Emily O'Reilly