El denunciante pidió a la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) que concediera acceso público a los documentos relacionados con las condiciones de acogida en varias instalaciones chipriotas de gestión de la migración. La EUAA identificó 76 documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud y denegó el acceso a todos los documentos excepto a dos. Al hacerlo, la EUAA invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso a los documentos, argumentando que la divulgación podría socavar la seguridad pública, los datos personales y su proceso de toma de decisiones.

El Defensor del Pueblo inició una investigación e inspeccionó los documentos en cuestión. No le convencieron los argumentos de la EUAA y propuso que la Agencia concediera un acceso público significativamente mayor a los documentos.

La AAUE aceptó la propuesta del Defensor del Pueblo y dio al reclamante un amplio acceso a 64 de los 74 documentos restantes. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la AAUE y dio por concluida la investigación.