El asunto se refería a la tramitación de una denuncia de acoso presentada por un miembro del personal de una misión de la UE. La misión de la UE en cuestión decidió abrir una «investigación preliminar», pero se enfrentó a problemas al iniciarla realmente.

El demandante se puso en contacto con el Defensor del Pueblo Europeo cuando, al cabo de varios meses, parecía que la investigación preliminar no había comenzado.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió al SEAE que diera cuenta de la situación.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, el SEAE inició efectivamente la investigación preliminar, que dio lugar a un informe sobre cuya base se decidió incoar un procedimiento disciplinario.

El Defensor del Pueblo concluyó que el retraso en el inicio de la investigación preliminar constituía una vulneración del derecho fundamental del reclamante a un plazo razonable de tramitación administrativa. Además, el Defensor del Pueblo concluyó que había habido mala administración en la comunicación inicial con el demandante.

Sin embargo, dado que la investigación preliminar había dado lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario conexo, el Defensor del Pueblo dio por concluida la investigación.