El denunciante trabajó como experto para un contratista externo de la UE en un proyecto financiado por la UE en Tanzania gestionado por la Delegación de la Unión Europea en Tanzania y la Comunidad del África Oriental. El autor alegó que el contratista infringió la legislación de Tanzanía al no registrarse en Tanzanía, lo que le impidió obtener un permiso de trabajo válido. Posteriormente, el contratista informó al reclamante de su decisión de rescindir su contrato, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre el trabajo del reclamante planteadas por la Delegación de la UE.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre las preocupaciones del reclamante acerca de la forma en que la Delegación trató ambos asuntos. A este respecto, la Defensora del Pueblo se refirió a su opinión reiterada de que, cuando las instituciones de la UE buscan la sustitución de expertos que trabajan en proyectos de la UE, estas personas deben ser oídas antes de ser sustituidas. Si bien la Comisión alegó que no había solicitado la sustitución del experto, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión había participado en la decisión de sustitución. Así pues, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no garantizó que se respetara el derecho del demandante a ser oído antes de su sustitución, lo que equivalía a una mala administración.  Hizo una sugerencia de mejora destinada a evitar que el problema se produjera en el futuro. 

Además, el Defensor del Pueblo constató que, dado que se había rescindido el contrato del reclamante, no se justificaban nuevas investigaciones sobre la cuestión del permiso de trabajo. No obstante, hizo una sugerencia de mejora a la Comisión, invitándola a verificar el asunto, ya que puede afectar a otros expertos que trabajan en el proyecto de la UE. 

 

Las agencias de la UE desempeñan un papel central al aplicar las políticas de la UE y proporcionar conocimientos técnicos, científicos y jurídicos en sectores clave. Cualquier percepción de que sus servidores públicos persiguen intereses privados que entran en conflicto con sus deberes puede socavar la confianza pública en su trabajo. El Defensor del Pueblo Europeo ha destacado sistemáticamente los riesgos del fenómeno de las «puertas giratorias», en el que el personal pasa a funciones externas, en particular en el sector privado. Incluso un pequeño número de casos de alto perfil puede desencadenar inquietud pública y daños a la reputación, como se refleja en investigaciones recientes.

Al mismo tiempo, la administración de la UE debe atraer a profesionales cualificados para abordar prioridades como la sostenibilidad, la digitalización y la seguridad. Medidas como los períodos de incompatibilidad y las restricciones laborales pueden afectar a la flexibilidad profesional, especialmente en ámbitos como el Derecho, las finanzas o la tecnología.

En este contexto, esta investigación examinó, desde un punto de vista sistémico, cómo gestionan las agencias de la UE los casos de puertas giratorias. El objetivo era identificar buenas prácticas y posibles deficiencias en las políticas y prácticas vigentes. Con este fin, el Defensor del Pueblo llevó a cabo una revisión detallada de las políticas aplicadas por quince agencias de la UE e inspeccionó 54 expedientes sobre casos individuales tramitados por nueve agencias de la UE. El equipo de investigación del Defensor del Pueblo se reunió con representantes de cinco agencias de la UE para aclarar cuestiones pendientes.

Casi todas las agencias de la UE que presentaron documentación al Defensor del Pueblo dijeron que habían adoptado el enfoque de la Comisión Europea para aplicar las obligaciones jurídicas del personal en transición a funciones del sector privado, ya sea en el momento de la salida o durante las vacaciones no remuneradas. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que algunas agencias de la UE disponen de orientaciones más detalladas y exhaustivas sobre la aplicación de estas obligaciones jurídicas que otras. Las diferencias detectadas por el Defensor del Pueblo se refieren a la forma en que las agencias tratan las notificaciones tardías o incompletas de las actividades posteriores al servicio, la forma en que las agencias evalúan dichas notificaciones, la naturaleza de las medidas de mitigación impuestas, la transparencia de las decisiones sobre las actividades posteriores al servicio notificadas y la forma en que se supervisan las obligaciones derivadas de ellas, así como la forma en que las agencias capacitan al personal sobre sus obligaciones éticas.

Además, el Defensor del Pueblo constató que las normas y políticas que rigen las actividades posteriores al mandato de los no miembros del personal, es decir, los miembros de los consejos de administración o de las juntas de supervisores de las agencias, difieren notablemente. La mayoría de los miembros del Consejo de Administración de las agencias son nombrados por las autoridades nacionales y representan a sus respectivos Estados miembros, lo que significa que siguen estando sujetos a las normas éticas nacionales, que varían de un Estado miembro a otro. Para abordar los posibles conflictos de intereses y los daños a la reputación derivados de los movimientos de puertas giratorias, solo algunos de los órganos de gobierno de las agencias de la UE examinadas en esta investigación han adoptado políticas que regulan las actividades posteriores al mandato de (antiguos) miembros del Consejo.

Para ayudar a las agencias de la UE a seguir reforzando sus normas sobre los movimientos de puertas giratorias, el Defensor del Pueblo estableció una serie de directrices sobre buenas prácticas:

• Un marco de integridad sólido comienza con la prevención: dotar al personal y a los miembros de la Junta de orientaciones claras, formación periódica e iniciativas de sensibilización continuas para garantizar la plena comprensión de las obligaciones éticas es esencial.
• Esto se ve reforzado por sólidos procedimientos operativos estándar para manejar situaciones de puertas giratorias, que proporcionan un enfoque claro y paso a paso para las notificaciones, las evaluaciones y el cumplimiento.
• Los criterios transparentes para restringir las funciones posteriores al servicio o al mandato deben establecerse por adelantado, de modo que las personas sean plenamente conscientes de las limitaciones antes de unirse.
• Cuando se señale un traslado al sector privado, las agencias deben actuar con rapidez, realizando evaluaciones exhaustivas de riesgos, identificando posibles conflictos de intereses y tomando medidas preventivas inmediatas, como revocar los derechos de acceso o reasignar responsabilidades cuando sea necesario.
• La toma de decisiones debe ser justa, transparente y bien documentada, permitiendo a las personas formular observaciones sobre las restricciones propuestas, garantizando al mismo tiempo que los riesgos se gestionen eficazmente mediante medidas proporcionadas, como períodos de incompatibilidad, prohibiciones de los grupos de presión o, en caso necesario, prohibiciones absolutas.
• Oportunamente, las decisiones motivadas deben delinear claramente los derechos de recurso.
• Más allá de la toma de decisiones exhaustiva, la rendición de cuentas depende de una aplicación estricta. Esto incluye la publicación de resúmenes de las actividades autorizadas, el seguimiento activo del cumplimiento de las condiciones impuestas y el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.
• Cuando se sospechan infracciones, las agencias deben responder con prontitud, estableciendo los hechos y aplicando medidas disciplinarias en casos graves, para mantener la confianza y salvaguardar la integridad institucional.

La Defensora del Pueblo concluye que las agencias de la UE pueden aprender mucho de las prácticas de los demás. La Defensora del Pueblo tiene la intención de aplicar estas directrices de buenas prácticas a los casos que puedan señalarse a su atención en el futuro.