El asunto se refería a la negativa de la Comisión Europea a conceder un acceso parcial o más amplio a dos documentos relacionados con un proyecto financiado en colaboración con UNICEF. Al denegar el acceso, la Comisión se basó en cinco excepciones establecidas en la normativa de la Unión en materia de acceso a los documentos, a saber, la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales y a la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro, así como la protección de su proceso de toma de decisiones, el interés comercial de un tercero y la intimidad e integridad de las personas físicas, incluidos sus datos personales.

Sobre la base de la inspección de los documentos controvertidos, los argumentos de la Comisión no convencieron al Defensor del Pueblo de que una divulgación parcial o más amplia socavaría (gravemente) la protección de los intereses invocados. El Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución en la que pedía a la Comisión que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a concederle el acceso más amplio posible a los documentos en cuestión. También recuerda a la Comisión su obligación de adoptar decisiones en un plazo razonable y de motivarlas.

La Comisión aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y proporcionó al reclamante un acceso parcial y más amplio a los documentos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de la Comisión a su propuesta de solución, que resolvió la reclamación.  

El denunciante trabajó como experto para un contratista externo de la UE en un proyecto financiado por la UE en Tanzania gestionado por la Delegación de la Unión Europea en Tanzania y la Comunidad del África Oriental. El autor alegó que el contratista infringió la legislación de Tanzanía al no registrarse en Tanzanía, lo que le impidió obtener un permiso de trabajo válido. Posteriormente, el contratista informó al reclamante de su decisión de rescindir su contrato, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre el trabajo del reclamante planteadas por la Delegación de la UE.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre las preocupaciones del reclamante acerca de la forma en que la Delegación trató ambos asuntos. A este respecto, la Defensora del Pueblo se refirió a su opinión reiterada de que, cuando las instituciones de la UE buscan la sustitución de expertos que trabajan en proyectos de la UE, estas personas deben ser oídas antes de ser sustituidas. Si bien la Comisión alegó que no había solicitado la sustitución del experto, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión había participado en la decisión de sustitución. Así pues, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no garantizó que se respetara el derecho del demandante a ser oído antes de su sustitución, lo que equivalía a una mala administración.  Hizo una sugerencia de mejora destinada a evitar que el problema se produjera en el futuro. 

Además, el Defensor del Pueblo constató que, dado que se había rescindido el contrato del reclamante, no se justificaban nuevas investigaciones sobre la cuestión del permiso de trabajo. No obstante, hizo una sugerencia de mejora a la Comisión, invitándola a verificar el asunto, ya que puede afectar a otros expertos que trabajan en el proyecto de la UE.