El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea tramitó una denuncia de infracción contra los Países Bajos en relación con la legislación neerlandesa sobre vehículos eléctricos ligeros. Al demandante le preocupaba que no hubiera recibido ninguna actualización de la Comisión en más de dos años.

Mientras la investigación estaba en curso, la Comisión archivó el asunto. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había demostrado que había tramitado el caso de forma activa y diligente. En particular, la Comisión no aportó una justificación convincente del retraso en la tramitación de un asunto que, teniendo en cuenta las razones aducidas para archivarlo, debería haber quedado claro desde el principio. El Defensor del Pueblo consideró que esto constituía mala administración. Sin embargo, como la Comisión ha reconocido y se ha disculpado desde entonces por el retraso en el cierre del caso y, paralelamente, se ha comprometido a mejorar su comunicación con los reclamantes, el Defensor del Pueblo consideró que no serviría de nada formular una recomendación.