El asunto se refería a una solicitud de acceso público a cinco documentos en poder de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA). Los documentos se referían a evaluaciones de riesgos relativas a unos pocos pilotos cuyas licencias de fuera de la UE habían sido convertidas en licencias de la UE por una autoridad nacional competente con determinadas irregularidades en el proceso de conversión. La AESA denegó el acceso a los documentos solicitados, invocando la excepción al acceso público relativa a la protección de la intimidad y la integridad de las personas.

En la reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante especificó que solo estaba interesado en aquellas partes de los documentos que mostraban la metodología de evaluación de riesgos, no en los datos personales. Tras examinar las versiones no expurgadas de los documentos controvertidos, el Defensor del Pueblo señaló que la AESA solo podía divulgar las partes que mostraban dicha metodología.

Dado que la AESA aceptó la posición del Defensor del Pueblo y comunicó las partes pertinentes de los documentos solicitados, el Defensor del Pueblo archivó el asunto tal como se había resuelto.

El asunto se refiere a la forma en que la Comisión Europea está tramitando una denuncia de infracción contra Irlanda relativa a las condiciones para el transporte de terneros jóvenes que siguen una dieta láctea. El denunciante consideró que el tiempo que tardó la Comisión en tramitar la denuncia de infracción no era razonable.

La Defensora del Pueblo constató que la Comisión está siguiendo de cerca la situación. La investigación está en curso y ha habido una comunicación y reuniones continuas y periódicas entre la Comisión y las autoridades nacionales sobre el asunto.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo cerró la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público al dictamen del Comité de Control Reglamentario (CCR) sobre el proyecto de informe de evaluación de impacto de la Comisión relativo a su iniciativa legislativa sobre los servicios de movilidad digital multimodal a partir de septiembre de 2023. La Comisión denegó el acceso al documento en su totalidad, alegando que la divulgación socavaría su proceso de toma de decisiones en curso.

Tras la inspección del documento solicitado por su equipo de investigación, la Defensora del Pueblo no estaba convencida de que su divulgación hubiera afectado gravemente, prolongado o complicado la finalización de la evaluación de impacto y la adopción de las propuestas legislativas de la Comisión. Habida cuenta de la clara jurisprudencia que obliga a las instituciones de la Unión a aplicar un nivel de transparencia especialmente elevado a los documentos legislativos, el Defensor del Pueblo consideró que el razonamiento de la Comisión era insuficiente y que no estaba justificado aplicar la excepción para la protección de su toma de decisiones en curso. Por lo tanto, consideró que la negativa de la Comisión a conceder acceso público al documento, incluso en parte, constituía una mala administración.

Mientras tanto, la Comisión publicó sus propuestas legislativas en relación con el «Paquete sobre los Pasajeros», acompañadas de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión que contenía la evaluación de impacto revisada. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión reproduce el contenido del dictamen del CCR de septiembre de 2023 e incluye una visión general de cómo la Comisión ha dado efecto a las observaciones del CCR. Dado que el contenido del dictamen del CCR en cuestión es ahora público y que la Comisión publicó sus propuestas legislativas, la Defensora del Pueblo consideró que formular una recomendación a la Comisión no sería útil y archivó el asunto.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea tramitó una denuncia de infracción contra los Países Bajos en relación con la legislación neerlandesa sobre vehículos eléctricos ligeros. Al demandante le preocupaba que no hubiera recibido ninguna actualización de la Comisión en más de dos años.

Mientras la investigación estaba en curso, la Comisión archivó el asunto. Sin embargo, el Defensor del Pueblo constató que la Comisión no había demostrado que había tramitado el caso de forma activa y diligente. En particular, la Comisión no aportó una justificación convincente del retraso en la tramitación de un asunto que, teniendo en cuenta las razones aducidas para archivarlo, debería haber quedado claro desde el principio. El Defensor del Pueblo consideró que esto constituía mala administración. Sin embargo, como la Comisión ha reconocido y se ha disculpado desde entonces por el retraso en el cierre del caso y, paralelamente, se ha comprometido a mejorar su comunicación con los reclamantes, el Defensor del Pueblo consideró que no serviría de nada formular una recomendación.