El denunciante pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público al dictamen de septiembre de 2023 del Comité de Control Reglamentario en relación con la iniciativa legislativa sobre los servicios de movilidad digital multimodal. La Comisión denegó el acceso, invocando una exención en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso a los documentos para la protección de un proceso de toma de decisiones en curso.

Tras una inspección del documento en cuestión, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de que su divulgación hubiera afectado gravemente, prolongado o complicado el proceso de toma de decisiones. En consecuencia, consideró que el uso por parte de la Comisión de la excepción para la protección de un proceso de toma de decisiones en curso no estaba justificado y que su negativa a conceder acceso público al documento constituía una mala administración.

Mientras tanto, la Comisión publicó sus propuestas legislativas, que iban acompañadas de un documento diferente que reproducía el contenido del dictamen de septiembre de 2023 y también incluía una visión general de cómo la Comisión había dado efecto a las observaciones del CCR. En consecuencia, el Defensor del Pueblo consideró que formular una recomendación no serviría para un propósito útil y archivó el caso.