El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con el intercambio automático de información a efectos fiscales entre los Estados miembros de la UE y terceros países. El Consejo facilitó enlaces a diez documentos que ya eran de dominio público y concedió pleno acceso a otros cuatro documentos. Además, denegó el acceso público a diez documentos, total o parcialmente, invocando la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a las relaciones internacionales y a la política financiera de los Estados miembros de la Unión. El Consejo también consideró que la divulgación socavaría su toma de decisiones. Los denunciantes impugnaron el uso de esas excepciones y alegaron que la divulgación reviste un interés público superior.

Sobre la base de la investigación y de la inspección de los documentos controvertidos por parte de su equipo de investigación, la Defensora del Pueblo consideró que no había sido manifiestamente erróneo que el Consejo considerara que la divulgación de los documentos controvertidos (partes expurgadas de los mismos) menoscabaría las relaciones internacionales de los Estados miembros o su política financiera.

Dado que esos intereses públicos protegidos no pueden ser anulados por otro interés público que se considere más importante, no era necesario considerar la aplicación por el Consejo de la excepción relativa al proceso de toma de decisiones. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó la investigación y constató que no había mala administración.

Esta investigación se refería al cumplimiento por parte de la Comisión Europea de las disposiciones sobre los grupos de presión del tabaco establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud. En particular, el Defensor del Pueblo evaluó cómo garantiza la Comisión la transparencia de sus interacciones con la industria tabacalera.

El trabajo anterior del Defensor del Pueblo había demostrado cómo las Direcciones Generales de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y Fiscalidad (DG TAXUD) de la Comisión cumplen las obligaciones en este ámbito. Esta investigación tenía por objeto evaluar el modo en que la Comisión cumple sus obligaciones en todos los servicios y en relación con todos los miembros del personal de la Comisión.

En el curso de la investigación, la Defensora del Pueblo compartió con la Comisión sus conclusiones preliminares. Señaló que el hecho de que la Comisión no adoptara un enfoque coherente en todos sus servicios para cumplir sus obligaciones relativas a la transparencia de las interacciones con los representantes de la industria tabacalera constituye una mala administración. Esto incluyó la falta de mantenimiento y puesta a disposición de las actas de las reuniones con los representantes de los intereses del tabaco, así como la falta de garantía de una evaluación sistémica, en todas las direcciones generales, de la necesidad de celebrar posibles reuniones con los representantes de la industria tabacalera.

En su respuesta, la Comisión reiteró su enfoque estándar de la transparencia de los grupos de presión y se refirió a las medidas adicionales adoptadas por la DG SANTE y la DG TAXUD, que existían antes de la investigación del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo confirmó su conclusión de que el hecho de que la Comisión no garantizara un enfoque global en todos sus servicios con respecto a la transparencia de las reuniones con representantes de la industria tabacalera constituye una mala administración.

La Comisión añadió, sin embargo, que encargará a su dirección que lleve a cabo una evaluación del riesgo de exposición a la industria tabacalera. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este compromiso como una señal de que las cosas podrían mejorar en el futuro. La Defensora del Pueblo escribirá a la Comisión, a principios de 2024, con los puntos que le insta a comunicar a sus directores generales, jefes de servicio y jefes de gabinete mientras llevan a cabo esta evaluación. El Defensor del Pueblo también pedirá a la Comisión que informe a más tardar el 30 de junio de 2024 sobre el resultado de la evaluación y los avances realizados sobre esa base.

El asunto se refería a la negativa de la Comisión a conceder acceso público a los documentos relacionados con un procedimiento EU Pilot relativo a una presunta infracción por parte de España de la Directiva sobre fiscalidad de la energía.

Los documentos en cuestión eran cuatro cartas de las autoridades españolas, que contenían su evaluación jurídica de la compatibilidad del marco legislativo nacional con la Directiva. España se opuso a la divulgación de las cartas, alegando que tenían que ver con procedimientos judiciales en curso a escala nacional, que podrían verse perjudicados por la divulgación. Conforme a ello, la Comisión invocó la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales y denegó el acceso a las cuatro cartas.

Tras revisar los documentos en cuestión, la Defensora del Pueblo concluyó que la decisión de denegar el acceso se ajustaba a la jurisprudencia de la Unión. Por tanto, la Defensora del Pueblo concluyó que no había mala administración y archivó la investigación.

El denunciante en este caso alegó que la Comisión Europea no había examinado plenamente una denuncia de infracción relativa a las normas danesas sobre el uso temporal de vehículos de otros Estados miembros de la UE. El denunciante sospechaba que las normas danesas en este ámbito están destinadas en cierta medida a minimizar el uso temporal de vehículos matriculados en otros Estados miembros, con vistas a aumentar los ingresos procedentes de la matriculación de vehículos importados.

El Defensor del Pueblo constató que la cuestión planteada por el demandante merecía una mayor atención y que la Comisión no había abordado plenamente determinados puntos específicos. Por lo tanto, propuso como solución que la Comisión registrara y examinara de nuevo la denuncia de infracción. La Comisión aceptó su propuesta, por lo que la Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación.

El demandante solicitó acceso público a documentos relacionados con las negociaciones en curso del Consejo sobre la propuesta legislativa relativa a la fiscalidad de los servicios digitales. El Consejo identificó cincuenta y tres documentos incluidos dentro del ámbito de la solicitud del demandante. Confirió pleno acceso a veinticuatro documentos, denegó el acceso a diez documentos en su totalidad y concedió acceso parcial al resto. El Consejo argumentó que la denegación de divulgación de dichos documentos estaba justificada por la necesidad de proteger las relaciones internacionales, la política financiera, monetaria y económica de la UE o de los Estados miembros, y su propio proceso decisorio.

El demandante no estuvo satisfecho con la decisión del Consejo de denegar el acceso a diez documentos en tu totalidad y acudió a la defensora del pueblo europeo.

Después de revisar los documentos, y tras las explicaciones adicionales facilitadas por el Consejo como respuesta a sus preguntas, la defensora del pueblo europeo considera que la decisión del Consejo de denegar el acceso público a los documentos estaba justificada en ese momento. Sin embargo, acoge con satisfacción la decisión del Consejo, adoptada en el curso de su investigación, de conceder acceso público a cinco de los diez documentos solicitados.

En consecuencia, la defensora del Pueblo archivó el asunto.