Esta investigación se refería al cumplimiento por parte de la Comisión Europea de las disposiciones sobre los grupos de presión del tabaco establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud. En particular, el Defensor del Pueblo evaluó cómo garantiza la Comisión la transparencia de sus interacciones con la industria tabacalera.

El trabajo anterior del Defensor del Pueblo había demostrado cómo las Direcciones Generales de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y Fiscalidad (DG TAXUD) de la Comisión cumplen las obligaciones en este ámbito. Esta investigación tenía por objeto evaluar el modo en que la Comisión cumple sus obligaciones en todos los servicios y en relación con todos los miembros del personal de la Comisión.

En el curso de la investigación, la Defensora del Pueblo compartió con la Comisión sus conclusiones preliminares. Señaló que el hecho de que la Comisión no adoptara un enfoque coherente en todos sus servicios para cumplir sus obligaciones relativas a la transparencia de las interacciones con los representantes de la industria tabacalera constituye una mala administración. Esto incluyó la falta de mantenimiento y puesta a disposición de las actas de las reuniones con los representantes de los intereses del tabaco, así como la falta de garantía de una evaluación sistémica, en todas las direcciones generales, de la necesidad de celebrar posibles reuniones con los representantes de la industria tabacalera.

En su respuesta, la Comisión reiteró su enfoque estándar de la transparencia de los grupos de presión y se refirió a las medidas adicionales adoptadas por la DG SANTE y la DG TAXUD, que existían antes de la investigación del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo confirmó su conclusión de que el hecho de que la Comisión no garantizara un enfoque global en todos sus servicios con respecto a la transparencia de las reuniones con representantes de la industria tabacalera constituye una mala administración.

La Comisión añadió, sin embargo, que encargará a su dirección que lleve a cabo una evaluación del riesgo de exposición a la industria tabacalera. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este compromiso como una señal de que las cosas podrían mejorar en el futuro. La Defensora del Pueblo escribirá a la Comisión, a principios de 2024, con los puntos que le insta a comunicar a sus directores generales, jefes de servicio y jefes de gabinete mientras llevan a cabo esta evaluación. El Defensor del Pueblo también pedirá a la Comisión que informe a más tardar el 30 de junio de 2024 sobre el resultado de la evaluación y los avances realizados sobre esa base.