El Banco Central Europeo ha respondido rápida y positivamente a la investigación del Defensor del Pueblo Europeo, D. Jacob Söderman, sobre el acceso público a sus documentos. El Defensor del Pueblo se puso en contacto con el Banco Central el 8 de abril para preguntarle si el Banco había adoptado normas sobre el acceso público a sus documentos. El Banco respondió el 22 de abril de 1999, adjuntando su Decisión sobre el acceso del público a sus documentos y archivos, publicada en el Diario Oficial el 28 de abril de 1999.
Al examinar la Decisión del BCE, el Defensor del Pueblo señaló que las normas se basan estrechamente en las adoptadas anteriormente por el Instituto Monetario Europeo, tras la investigación anterior del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha pedido al Banco que aclare si la Decisión se aplica a las actas de sus reuniones de política monetaria.
En principio, las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE son confidenciales, pero el Consejo de Gobierno puede decidir hacer público el resultado de sus deliberaciones. El Defensor del Pueblo es consciente de que la cuestión de la disponibilidad de las actas de las reuniones de política monetaria es un tema de interés público y de debate. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos europeos estén claramente informados de las normas que se aplican al acceso a estos documentos.
Ahora que el Tratado de Amsterdam está en vigor, el Defensor del Pueblo también está ampliando su investigación sobre el acceso público a los documentos para referirse a Europol, que tiene su sede en La Haya. Ha pedido a Europol que le facilite información antes de finales de julio sobre si ha adoptado normas sobre el acceso del público a sus documentos.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao (España) y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de Angers (Francia) han recibido anteriormente una solicitud similar del Defensor del Pueblo. Ambos ya han respondido al Defensor del Pueblo, el primero afirmando que adoptó normas públicas sobre el acceso a sus documentos en junio de 1998 y el segundo confirmando que en septiembre de 1999 se debatirá un proyecto de decisión sobre la adopción de dichas normas.
La presente investigación de oficio del Defensor del Pueblo es una continuación de una investigación anterior sobre el acceso del público a los documentos. La nueva investigación está dirigida a los organismos que se han establecido, o han entrado en pleno funcionamiento, desde la conclusión de la investigación original. Tras la investigación anterior, catorce instituciones y órganos de la Comunidad adoptaron normas sobre el acceso del público a sus documentos. Unas normas claras sobre el acceso del público a los documentos pueden promover la transparencia y el buen comportamiento administrativo, mejorando así las relaciones entre los ciudadanos europeos y las instituciones y organismos de la UE.
Para más información, puede llamar al Sr. Ian HARDEN, Jefe de Secretaría, tel. + 33 (0)3 88 17 23 84.