FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • De lectura fácil
  • Tamaño del texto

¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Lengua actual: 
  • Español
Lengua de origen: 
Idiomas disponibles: 
La traducción de esta página es automática.
Las traducciones automáticas pueden contener errores que menoscaben la claridad y la exactitud del texto. El Defensor del Pueblo declina toda responsabilidad por las eventuales discrepancias. Para asegurarse de que dispone de información fiable y [disfruta de] seguridad jurídica, consulte la versión original en inglés cuyo enlace aparece arriba.
Para ampliar información, consulte nuestra política en materia de idiomas y de traducción.

Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que se da por concluida la investigación de la reclamación 685/2014/MHZ contra la Comisión Europea

El presente asunto se refería a una solicitud de acceso a documentos que no prosperó. La Comisión se negó a revelar su correspondencia con las autoridades polacas en relación con sus investigaciones preliminares sobre los elevadísimos costes de la presentación de reclamaciones relativas a procedimientos de contratación pública en Polonia. La Comisión había intentado determinar si la legislación polaca pertinente era conforme con el Derecho de la Unión. Al alegar la necesidad de proteger una investigación en curso, invocó una excepción al derecho de acceso del público previsto en la legislación pertinente (Reglamento 1049/2001). La Comisión no aceptó el argumento del demandante de que existía un interés público superior en la divulgación que no aplicaba la excepción invocada ni que era pertinente que la legislación nacional en cuestión fuera impugnada ante el Tribunal Constitucional polaco («el PCT»).

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y consideró que la Comisión no había justificado adecuadamente su decisión de denegar el acceso a los documentos en cuestión. El Defensor del Pueblo también consideró que la anulación de la legislación nacional pertinente por parte del PCT ha hecho innecesarias las investigaciones de la Comisión. Teniendo en cuenta esta evolución jurídica y en aras de la economía procesal y la equidad, el Defensor del Pueblo sugirió que se concediera al demandante acceso a los documentos solicitados sin tener que presentar una nueva solicitud. La Comisión se negó categóricamente. Además, no dio una explicación más completa de su denegación que la que había facilitado en su respuesta a la solicitud confirmatoria. El demandante informó al Defensor del Pueblo de que, entretanto, había tenido acceso a los documentos a raíz de una nueva solicitud de acceso con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 presentada a sabiendas de que la Comisión había cerrado su investigación. En estas circunstancias, el Defensor del Pueblo decidió archivar el caso con una observación crítica.

Antecedentes de la denuncia

1. De conformidad con el Derecho de la UE [1], los licitadores en los procedimientos de licitación de contratos públicos que consideren que un contrato ha sido adjudicado injustamente deben tener acceso a un procedimiento de recurso rápido y eficaz ante un órgano de recurso y, en última instancia, ante un órgano jurisdiccional [2].

2. En 2009, Polonia modificó una ley para permitir un aumento sustancial de las tasas judiciales pertinentes, que pasaron a ser aproximadamente 50 veces superiores a las aplicables a otros asuntos civiles. En 2011, un consorcio de dos empresas impugnó dicha ley polaca ante el Tribunal Constitucional polaco (en lo sucesivo, el «PCT»), alegando una infracción de la Constitución polaca [3]. Al mismo tiempo, la Comisión puso en marcha un procedimiento EU Pilot en relación con la supuesta incompatibilidad de la legislación polaca sobre tasas judiciales (modificada en 2009) con las directivas pertinentes de la UE [4]. Un «EU Pilot» constituye una fase preliminar de un posible procedimiento de infracción.

3. El 27 de noviembre de 2013, el denunciante, actuando en nombre de una empresa consultora polaca, solicitó a la Comisión (DG Mercado Interior y Servicios) acceso a la correspondencia entre la Comisión y Polonia en relación con el asunto EU Pilot. La solicitud se presentó en virtud del Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión [5].

4. El 4 de febrero de 2014, la Comisión respondió. En primer lugar, identificó los documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud del denunciante (expediente EU Pilot 5389/13/MARK; Pregunta adicional enviada por la Comisión a Polonia; Respuesta de las autoridades polacas de 3 de octubre de 2013; Respuesta complementaria de las autoridades polacas de 30 de enero de 2014.) A continuación, denegó el acceso a todos estos documentos sobre la base del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) no 1049/2001 [6], que establece una excepción al acceso del público en relación con la protección del objetivo de las investigaciones. La Comisión declaró que «la divulgación podría tener un efecto perjudicial en las investigaciones que la Comisión pueda llevar a cabo en el marco de posibles procedimientos de infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE».

5. La Comisión afirma que, en caso de que no se encuentre una solución tras haber recurrido al procedimiento EU Pilot, inicia el procedimiento formal mediante el envío de una carta de emplazamiento (primer paso de la fase administrativa previa formal). La Comisión sostuvo que, en estas circunstancias, "la divulgación temprana de los documentos solicitados sin duda afectará negativamente al diálogo entre las autoridades de Polonia y la Comisión". Añadió que, para poder desempeñar sus funciones y resolver el litigio, preferiblemente sin tener que remitir el asunto al Tribunal de Justicia, debe existir un clima de confianza mutua entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, a lo largo de las diferentes fases del procedimiento y hasta que la investigación concluya definitivamente.

6. El 7 de febrero de 2014, de conformidad con los requisitos de procedimiento del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, el denunciante presentó una solicitud confirmatoria al secretario general de la Comisión. Alegó que existe un interés público superior en la divulgación, y añadió que dicha divulgación no pondría en peligro la confianza mutua o el diálogo entre la Comisión y las autoridades polacas, sino que protegería el derecho de los empresarios a ser oídos.

7. El 12 de marzo de 2014, el Secretario General de la Comisión confirmó la denegación inicial por los mismos motivos. Explica que, a través del procedimiento EU Pilot, se invita a las autoridades polacas a confirmar si las alegaciones son válidas y a dar las explicaciones pertinentes. Así pues, los documentos solicitados forman parte de una investigación preliminar de una posible infracción del Derecho de la Unión. Los procedimientos EU Pilot estaban «totalmente en curso» y tenían por objeto permitir a la Comisión decidir si incoaba un procedimiento formal de infracción contra Polonia en virtud del artículo 258 del TFUE. El procedimiento del artículo 258 del TFUE consta de dos fases consecutivas: el procedimiento administrativo previo y la fase judicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La finalidad de la fase administrativa previa es permitir al Estado miembro poner fin a una supuesta infracción, ejercer su derecho de defensa y, en su caso, definir el objeto del litigio con vistas a que la Comisión interponga un recurso ante el TJUE. A continuación, el Secretario General se remitió a la jurisprudencia pertinente [7].

8. El Secretario General se refirió a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Liga para a Proteccao da Natureza [8] y a la sentencia del Tribunal General en el asunto ClientEarth [9]. Sobre la base de estas sentencias, que confirmaron la opinión del (entonces) Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Petrie [10], el Secretario General concluyó que existe una presunción general de que la divulgación de los documentos solicitados socavaría el objetivo del procedimiento de infracción (preliminar) protegido por el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento 1049/2001.

9. Por lo que se refiere a la existencia de un interés público superior en la divulgación, el secretario general dijo que dicho interés debe ser público y debe superar el interés protegido por la excepción pertinente del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. En su solicitud, el denunciante alegó a este respecto que existe un interés público significativo en la divulgación porque i) con frecuencia se critica a las autoridades polacas por fijar tasas elevadas para un recurso en asuntos de contratación pública; ii) se habían presentado varias denuncias a este respecto ante el PCT; iii) debido a los fondos de la UE, el mercado de contratación pública en Polonia es significativo y existe un amplio interés público en reforzar la revisión de los procedimientos llevados a cabo por las autoridades que adjudican los contratos y de las resoluciones del órgano administrativo conocido como la «Sala de Recurso». El elevado coste de las demandas ante los tribunales civiles contra las decisiones de la Sala de Apelaciones impide a los empresarios presentar tales demandas y limita su acceso a la justicia. El Secretario General respondió a estos argumentos que " el interés público está mejor atendido en este caso al garantizar que las investigaciones en curso se completen lo antes posible y sin ninguna presión externa indebida de terceros. De hecho, se espera que las investigaciones aporten claridad sobre la existencia o no de la situación descrita por el denunciante.».

10. Por lo que respecta a la posibilidad de conceder un acceso parcial, el Secretario General señaló que, en esa fase, los documentos de que se trata estaban totalmente amparados por la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.

11. El 10 de abril de 2014, el demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo en relación con la negativa de la Comisión a conceder el acceso. El 15 de abril de 2014, el PCT dictó sentencia (en lo sucesivo, «sentencia»). Anuló la ley polaca que ocupaba un lugar central en el proyecto EU Pilot en cuestión debido a que no se ajustaba a la Constitución polaca.

La investigación

12. El Defensor del Pueblo inició una investigación sobre la reclamación e identificó la siguiente alegación y reclamación:

1) La Comisión justificó erróneamente su negativa a conceder acceso a los documentos solicitados.

2) La Comisión debe conceder acceso a los documentos solicitados.

13. Por lo que se refiere a la reclamación, la Defensora del Pueblo invitó a la Comisión a tener en cuenta, como nuevo factor, la sentencia del PCT de 15 de abril de 2014, que se refiere al asunto al que se refieren los documentos solicitados. La Defensora del Pueblo consideró que, a la luz de la sentencia anterior, EU-Pilot 5389/13/MARK resultó redundante y debería haberse cerrado. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo propuso que la Comisión pudiera conceder acceso a los documentos solicitados a la luz de las nuevas circunstancias. Además, por razones de economía procesal y equidad, y a la luz de la sentencia del PCT, el Defensor del Pueblo sugirió que el demandante no necesita presentar una nueva solicitud de acceso a los documentos.

14. En el curso de la investigación, el Defensor del Pueblo recibió el dictamen de la Comisión sobre la reclamación y, posteriormente, dio al demandante la oportunidad de presentar observaciones sobre el dictamen de la Comisión. El autor no aprovechó esta oportunidad. No obstante, informa a los servicios del Defensor del Pueblo de que, tras haber recibido el dictamen de la Comisión en el que rechazaba la propuesta del Defensor del Pueblo, presentó una nueva solicitud de acceso a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 a sabiendas de que la Comisión había puesto fin a su investigación contra Polonia. En respuesta, la Comisión concedió pleno acceso. Al llevar a cabo la investigación, el Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta los argumentos y opiniones presentados por las partes.

Alegación de que la Comisión justificó erróneamente su denegación de acceso a los documentos solicitados y a la solicitud conexa

Argumentos presentados al Defensor del Pueblo

15. En apoyo de su alegación, el denunciante alegó que existía un interés público significativo en la divulgación de los documentos, ya que se criticó duramente a las autoridades polacas por haber introducido tasas judiciales desproporcionadamente elevadas para los recursos en materia de contratación pública. Explicó que la legislación pertinente había sido impugnada ante el PCT y que, en ese momento, la sentencia aún estaba pendiente. El autor insistió en que las elevadas tasas judiciales restringían gravemente el acceso a la justicia en Polonia.

16. En su dictamen, la Comisión reiteró las razones de la negativa que había expuesto en sus decisiones anteriores. Con el fin de abordar el nuevo factor en el caso, es decir, la sentencia de la PTC, la Comisión dijo que el denunciante podía presentar una nueva solicitud de acceso a los mismos documentos que la situación jurídica había cambiado. Precisó que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad del acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en el momento de su adopción. En el momento pertinente, la Comisión aplicó correctamente la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento 1049/2001. No aceptó el argumento a favor de la «economía procesal y la equidad» presentado por el Defensor del Pueblo. Consideró que el denunciante debe seguir el procedimiento (en dos fases) para presentar solicitudes de acceso a documentos establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001. La Comisión se negó a permitir una excepción en este caso, ya que declaró que abriría las compuertas, generaría inseguridad jurídica y crearía una carga innecesaria para el Secretario General, que, con arreglo a las normas aplicables, puede verse obligado a revisar la decisión inicial adoptada por la Dirección General de que se trate, pero no puede sustituirla. Explicó que si siguiera el enfoque sugerido por el Defensor del Pueblo, actuaría injustamente contra otros solicitantes y, en cualquier caso, la Comisión no puede presumir que el demandante sigue teniendo interés en tener acceso a los documentos solicitados, a raíz de la sentencia dictada por el PCT.

17. Por último, la Comisión confirmó su decisión anterior de no divulgar los documentos y consideró infundada la alegación del denunciante.

Evaluación del Defensor del Pueblo

18. En primer lugar, la Defensora del Pueblo desea expresar su decepción por el enfoque formalista de la Comisión en respuesta a su sugerencia de divulgar los documentos solicitados. La Defensora del Pueblo entendió que, razonablemente, la Comisión habría cerrado el procedimiento EU Pilot después de que la sentencia del PCT anulara la legislación polaca, impugnada por ese mismo EU Pilot. Desde el punto de vista jurídico, este nuevo hecho no podría por sí solo haber renovado el procedimiento de acceso previsto en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001. Sin embargo, el Defensor del Pueblo sugirió una divulgación proactiva. No tiene conocimiento de ninguna disposición que prohíba la divulgación proactiva, aunque ya se haya utilizado el procedimiento previsto en el Reglamento (CE) n.o 1049/2001. También le sorprende que la Comisión considere que la divulgación proactiva es más gravosa para la administración que la divulgación con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

19. En segundo lugar, el Defensor del Pueblo señala que los principios de buena administración exigen que los solicitantes de acceso a los documentos reciban una explicación exhaustiva en respuesta a sus argumentos a favor de la divulgación. Si bien el Defensor del Pueblo considera que, por lo que se refiere a la obligación de motivación, la Comisión ha explicado con gran detalle tanto la jurisprudencia pertinente relativa a la presunción general mencionada anteriormente (que comienza con la sentencia Petrie y termina con EarthClient [11] y Liga da Proteccao da Natureza) como por qué, a la luz de dicha jurisprudencia, consideró que los documentos en cuestión estaban amparados por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento 1049/2001, el Defensor del Pueblo no está convencido por la interpretación de la Comisión de un «interés público superior» en este caso. En su respuesta a la solicitud confirmatoria, el Secretario General no negó la existencia de un interés público en la divulgación, sino que simplemente consideró que el interés público estaría "mejor atendido" si las investigaciones en curso concluyeran "lo antes posible y sin ninguna presión externa indebida de terceros ".

20. Aunque sabía que la ley polaca sobre tasas judiciales se estaba revisando en el procedimiento ante el PCT, la Comisión no explicó por qué la divulgación ralentizaría necesariamente sus negociaciones políticas destinadas a cambiar esa misma ley [12]. La Comisión no explicó qué presión externa indebida de terceros que tuviera un impacto en las negociaciones podría ejercerse en las circunstancias dadas. En efecto, el Secretario General no podía ignorar (sobre todo porque la Comisión estaba en contacto con las autoridades polacas) que, en el momento de su respuesta a la solicitud confirmatoria (12 de marzo de 2014), el procedimiento ante el PCT había llegado a su fase final (la sentencia se dictó el 15 de abril de 2014). El asunto fue ampliamente discutido en Polonia y la postura del gobierno polaco era bien conocida. El Gobierno polaco era muy consciente de la aplicación de la Constitución y del debate público en curso, y es difícil ver cómo el acceso público a los documentos solicitados podría haber tenido un impacto en la postura de las autoridades polacas en sus contactos con la Comisión o en el curso de estas negociaciones.

21. Además, preocupa al Defensor del Pueblo la afirmación de la Comisión de que el interés público está "mejor atendido" por la no divulgación. Esta redacción puede sugerir que la Comisión adopte una actitud paternalista hacia los ciudadanos de la UE al decidir de qué manera se atienden mejor sus intereses.

22. A la luz de lo anterior, el Defensor del Pueblo considera que la evaluación de la Comisión de la posible existencia de un interés público superior en la divulgación no fue convincente. La Comisión no se refirió a las circunstancias específicas de sus negociaciones con las autoridades polacas ni al procedimiento ante el PCT. La Defensora del Pueblo también observa que la Comisión, al emitir su dictamen en el curso de esta investigación, no aprovechó la oportunidad para proporcionar una explicación más completa de su evaluación. Estas faltas de motivación detallada de sus decisiones constituyeron un caso de mala administración.

23. ,, a falta de una motivación detallada de sus decisiones en la materia, sigue siendo cierto que puede haber existido un interés público superior que justifique la divulgación. Como ha declarado recientemente el Tribunal General [13], la presunción general aplicable a los documentos relativos a los procedimientos por incumplimiento (establecida en los asuntos acumulados C-514 P y C-605/11 P Liga da Proteccao da Natureza y Finlandia/Comisión, apartado 45 y las sentencias citadas en él) no excluye la posibilidad de demostrar la existencia de un interés público superior que justifique la divulgación del documento en cuestión en virtud del criterio del interés público previsto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento 1049/2001.

24. Dado que, entretanto, el demandante ha tenido acceso [14] a los documentos en cuestión, el Defensor del Pueblo considera que no es necesario seguir adelante con esta cuestión. Por lo tanto, cierra el caso con dos observaciones críticas.

Conclusión

Sobre la base de la investigación de esta reclamación, el Defensor del Pueblo la archiva con las siguientes observaciones críticas:

1)El hecho de que la Comisión no demostrara que había evaluado correctamente la posible existencia de un interés público superior constituía un caso de mala administración.

2) A raíz de la sentencia del PCT, el hecho de que la Comisión no adoptara un enfoque proactivo para la divulgación de los documentos y su insistencia en la necesidad de que el reclamante presentara una nueva solicitud de acceso (a la que finalmente se resignó a presentar) constituyeron mala administración.

Se informará de esta decisión al denunciante y a la Comisión.

 

Emily O'Reilly

Estrasburgo, 13.1.2015

[1] Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DO 2007, L 335, p. 31).

[2] Artículo 2, apartado 9, de la Directiva 2007/66/CE: «Cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no tengan carácter jurisdiccional [...] deberán preverse procedimientos que garanticen que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso o cualquier supuesto vicio en el ejercicio de las competencias que le hayan sido conferidas pueda ser objeto de recurso judicial o de revisión por otro órgano que sea un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado e independiente tanto del órgano de contratación como del órgano de recurso».

[3] El consorcio alegó que las tasas en cuestión limitan el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional establecido en el artículo 45 de la Constitución polaca y que se establecen vulnerando el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 31 de la Constitución polaca, en la medida en que pueden limitar los derechos y libertades constitucionales. El 28 de junio de 2013, el Defensor del Pueblo polaco intervino ante el Tribunal Constitucional en apoyo del consorcio.

[4] Supra, nota 1.

[5] Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).

[6] El artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 establece que «la institución denegará el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de [...] el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, a menos que su divulgación revista un interés público superior».

[7] Asunto C-362/01, Comisión/Irlanda, Rec. 2002, p. I-11433, apartado 18.

[8] Asuntos acumulados C-514/11 P y C-605/11 P, LPN y Finlandia/Comisión, sentencia de 14 de noviembre de 2013, aún no publicada en la Recopilación, apartados 55 y 96 a 98.

[9] Asunto T-111/11 Client Earth/Comisión, sentencia de 13 de septiembre de 2013, aún no publicada en la Recopilación, apartado 75.

[10] Asunto T-191/99, Petrie y otros/Comisión, Rec. 2001, p. II-3677, apartado 68.

[11] Cabe señalar que el 26 de noviembre de 2013, ClientEarth interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General en el asunto T-111/11. El Tribunal de Justicia aún no ha dictado sentencia.

[12] El Defensor del Pueblo polaco intervino en este caso en apoyo de los demandantes y argumentó en contra de la ley en cuestión.

[13] Asunto T-447/11, Lian Catinis/Comisión, sentencia de 21 de mayo de 2014, aún no publicada en la Recopilación, apartado 43.

[14] A raíz de la sentencia del PCT, la Comisión abandonó su investigación del caso y el denunciante presentó una nueva solicitud de acceso, que prosperó, para los documentos en cuestión.

¿Qué le ha parecido esta traducción automática? Comuníquenos sus impresiones