Estrasburgo, 12 de febrero de 2004

Muy señor mío:

El 12 de marzo de 2003, usted presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en nombre del Sr. Chung Tak Lam. Su denuncia se refería a dos alegaciones distintas: i) que el Parlamento Europeo no tramitó adecuadamente la petición que usted había presentado a dicha institución el 22 de febrero de 2000, y ii) que la Comisión Europea no respondió a la carta que usted había enviado a dicha institución el 31 de marzo de 2000 en relación con el objeto de su petición, ni a recordatorios posteriores.

En cuanto a su primera alegación, el Defensor del Pueblo la declaró inadmisible el 6 de mayo de 2003 debido a que no se refería a mala administración y, por lo tanto, no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, de mi Estatuto. Le expliqué en mi carta que considero que las decisiones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo forman parte del trabajo político de la institución y, por lo tanto, no son de mi competencia.

Consideré admisible su segunda alegación y, en consecuencia, solicité una opinión al respecto a la Comisión Europea. El 6 de mayo de 2003, transmití la denuncia al Presidente de la Comisión Europea. El 22 de mayo de 2003, usted me envió información adicional sobre sus intercambios con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La Comisión emitió su dictamen el 18 de septiembre de 2003. Se lo envié con una invitación para hacer observaciones. El 20 de octubre de 2003, usted presentó sus observaciones.

Le escribo ahora para informarle de los resultados de las investigaciones que se han realizado.

LA DENUNCIA

Según el denunciante, los hechos del caso son, en resumen, los siguientes:

El 22 de febrero de 2000, el autor presentó una petición al Parlamento Europeo en relación con el brote de algunas enfermedades relacionadas con el medio ambiente en el Reino Unido y las medidas inadecuadas adoptadas en respuesta por las autoridades británicas. El 5 de octubre de 2000, el Presidente de la Comisión de Peticiones decidió que sólo debía considerarse admisible el aspecto de la petición relativo a las alegaciones de daños a la salud pública. La petición fue registrada con el número de expediente 169/2000. En cuanto a las alegaciones del autor relativas a la discriminación por parte de las autoridades fiscales británicas y los tribunales, la Comisión de Peticiones la declaró inadmisible. En opinión del autor, la Comisión de Peticiones había evaluado erróneamente su petición. Además, alega que la solicitud de dictamen del Comité a la DG Medio Ambiente de la Comisión debería haberse dirigido a la DG Salud y Consumidores, habida cuenta de la naturaleza del problema.

El demandante escribió a la Comisión el 31 de marzo de 2000, manifestando su desacuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. A pesar de haber enviado una serie de recordatorios a los servicios de la Comisión, el denunciante no recibió ninguna respuesta.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, el demandante alegó, en resumen, que la Comisión Europea no había respondido a una carta ni a los recordatorios subsiguientes que había enviado el 31 de marzo de 2000 en relación con el objeto de la petición 169/2000, que había presentado al Parlamento Europeo.

LA INVESTIGACIÓN

Dictamen de la Comisión Europea

El dictamen de la Comisión es, en resumen, el siguiente:

Por lo que se refiere a la supuesta falta de respuesta a la carta enviada por el demandante, la Comisión señaló que sus servicios habían recibido efectivamente una carta del demandante de 31 de marzo de 2000 que no se parecía, sin embargo, a la que se refería en su reclamación al Defensor del Pueblo. Estos últimos no habían sido recibidos por sus servicios. La Comisión lamentó que no se hubiera enviado ninguna respuesta al denunciante debido a un desafortunado descuido.

La Comisión explicó que la carta del demandante expresaba preocupaciones similares a las incluidas en la petición 169/2000. Sus servicios responsables de las cuestiones medioambientales analizaron si la situación constituía una posible infracción de la legislación medioambiental comunitaria por parte del Reino Unido y respondieron a la solicitud del Parlamento Europeo con toda la información necesaria. Como resultado de su investigación, resultó que la legislación comunitaria pertinente no había entrado en vigor y, por lo tanto, no era aplicable en el momento de la supuesta operación industrial. La Comisión se refirió, en particular, a la Directiva 97/11/CE del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (14 de marzo de 1999); Directiva 96/62/CE del Consejo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (21 de mayo de 1998); y la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (31 de octubre de 2007 para las instalaciones industriales existentes). Por lo que se refiere a la Directiva 96/62/CE, cabe señalar asimismo que este instrumento, que se centra en los valores límite y los umbrales para determinados contaminantes del aire ambiente, no proporciona una base para el control de la contaminación orientado a la instalación.

La Comisión describió las conclusiones de sus servicios sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE (evaluación de impacto ambiental). La Directiva entró en vigor el 3 de julio de 1988. Por lo tanto, tanto la fábrica de pulverización de pintura de celulosa como la fábrica de cerámica de jardín podrían, en términos de tiempo, verse afectadas por sus disposiciones. Sin embargo, ninguna de las dos instalaciones entra en el ámbito de la evaluación obligatoria tal como se define en el anexo 1. Ambas instalaciones podrían considerarse potencialmente cubiertas por el anexo II, dejando a los Estados miembros un margen de discrecionalidad a la hora de decidir si es necesaria o no una evaluación de impacto ambiental. La información presentada por el peticionario era insuficiente para determinar con certeza si las disposiciones de esta Directiva eran aplicables o no.

La evaluación del problema por parte de la Comisión se transmitió al Parlamento Europeo en una comunicación de 9 de marzo de 2001. En su escrito de 15 de noviembre de 2000, transmitido por la Comisión de Peticiones a la Comisión el 20 de febrero de 2001, el peticionario no presentó ningún elemento nuevo que hubiera permitido una nueva evaluación de la situación.

Observaciones del demandante

En sus observaciones sobre el dictamen de la Comisión, el demandante señaló que la Comisión había aceptado su falta de respuesta a su carta y, por lo tanto, que había admitido la existencia de una irregularidad.

A continuación, el demandante formuló una serie de observaciones adicionales sobre el objeto de la petición que había presentado al Parlamento Europeo, la respuesta de su Comisión de Peticiones y las respuestas de la Comisión Europea a las solicitudes formuladas por el Parlamento en relación con la petición mencionada.

El autor se refirió a una serie de aspectos incluidos en su petición que la Comisión no había reconocido, como las presuntas acciones ilegales emprendidas por las autoridades locales responsables, o sus preocupaciones con respecto a la violación del medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Considera asimismo que, al evaluar los aspectos jurídicos del asunto, la interpretación que hace la Comisión de las directivas comunitarias existentes es inadecuada. En apoyo de su posición, el denunciante citó una serie de normas de la Directiva 96/62/CE (evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente), la Directiva 85/337/CEE (evaluación de impacto ambiental) y la Directiva 90/313/CEE (libertad de acceso a la información sobre el medio ambiente), entre otras.

El Defensor del Pueblo considera que las observaciones del reclamante relativas a las respuestas dadas por la Comisión Europea a su petición plantean cuestiones que no entran en el ámbito de la reclamación original. El Defensor del Pueblo sugiere que el curso de acción más útil para el reclamante sería dirigirse directamente a la Comisión sobre estas cuestiones. Si no recibe una respuesta satisfactoria en un plazo razonable, el demandante podría considerar la posibilidad de presentar una nueva reclamación al Defensor del Pueblo.

LA DECISIÓN

1 Supuesta falta de respuesta a la carta del denunciante de 31 de marzo de 2000

1.1 El autor alega que la Comisión Europea no respondió a una carta ni a los recordatorios subsiguientes que había enviado el 31 de marzo de 2000 en relación con el objeto de la petición 169/2000, que había presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. La petición se refería al brote de algunas enfermedades relacionadas con el medio ambiente en el Reino Unido y a las medidas inadecuadas adoptadas en respuesta por las autoridades británicas.

1.2 La Comisión explica que sus servicios habían recibido una carta del denunciante de 31 de marzo de 2000. Esta carta, sin embargo, era diferente de la mencionada en la reclamación al Defensor del Pueblo, que la institución no había recibido. La Comisión lamenta que, debido a un desafortunado descuido, no se haya enviado ninguna respuesta al denunciante.

La Comisión observa, sin embargo, que la carta del denunciante expresaba preocupaciones similares a las incluidas en la petición no 169/2000. Sus servicios responsables de las cuestiones medioambientales analizaron la posibilidad de que el Reino Unido infringiera la legislación medioambiental comunitaria y respondieron a la solicitud del Parlamento Europeo, con toda la información necesaria. Como resultado de su investigación, resultó que la mayor parte de la legislación comunitaria pertinente no había entrado en vigor y, por lo tanto, no era aplicable en el momento en que se produjeron los hechos alegados. La evaluación realizada por la Comisión se transmitió al Parlamento Europeo en una comunicación de 9 de marzo de 2001.

1.3 El Defensor del Pueblo señala que, de conformidad con el Código de buena conducta administrativa de la Comisión (1), la respuesta a una carta dirigida a la Comisión se enviará en un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la carta por el servicio responsable de la Comisión. Si no se puede enviar una respuesta dentro del plazo mencionado anteriormente, el miembro del personal responsable debe enviar una respuesta en espera, indicando una fecha en la que el destinatario puede esperar que se le envíe una respuesta.

Al no responder a la carta enviada por el denunciante el 31 de marzo de 2000, la Comisión incumplió las obligaciones establecidas en su propio Código de buena conducta administrativa. Este fallo constituye un caso de mala administración.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo dirigirá una observación crítica a la Comisión en relación con este caso.

2 Conclusión

Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre esta reclamación, parece necesario hacer la siguiente observación crítica:

Al no responder a la carta enviada por el denunciante el 31 de marzo de 2000, la Comisión incumplió las obligaciones establecidas en su propio Código de buena conducta administrativa. Este fallo constituye un caso de mala administración.

Teniendo en cuenta que la Comisión ha reconocido su falta de respuesta a la carta del demandante y, por lo tanto, ha aceptado que la reclamación al Defensor del Pueblo estaba justificada, una observación crítica del Defensor del Pueblo parece ser suficiente satisfacción para el demandante.

También se informará de esta decisión al Presidente de la Comisión.

Le saluda con sinceridad,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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(1) DO L 308/26 de 308/32.