El denunciante pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a los documentos relativos al plan nacional neerlandés en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Comisión determinó que 195 documentos entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud. Concedió acceso total o parcial a 33 de ellos y denegó el acceso a 172 documentos. Al denegar el acceso, invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, argumentando que la divulgación podría socavar la política financiera, monetaria o económica y un proceso de toma de decisiones en curso.

Después de que la Comisión no adoptara una decisión sobre la solicitud de revisión del demandante (solicitud confirmatoria) en un plazo razonable, el Defensor del Pueblo inició una investigación e inspeccionó los documentos en cuestión. Sobre la base de la inspección, el Defensor del Pueblo no estaba convencido de que la Comisión pudiera basarse en las excepciones que invocó para denegar el acceso a los 172 documentos en su totalidad. El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que revisara su posición con vistas a dar al demandante el acceso más amplio posible a los documentos.

Tras un retraso de veintiún meses, la Comisión respondió a la solicitud de reconsideración del denunciante y concedió un acceso más amplio a los documentos. Sin embargo, siguió denegando el acceso a 43 documentos en su totalidad. En opinión del Defensor del Pueblo, la Comisión podría haber concedido más acceso a varios documentos.

El Defensor del Pueblo también consideró que el atroz retraso de la Comisión en responder a la solicitud de revisión del reclamante constituía una mala administración e instó a la institución a mejorar su gestión de las solicitudes de acceso público.