El denunciante pidió a la Comisión Europea que concediera acceso público a los documentos relacionados con el «plan de recuperación y resiliencia» de los Países Bajos. La Comisión divulgó algunos de los documentos que identificó como objeto de la solicitud, pero retuvo otros. Al hacerlo, invocó una excepción en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso del público a los documentos, argumentando que la divulgación podría socavar un proceso de toma de decisiones en curso y la política financiera, monetaria o económica. El denunciante pidió a la Comisión que revisara su decisión (presentando una «solicitud confirmatoria»). Posteriormente, la Comisión no adoptó una decisión definitiva en el plazo aplicable, lo que se considera una decisión negativa implícita.

El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que adoptara sin más demora una decisión sobre la solicitud confirmatoria. A petición del Defensor del Pueblo, la Comisión respondió al demandante. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto.