En virtud de los Tratados de la UE, la Comisión Europea es responsable de garantizar que todos los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión correctamente. Para hacerlo, se basa en sus propias investigaciones o en reclamaciones de personas físicas o personas jurídicas acerca de incumplimientos del Derecho de la Unión (más información sobre los procedimientos de infracción).

La Comisión tiene una amplia facultad de apreciación para decidir si se inicia un procedimiento de infracción y cuándo. Al abordar reclamaciones por infracción, la Comisión debe cumplir unas normas determinadas. (Más información)

Los ciudadanos y las personas jurídicas pueden acudir a la oficina del Defensor del Pueblo Europeo si consideran que la Comisión no ha tramitado correctamente una reclamación por infracción, por ejemplo, cuando la Comisión no ha abordado la reclamación puntualmente o no les ha informado de sus pasos.

No obstante, cuando se trata de la posición sustantiva que la Comisión adopta en una reclamación por infracción, como la resolución de cerrar el caso sin que se emprendan medidas, el papel de la Defensora del Pueblo Europeo se ve limitado debido al amplio margen de discreción de la Comisión. En esos casos, la Defensora del Pueblo Europeo puede intentar garantizar que la Comisión exponga su postura adecuadamente pero solo solicitará a la Comisión que revise su resolución si existen indicios de error manifiesto.