Tras recibir varias reclamaciones sobre el tema, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación más exhaustiva del impacto sobre los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía.

Según el Acuerdo, cerrado en marzo de 2016, los solicitantes de asilo y migrantes que pasen de Turquía a Grecia y cuyas solicitudes hayan sido declaradas inadmisibles serán devueltos a Turquía; Turquía además tomará medidas para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración irregular.

La Defensora instó a la Comisión a incluir en sus futuros informes de progreso sobre la aplicación del Acuerdo – adoptado por el Consejo Europeo – una sección independiente centrada en los riesgos en materia de derechos humanos y en medidas destinadas a minimizar el impacto negativo sobre los mismos.

Emily O’Reilly afirmó: «Soy consciente del reto extremadamente difícil y de las realidades políticas que han de afrontar tanto las instituciones de la EU como los Estados Miembros en su intento de gestionar la crisis de los migrantes, pero aún así la Comisión sigue teniendo la responsabilidad de realizar una evaluación del impacto de su aplicación sobre los derechos humanos.»

Antecedentes

Los reclamantes, varias ONG españolas (la CEAR o Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Confederación Española de Abogados Jóvenes y Women’s Link Worldwide) y ciudadanos a título individual, se dirigieron primero a la Comisión para manifestar su preocupación por el impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los migrantes sujetos a retorno a Turquía desde Grecia. Concretamente, Women’s Link Worldwide instó a la Comisión a realizar una evaluación del impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos, centrándose en particular en la situación de las mujeres y los niños migrantes. Como la Comisión no respondió, o sus respuestas fueron insuficientes, se pusieron en contacto con la Defensora.

En este caso, la Defensora se basa en los principios establecidos en una investigación en el caso del acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, en el que la Comisión omitió la evaluación del impacto sobre los derechos humanos.

En dicha investigación, cerrada en febrero de 2016, la Defensora señaló que una «evaluación del impacto sobre los derechos humanos no consiste en recoger datos o en responder a la oposición pública, sino más bien en una herramienta analítica que demuestre que todos los factores necesarios y circunstancias se han tenido en cuenta a la hora de concebir una política. La herramienta de evaluación del impacto sobre los derechos humanos identifica las causas de riesgos y el impacto sobre los derechos humanos de las partes interesadas afectadas en cada etapa de la vida del proyecto.»

La decisión completa está disponible aquí (link).