Antecedentes

1. El 6 de mayo de 2013, el Defensor del Pueblo recibió, de una fuente anónima, un sobre que contenía una copia de un contrato de prestación de servicios profesionales, acordado entre una empresa privada y un antiguo comisario europeo («el antiguo comisario»). El contrato, que preveía una remuneración para el antiguo comisario, se acordó en febrero de 2010 y debía tener una duración de cuatro años. El contrato no contenía ninguna disposición de mitigación que abordara posibles conflictos de intereses en relación con la cartera del antiguo comisario.

2. El 4 de julio de 2013, el Defensor del Pueblo envió una copia del contrato a la Comisión y le pidió que le informara sobre cualquier medida de seguimiento que pudiera adoptar en relación con dicho contrato. El 19 de julio de 2013, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de: a) que el antiguo Comisario nunca había notificado este contrato a la Comisión, y b) que la Comisión había escrito ahora al antiguo Comisario «para solicitar información sobre el documento». La Comisión había recibido del ex Comisionado notificaciones anticipadas relativas a otras actividades profesionales propuestas.

3. El 25 de febrero de 2014, la Comisión informó al Defensor del Pueblo de que había investigado el asunto del contrato del antiguo comisario y había llegado a una conclusión al respecto. En el curso de su investigación, la Comisión había solicitado un dictamen al Comité de Ética ad hoc [1] y había estado en comunicación con el antiguo Comisario y con la empresa en cuestión. La conclusión general de la Comisión Barroso fue que no era necesario adoptar ninguna otra medida por su parte. Los principales puntos de su carta detallada se exponen a continuación.

4. Una vez confirmado que el documento presentado al Defensor del Pueblo era una copia fiel de un contrato entre el antiguo Comisario y la empresa en cuestión, la Comisión solicitó un dictamen a su Comité de Ética ad hoc. Dicho Comité emitió su dictamen el 1 de octubre de 2013. El Comité de Ética ad hoc consideró que el contrato debería haberse notificado a la Comisión "a su debido tiempo". En cuanto a la cuestión de si las actividades contempladas en el contrato eran compatibles con las obligaciones del antiguo Comisario en virtud del Tratado, el Comité consideró que algunas de esas actividades «podrían ser difíciles de conciliar con el artículo 245, apartado 2, del TFUE». En particular, el Comité estaría preocupado si la función de consultoría del antiguo Comisario hubiera implicado algo más que asesoramiento estratégico y general. El Comité señala que, de haber sido consultado previamente, habría aconsejado a la Comisión que exigiera «compromisos adicionales»[2] al antiguo Comisario antes de aprobar la actividad propuesta.

5. A continuación, la Comisión recabó información adicional, tanto del antiguo Comisario como de la empresa afectada. En esa fase, el antiguo Comisario informó a la Comisión de que el contrato había sido resuelto en febrero de 2012. (El contrato finalizó efectivamente el 27 de febrero de 2013 [3]) Además, el antiguo comisario intentó garantizar a la Comisión que el contrato se ajustaba al Código de Conducta de los Comisarios (en lo sucesivo, «el Código») y que el antiguo comisario había intentado actuar en virtud del contrato respetando la cláusula de compatibilidad de dicho Código. La empresa en cuestión escribió por separado a la Comisión para apoyar la cuenta dada por el antiguo Comisario. A continuación, la Comisión llegó a la conclusión de que no era necesario adoptar ninguna otra medida en relación con este asunto. La Comisión explicó que tuvo en cuenta lo siguiente para llegar a esta decisión. En primer lugar, el antiguo Comisario debería haber notificado el contrato en cuestión a su debido tiempo, tal como exige el Código. En segundo lugar, a la vista de las aclaraciones facilitadas por el antiguo comisario y la empresa en cuestión, el contrato podría considerarse «compatible con el artículo 245, apartado 2, del TFUE». En tercer lugar, el contrato había sido rescindido entretanto. Esta decisión de la Comisión Barroso se hizo pública normalmente en el acta de la reunión de la Comisión.

6. Tras un cuidadoso examen de esta respuesta, el Defensor del Pueblo decidió, el 10 de abril de 2014, iniciar una investigación por iniciativa propia sobre la gestión por parte de la Comisión de las actividades post-oficina del antiguo Comisario sobre la base del contrato en cuestión.

La investigación

7. El Defensor del Pueblo inspeccionó el expediente confidencial de la Comisión sobre el asunto, incluido el dictamen del Comité Especial de Ética y la correspondencia intercambiada con el antiguo Comisario y la empresa en cuestión. Tras esta inspección, el Defensor del Pueblo solicitó su dictamen a la Comisión. Dicho dictamen se recibió el 8 de julio de 2015; en ella, la Comisión alegó que había tramitado el asunto con diligencia. La Defensora del Pueblo también invitó al antiguo comisario a presentar observaciones en relación con la investigación y recibió dichas observaciones el 13 de abril de 2016. Al invitar a la antigua Comisaria a formular observaciones, la Defensora del Pueblo dejó muy claro que las acciones que estaba investigando eran las acciones de la Comisión y no las acciones de la antigua Comisaria.

8. El antiguo comisario presentó una reclamación [4] al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en relación con el tratamiento de datos personales por parte del Defensor del Pueblo en el curso de la investigación del Defensor del Pueblo. En su decisión, el SEPD estableció el tipo de información de identificación que no debe figurar en ninguna publicación de la decisión del Defensor del Pueblo; el SEPD estableció también el tipo de información secundaria que podría incluirse legítimamente en cualquier publicación de la decisión del Defensor del Pueblo. El antiguo Comisario solicitó al SEPD que revisara su decisión. Dicha revisión confirmó la decisión inicial del SEPD. A continuación, el antiguo comisario inició un procedimiento judicial contra el SEPD y dicho procedimiento aún no ha concluido. En estas circunstancias, el Defensor del Pueblo ha decidido no seguir la decisión del SEPD relativa al tipo de información que podría incluirse legítimamente en la publicación de la presente decisión. El Defensor del Pueblo ha decidido que la decisión, incluso en su forma publicada, no debe revelar injustamente ningún dato personal identificativo del antiguo comisario. Con el fin de garantizar la protección de los datos personales del antiguo comisario, algunos detalles pertinentes no se tratan explícitamente en la presente decisión de investigación. Sin embargo, la investigación del Defensor del Pueblo se basa en un conocimiento más completo de los hechos de lo que se desprende de esta decisión publicada.

Evaluación del Defensor del Pueblo

9. El artículo 245 del TFUE impone a los miembros de la Comisión «el deber de actuar con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación, después de haber cesado en sus funciones, de determinados nombramientos o beneficios». El incumplimiento de este deber puede tener graves consecuencias. El artículo 245 del TFUE dispone que, "en caso de incumplimiento de estas obligaciones, el Tribunal de Justicia podrá, a instancia del Consejo [...] o de la Comisión, decidir que el diputado interesado sea, según las circunstancias, jubilado forzosamente [...] o privado de su derecho a pensión u otras prestaciones en su lugar".

10. El Código de Conducta de los Comisarios ^[5] tiene por objeto dar efecto procedimental a las obligaciones del artículo 245. En relación con los antiguos comisarios, el Código dispone lo siguiente: «Cuando los comisarios tengan la intención de ejercer una profesión durante el año siguiente a su cese en sus funciones, ya sea al término de su mandato o en caso de dimisión, informarán de ello a la Comisión con la debida antelación. La Comisión examinará la naturaleza de la ocupación prevista. Si está relacionado con el contenido de la cartera del Comisario durante su mandato completo, la Comisión solicitará el dictamen de un comité ético ad hoc. A la luz de las conclusiones de la comisión, decidirá si la ocupación prevista es compatible con el último párrafo del artículo [245] del Tratado». De esta disposición y del Código en general se desprende claramente que la obligación del Tratado de comportarse con integridad y discreción se refiere, en particular, a la necesidad de evitar una situación de conflicto de intereses.

11. Con el fin de mantener la confianza de los ciudadanos de la UE en la Comisión y en la UE en su conjunto, es fundamental que la Comisión garantice el respeto del procedimiento establecido anteriormente. Una característica absolutamente crítica es que la evaluación de la Comisión se completa antes de que un antiguo Comisario asuma una actividad profesional. Debe, a través de este procedimiento, establecer diligentemente los hechos, a fin de permitir una evaluación exhaustiva en cada caso individual. Luego debe evaluar cuidadosamente estos hechos, con la ayuda del Comité Especial de Ética. El papel del Comité es importante. El hecho de que esté compuesto por tres expertos independientes contribuye a garantizar que la evaluación sea objetiva e independiente. Una vez finalizada esta evaluación, la Comisión debe extraer las conclusiones necesarias y adoptar las medidas adecuadas para garantizar que el antiguo Comisario cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. En este contexto, las medidas adecuadas podrían incluir solicitar al antiguo comisario que no asuma la actividad en absoluto; solicitando que se excluyan algunos aspectos de la actividad propuesta; o solicitar al antiguo Comisario que acepte la imposición de determinadas condiciones sobre la forma en que se ejecuta el contrato (o algunos de sus aspectos). En caso de que un antiguo Comisario se niegue a actuar en respuesta a dicha solicitud, la Comisión tendría que decidir si el asunto justifica una remisión al Tribunal de Justicia.

12. Una vez que la Comisión tuvo conocimiento de la existencia del contrato en este caso, tomó medidas para establecer los hechos. Una vez comprobados los hechos, la cuestión a la que se enfrentaba en primer lugar la Comisión era la de que el antiguo Comisario no le había informado previamente (o no había informado en absoluto) de este contrato concreto. Además, y a pesar de que ya era demasiado tarde para tomar medidas preventivas, la Comisión también trató de evaluar si el contrato, o cualquier aspecto del mismo, era incompatible con la obligación del antiguo Comisario en virtud del Tratado de "comportarse con integridad y discreción" después de dejar el cargo de Comisario Europeo. Si la Comisión llegara a la conclusión de que el contrato ha dado lugar a un incumplimiento de las obligaciones que incumben al antiguo comisario en virtud del artículo 245 TFUE, habría podido someter el asunto al Tribunal de Justicia para que le impusiera una sanción.

Falta de información a la Comisión

13. Es un hecho que el antiguo Comisario no notificó a la Comisión, ni antes de su celebración ni durante su desarrollo, el contrato de que se trata. Parece muy probable que la Comisión nunca hubiera sido informada del contrato si el Defensor del Pueblo (sobre la base de una copia del contrato facilitada de forma anónima) no le hubiera alertado del asunto. La Comisión acepta que el antiguo Comisario debería haberle informado del contrato y que el hecho de no haberlo hecho constituye una infracción del Código. En respuesta a las investigaciones de la Comisión, se informa de que el antiguo Comisario aceptó que el contrato probablemente debería haber sido notificado a la Comisión. De hecho, la Comisión informa de que el antiguo Comisario ha expresado su pesar por la «situación incómoda» que surgió a causa de este fracaso. Tras constatar que el antiguo Comisario había incumplido esta obligación específica, se plantea la cuestión de cómo debería haber abordado la Comisión este incumplimiento. Esta cuestión es pertinente con independencia de si el propio contrato era o no compatible con las obligaciones del antiguo Comisario en virtud del Tratado.

14. En respuesta a una pregunta específica del Defensor del Pueblo, la Comisión convino en que "[cualquier] falta de notificación de una actividad posterior al mandato constituye un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código de Conducta de los Comisarios (CPC) y que dicho incumplimiento debe ser objeto de un seguimiento adecuado para preservar el 'efecto útil 'del sistema". En este caso, el seguimiento realizado por la Comisión se centró en una evaluación retrospectiva de si el contrato era compatible o no con las obligaciones del antiguo Comisario en virtud del Tratado de comportarse "con integridad y discreción en lo que respecta a la aceptación ... de determinados nombramientos o beneficios". El Defensor del Pueblo considera que, por derecho propio e independientemente de la compatibilidad del contrato con las obligaciones del Tratado, la falta de notificación del contrato a la Comisión era un asunto grave. En opinión del Defensor del Pueblo, la Comisión estaba obligada a considerar si se justificaba una sanción. No hay pruebas de que la Comisión examinara seriamente el incumplimiento de la obligación de notificarle el contrato y de que considerara si procedía tratar de imponer alguna sanción a este respecto.

15. La Defensora del Pueblo acepta que, al examinar la manera de hacer frente a la falta de notificación del contrato por parte del antiguo Comisario, la Comisión estaba obligada a dar al antiguo Comisario la oportunidad de explicar este incumplimiento. La Comisión dio esta oportunidad al antiguo Comisario y el Defensor del Pueblo ha escuchado el caso presentado por el antiguo Comisario por la falta de notificación del contrato en cuestión. En este caso, el antiguo Comisario aceptó finalmente que la Comisión debería haber sido informada del contrato y ofreció la oportunidad, por adelantado, de decidir si el contrato era compatible con las obligaciones del Tratado para los antiguos Comisarios. Sin embargo, el antiguo Comisario adujo varias razones por las que no había informado a la Comisión del contrato. El Defensor del Pueblo está plenamente informado de las razones aducidas por el antiguo Comisario [6], pero no entiende por qué la Comisión no consideró necesario interrogar más detenidamente estas razones. El apartado 1.1.1 del Código es claro e inequívoco; los detalles de una actividad profesional propuesta deberán notificarse a la Comisión «siempre que los Comisarios tengan la intención de ejercer una actividad profesional durante el año siguiente al cese en sus funciones [...]». No es plausible que esto pueda interpretarse erróneamente como algo más que un requisito obligatorio.

16. Cuando un antiguo Comisario no informa previamente a la Comisión de una actividad profesional propuesta, la Comisión se ve privada de la oportunidad de garantizar que el antiguo Comisario «se comportará con integridad y discreción» en el ejercicio de dicha actividad profesional. En este caso, cuatro años después de la celebración del contrato y un año después de la finalización del contrato, la Comisión Barroso decidió a posteriori si las condiciones del contrato en cuestión eran compatibles con las obligaciones del antiguo Comisario en virtud del Tratado. Evidentemente, se trataba de una situación muy insatisfactoria para la Comisión. Si consideraba que las cláusulas contractuales (o algunas de ellas) no eran compatibles con las obligaciones del antiguo Comisario, ya era demasiado tarde para tratar de evitar un comportamiento que tuviera por efecto socavar un valor fundamental del Tratado. Incluso si hubiera considerado que las cláusulas contractuales no eran problemáticas y que eran compatibles con las funciones de un Comisario, este resultado habría sido una cuestión de azar o de buena fortuna y no el resultado de que el Código de Conducta de la Comisión hubiera funcionado correctamente.

17. La confianza de los ciudadanos en la UE, y específicamente en la Comisión Europea, depende de estar convencidos de que todos aquellos que logren un cargo muy alto se comportarán de manera impecable tanto durante su mandato como posteriormente. Los comisarios europeos, en particular, tienen funciones onerosas por las que están bien remunerados. Tras dejar el cargo, los antiguos comisarios disponen de atractivos paquetes de pensiones y prestaciones que les compensan por cualquier restricción temporal de sus actividades profesionales. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a esperar que todos los antiguos comisarios se comporten adecuadamente a este respecto y que, de no ser así, la actual Comisión actúe con los intereses más amplios de la UE como prioridad. Sobre todo, la Comisión Barroso debería haber sido consciente del gran riesgo de que cualquier fallo en este sentido por su parte fuera percibido negativamente por los ciudadanos de la UE, erosionando así la confianza en las instituciones de la UE. En particular, se corre el riesgo de que los ciudadanos de a pie perciban que los antiguos Comisarios gozan de un trato privilegiado, que se espera de ellos un nivel de cumplimiento de sus obligaciones inferior al que se esperaría en general. El Defensor del Pueblo no tiene una idea particular de la motivación de la persona anónima que facilitó una copia del contrato del antiguo Comisario. Sin embargo, es razonable suponer que esa persona tenía conocimiento de las obligaciones del antiguo Comisario al cesar en sus funciones y que le preocupaba que el antiguo Comisario no hubiera cumplido esas obligaciones.

18. Sobre la base de los hechos del presente asunto, sería razonable que el ciudadano de a pie concluyera que la Comisión Barroso no abordó adecuadamente el incumplimiento de una obligación por parte del antiguo comisario. Sería razonable que el ciudadano común concluyera que futuros incumplimientos similares de obligaciones pueden tratarse de manera similar. Las sanciones previstas en el artículo 245 TFUE, en caso de infracción de dicho artículo, se expresan en términos generales. Esta disposición del Tratado tiene efecto procedimental mediante el Código de Conducta de los Comisarios. El Defensor del Pueblo es consciente de la opinión de que el presente Código es inadecuado y carece de un conjunto coherente de disposiciones para su aplicación [7]. El Defensor del Pueblo considera que las normas del Código deben revisarse para hacerlas más explícitas y mejorar su aplicación. Por ejemplo, un Código revisado podría incluir una lista no exhaustiva de los tipos de circunstancias o de acciones que podrían dar lugar a una remisión al Tribunal de Justicia o a una sanción menor a nivel administrativo.

19. Si bien el Código debe revisarse para el futuro, esto no implica que el Código, tal como existía en el momento pertinente, o en su forma actual, impidiera que la Comisión adoptara medidas adecuadas como consecuencia de la infracción del Código por parte del antiguo Comisionado. Si existiera la voluntad de adoptar las medidas adecuadas, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión podría haber encontrado una manera adecuada de hacer frente a la situación.

20. Habiendo examinado detenidamente el asunto, y a falta de pruebas que sugieran lo contrario, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión Barroso no abordó adecuadamente el incumplimiento por parte del antiguo Comisionado del párrafo 1.1.1 del Código. Esto constituyó una mala administración por parte de la Comisión Barroso.

Compatibilidad del contrato con el Tratado

21. Dado que el contrato ya había finalizado algunos meses antes incluso de que tuviera conocimiento de su existencia, cualquier consideración de las condiciones del contrato por parte de la Comisión debía ser un ejercicio retroactivo. Este ejercicio retroactivo informaría a la Comisión de las medidas que debería adoptar en relación con el incumplimiento de la obligación prevista en el Código, es decir, la falta de notificación previa del contrato a la Comisión. En esa fase tardía, la Comisión no podía denegar el permiso para la actividad, ni para partes de la misma, ni tratar de imponer condiciones. Sin embargo, la Comisión habría tenido la posibilidad de remitir el asunto al Tribunal de Justicia si hubiera considerado que las actividades profesionales del antiguo comisario, en virtud del contrato, incumplían las obligaciones derivadas del artículo 245 TFUE.

22. Es relevante que el Comité de Ética ad hoc, a partir de su evaluación retrospectiva, llegara a la conclusión de que, si el contrato le hubiera sido notificado a su debido tiempo, habría considerado que no ofrecía garantías suficientes en cuanto a su compatibilidad con el artículo 245 TFUE. Al Comité le preocupaba, en particular, el alcance de los servicios que el antiguo Comisario prestaría a la empresa. La opinión del Comité Especial de Ética es razonable y convincente. La conclusión obvia es que, si el contrato le hubiera sido notificado antes de que el antiguo Comisario hubiera aceptado la oferta de trabajo, la Comisión debería haber pedido al antiguo Comisario que limitara el alcance de las actividades cubiertas por el contrato. Esto habría limitado el riesgo de que algunas de las actividades del antiguo comisario en virtud del contrato hubieran infringido el artículo 245 del TFUE.

23. A la luz de las opiniones expresadas por el Comité de Ética ad hoc, en noviembre de 2013 la Comisión escribió al antiguo comisario para solicitar más información sobre la cuestión de la compatibilidad de las cláusulas del contrato con el artículo 245 del TFUE. En respuesta, el antiguo Comisario declaró que el contrato contenía una cláusula que reflejaba la necesidad de evitar un conflicto de intereses y que el antiguo Comisario lo había interpretado en el espíritu del artículo 245. Sobre esta base, el antiguo comisario podía rechazar una tarea o misión que fuera incompatible con las obligaciones derivadas del artículo 245 del TFUE. Esta opinión también fue expresada por la empresa afectada en una carta de la misma fecha (18 de diciembre de 2013) a la Comisión. Sobre esta base, y aparentemente sin más información, la Comisión decidió que el alcance del contrato del antiguo Comisario con la empresa en cuestión «puede considerarse compatible con el artículo 245, apartado 2». La Comisión dijo al Defensor del Pueblo que «fue precisamente sobre la base de las aclaraciones recibidas del antiguo Comisario y [de la empresa] que la Comisión pudo concluir que el ámbito de aplicación del contrato de servicios era compatible con el artículo 245, apartado 2, del TFUE, en particular teniendo en cuenta la forma en que se ejecutó realmente».

24. El dictamen del Comité de Ética ad hoc se expresó en términos de lo que habría recomendado si se le hubiera consultado previamente. En el momento en que se le consultó, ya era demasiado tarde para que la Comisión adoptara las medidas de mitigación adecuadas; pero no es demasiado tarde para someter el asunto al Tribunal de Justicia o imponer alguna sanción administrativa. La posición del Comité de Ética ad hoc era que el contrato era problemático en términos de cumplimiento del artículo 245 del TFUE, pero la Comisión, en su decisión retrospectiva, consideró que el contrato era compatible con el Tratado. A primera vista, la decisión de la Comisión contradice el dictamen del Comité. El Defensor del Pueblo acepta que la Comisión no estaba vinculada por el asesoramiento del Comité. Ahora bien, si la Comisión opta por apartarse de este dictamen, debe poder justificar dicha decisión. En este caso, el Defensor del Pueblo no está convencido de que la Comisión haya justificado su decisión de adoptar una posición contraria.

25. De hecho, parece que la Comisión Barroso mantuvo un compromiso bastante limitado con el antiguo Comisario sobre la cuestión de la compatibilidad. La Comisión no recabó información detallada sobre las tareas específicas realizadas en virtud del contrato, con el fin de determinar si dichas tareas específicas eran conformes con el artículo 245 TFUE. Por el contrario, se limitó a solicitar al antiguo comisario que presentara confirmaciones por escrito de que el contrato permitía al antiguo comisario negarse, caso por caso, a llevar a cabo una tarea o misión específica que sería incompatible con la integridad y la discreción exigidas por el artículo 245 TFUE. En opinión del Defensor del Pueblo, tal medida no cumple el deber de diligencia de la Comisión. La posición adoptada por la Comisión implica que correspondía al antiguo Comisario autoevaluar si existía o no un conflicto de intereses en relación con una tarea o misión específica emprendida por el antiguo Comisario. Si la Comisión deseaba determinar si las tareas contractuales eran compatibles en todos los casos con el artículo 245, debería haber buscado información mucho más detallada sobre las tareas realmente realizadas y, a continuación, haber llevado a cabo su propio análisis de su compatibilidad con el artículo 245. En particular, el Defensor del Pueblo considera que la Comisión debería haber considerado muy detenidamente una aparente contradicción entre una cláusula del contrato escrito y la explicación dada a la Comisión por el antiguo Comisario (apoyado por la empresa) sobre cómo funcionaba el contrato en la práctica. En una de las cláusulas contractuales, el antiguo Comisario garantiza que nada impide al antiguo Comisario desempeñar las funciones requeridas. Sin embargo, al responder a la solicitud de información de la Comisión, el antiguo comisario se refirió a un acuerdo que permitía al antiguo comisario denegar los derechos si daban lugar a un conflicto con el artículo 245 TFUE.

26. El Defensor del Pueblo considera que las medidas adoptadas por la Comisión Barroso a este respecto fueron insuficientes e insatisfactorias. Sobre la base de la escasa información que recibió sobre las tareas desempeñadas por el antiguo Comisario, la Comisión no disponía de información suficiente para pronunciarse de una forma u otra. No estaba justificado adoptar una decisión sobre la base de un compromiso limitado con el antiguo comisario. Este es aún más el caso en el que el antiguo Comisario estuvo casi en condiciones de hacer una autoevaluación. En todas las circunstancias, el Defensor del Pueblo considera que la decisión de la Comisión Barroso, relativa a la compatibilidad del contrato con el artículo 245 del TFUE, no se basó en una investigación adecuada de los hechos y que, por lo tanto, equivalía a una mala administración.

Conclusión

Sobre la base de la investigación, el Defensor del Pueblo formula las siguientes conclusiones y sugerencias:

(1) El Defensor del Pueblo considera que la Comisión Barroso no abordó adecuadamente el incumplimiento por parte del antiguo Comisario del apartado 1.1.1 del Código de Conducta de los Comisarios de 2004. Esto constituyó una mala administración por parte de la Comisión.

(2) La Defensora del Pueblo considera que la decisión de la Comisión Barroso, relativa a la compatibilidad del contrato del antiguo comisario con el artículo 245 del TFUE, no se basó en una investigación adecuada de los hechos y, por tanto, equivalió a mala administración.

El Defensor del Pueblo sugiere que, cuando, en el futuro, la Comisión deba hacer frente al hecho de que un antiguo Comisario no le informe, a su debido tiempo, de una actividad profesional, se asegure de que sus acciones en relación con ese antiguo Comisario reflejen la gravedad del incumplimiento en cuestión. En particular, debe garantizar que sus acciones vuelvan a garantizar a los ciudadanos de la UE que la Comisión está dispuesta a adoptar todas las medidas adecuadas para respetar el artículo 245 del TFUE.

El Defensor del Pueblo sugiere a la Comisión que revise su Código de Conducta de los Comisarios con vistas a hacer más explícitas las normas. Con el fin de mejorar la aplicación, un Código revisado podría incluir una serie de sanciones que se impondrán, a nivel administrativo, cuando se haya producido un incumplimiento de las obligaciones por parte de un comisario en funciones o de un antiguo comisario. Un Código revisado también podría aclarar el tipo de circunstancias en las que la Comisión aplicará dichas sanciones.

Se informará a la Comisión Europea de esta decisión.

Estrasburgo, 30.6.2016

Emily O'Reilly Defensora del Pueblo
Europeo

[1] El Comité de Ética ad hoc[1] está compuesto por tres expertos independientes que asesoran a la Comisión sobre cuestiones éticas, especialmente sobre la compatibilidad con los Tratados de las actividades post-oficina previstas por los antiguos comisarios.

Véase http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/ad-hoc-ethical-committee_en.htm

[2] Esta parece ser una referencia a una cláusula del contrato en la que el antiguo Comisario garantizaba que nada impedía al antiguo Comisario desempeñar las funciones requeridas. El Comité, de haber sido consultado previamente, habría aconsejado a la Comisión que buscara nuevos compromisos, incluida una definición más restringida del alcance de las tareas que debían realizarse (véase el apartado 25 infra).

[3] El Defensor del Pueblo preguntó esto a la Comisión y, en respuesta a una pregunta de la Comisión, el antiguo Comisario corrigió el asunto.

[4] De conformidad con el artículo 46, letra a), del Reglamento (CE) no 45/2001.

[5] Decisión SEC(2004)1487/2, que desde entonces ha sido sustituida por la Decisión C(2011)2904.

[6] El Defensor del Pueblo ha decidido no publicar detalles de las razones aducidas por el antiguo Comisario (véase el apartado 8 supra).

[7] Véase, por ejemplo, el estudio del Parlamento Europeo de 2014 disponible en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/490697/IPOL_STU%282014%29490697_EN.pdf