El denunciante pidió a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) que diera acceso público a los intercambios que mantenía con la Comisión Europea sobre una propuesta de Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de menores en línea. El denunciante también solicitó acceso a los correos electrónicos que Europol intercambió con una organización que trabaja en la lucha contra el abuso sexual de menores en línea.

Europol identificó una serie de documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió acceso a partes de algunos de ellos. Al denegar el acceso al resto de documentos y partes de documentos, invocó excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación podría socavar la privacidad de las personas, la seguridad pública, un proceso de toma de decisiones y la protección de los intereses comerciales.

El Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos y consideró que había margen para una mayor divulgación. Pide a Europol que reconsidere su posición anterior y conceda el acceso más amplio posible. También propone que, cuando considere que no se puede conceder el acceso, Europol explique mejor cómo la divulgación socavaría los intereses protegidos.

En respuesta, Europol concedió un acceso público más amplio a algunos de los documentos relativos a sus intercambios con la Comisión y con la organización. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción este hecho, pero lamentó que Europol no aprovechara la oportunidad para explicar mejor por qué no se podía conceder el pleno acceso. Concluyó la investigación concluyendo que Europol había aceptado parcialmente su propuesta de solución.