Buenas noches.

Gracias por invitarme a hablar hoy en su asamblea general.

Mi misión como defensora del pueblo europea es promover una buena administración en las instituciones, órganos y organismos de la UE, a fin de garantizar que las decisiones de la UE se adopten de manera transparente, responsable, inclusiva y siempre en aras del interés público.

Esto implica no solo examinar cómo se aplicaron normas y procedimientos específicos, sino también investigar quién tuvo y no tuvo la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones, y qué efecto podría tener esto en el resultado.

En otras palabras, me fijo en la influencia. Y si es indebido.

Sé que cuando esta palabra aparece en los medios de comunicación o en el discurso popular, tiende a considerarse de manera negativa: para resaltar la retirada o dilución de regulaciones específicas debido a la presión de la industria, o para cuestionar si una decisión en particular se tomó realmente teniendo en cuenta el interés público.

Se trata de preocupaciones válidas. Y subrayan la necesidad de que tanto las instituciones públicas como el sector de los asuntos públicos mantengan y apliquen normas sólidas en materia de conflictos de intereses y ética, que es precisamente lo que nos une hoy en día.

Pero también reconozco plenamente la importancia de que la sociedad civil y las empresas puedan expresar eficazmente sus puntos de vista y participar de manera significativa en el proceso de toma de decisiones.

Una labor de asuntos públicos bien regulada y transparente no es una amenaza para la democracia, sino una expresión de ello. Asegura que las voces de sectores económicos vitales sean escuchadas y comprendidas. Proporciona a los funcionarios públicos la experiencia y los datos que necesitan para adoptar reglas y regulaciones que se basan en la realidad y sirven bien al público. Y da legitimidad a los resultados que afectan a millones de personas en todo el continente.

Ustedes, como lobistas profesionales, son parte de ese proceso. Y la calidad de ese proceso importa enormemente.

Hoy quiero hablarles de tres dificultades que, en mi opinión, merecen nuestra atención colectiva: tres ámbitos en los que las condiciones para un compromiso saludable, legítimo y eficaz entre los sectores público y privado están bajo presión.

La primera dificultad es una que ya puedes sentir en tu trabajo diario: se ha vuelto mucho más difícil participar de manera significativa en la toma de decisiones de la UE.

No me refiero únicamente a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil. Me refiero también a las empresas de todos los tamaños y a las asociaciones profesionales que las representan. El espacio para un compromiso estructurado y sustantivo se está reduciendo, y el principal motor es la velocidad.

La administración de la UE está sometida a una presión cada vez mayor para revisar rápidamente las normas existentes en respuesta a un entorno geopolítico cada vez más incierto. Pero la velocidad tiene un costo y ese costo a menudo es asumido por aquellos que deberían haber tenido un asiento en la mesa.

A principios de este año, mi Oficina concluyó las investigaciones sobre la aceleración por parte de la Comisión Europea de tres propuestas legislativas: el paquete general de sostenibilidad, los cambios en la política agrícola común y las nuevas normas sobre el tráfico ilícito de migrantes. En cada caso, la Comisión había invocado la urgencia de dejar de lado las medidas normales de elaboración de normas: se omitieron las consultas públicas, se redujeron las evaluaciones de impacto y se comprimió o eliminó el diálogo estructurado con las partes interesadas.

El Tribunal constató que esto equivalía a mala administración . La Comisión no había justificado suficientemente la urgencia ante el público ni documentado adecuadamente sus excepciones a sus propias normas de mejora de la legislación. Quiero ser claro: a veces es realmente necesaria una acción rápida. Pero la urgencia no es un cheque en blanco.

Excluir a las partes interesadas, incluso temporalmente, tiene graves consecuencias. Alimenta la percepción de que la toma de decisiones de la UE es remota y tecnocrática. Socava el cumplimiento, ya que las empresas respetan mucho más las normas cuando creen que surgieron de un proceso justo. Y crea imprevisibilidad regulatoria que produce ganadores y perdedores por accidente.

Algunas empresas que usted representa invirtieron mucho en el cumplimiento temprano de las normas de sostenibilidad de la UE, esperando que los competidores las sigan. Una reversión repentina se siente como una penalización por hacer lo correcto. Ese no es el mensaje que la UE debería enviar.

Recomendé que la Comisión defina lo que realmente constituye urgencia, documente adecuadamente las excepciones y garantice que incluso la legislación por vía rápida siga siendo transparente y basada en pruebas. La Comisión respondió constructivamente y mi Oficina está ultimando sus conclusiones.

Pero el reto más amplio sigue siendo. La presión para legislar rápido no va a desaparecer. Por ello, la integridad del proceso —garantizar que todas las voces tengan una verdadera oportunidad de ser escuchadas— es más importante que nunca.

Mencioné brevemente anteriormente la importancia de unas normas éticas y de conflicto de intereses sólidas cuando se trata de la representación de intereses. Permítaseme volver a este punto, ya que se conecta directamente con algunos trabajos recientes de mi Oficina.

Lo que a menudo causa el malestar público más profundo sobre el cabildeo no es el cabildeo en sí mismo. Es la cuestión de la equidad. ¿Una empresa o industria tiene el oído de los políticos mucho más que otro? ¿Se benefician algunos actores del conocimiento interno sobre cómo funcionan las instituciones, sobre los ritmos de un expediente legislativo, sobre qué puerta tocar? ¿Existe, en resumen, una igualdad de condiciones?

Estas preguntas van al corazón de la legitimidad democrática. Y su profesión tiene un interés directo en responderles bien, porque cuando la respuesta se percibe como «no», a menudo es toda la industria la que soporta el coste de la reputación.

Una de las formas más comunes en que se manifiesta la injusticia es a través de puertas giratorias. Permítanme ser claro acerca de cuál es el problema y lo que no es. Este movimiento no es intrínsecamente erróneo: puede enriquecer ambos mundos. El problema surge cuando las transiciones no se gestionan adecuadamente, creando canales para el acceso privilegiado, permitiendo que el conocimiento confidencial sea monetizado, o dando lugar a la percepción de que un resultado regulatorio fue moldeado por una futura perspectiva de empleo. En ese momento, la confianza se derrumba.

Más recientemente, mi Oficina concluyó una amplia investigación de oficio sobre la forma en que 15 agencias de la UE gestionan esta cuestión, revisando 54 casos específicos. El Tribunal encontró buenas prácticas, pero también discrepancias significativas. Solo alrededor de la mitad de las agencias examinadas habían adoptado normas sobre las actividades posteriores al mandato de los miembros de los consejos de administración. Solo alrededor de una cuarta parte supervisa el cumplimiento de las restricciones posteriores al servicio por parte del personal anterior. También hubo variaciones considerables en la capacitación, la transparencia y las medidas de mitigación.

La incoherencia genera sospechas. Cuando casos similares se manejan de manera diferente en las instituciones, ni el sector público ni el privado pueden saber cuáles son realmente las reglas.

En respuesta, mi Oficina publicó directrices sobre buenas prácticas organizadas en torno a cuatro principios: procedimientos claros, toma de decisiones coherente, transparencia y aplicación efectiva. Tengo la intención de aplicarlas como referencia en futuros casos.

Para ustedes como grupos de presión, reglas éticas más fuertes y consistentes no son una restricción. Son una garantía de su integridad. Su credibilidad depende de que el público crea que el acceso que tiene se obtiene a través de la calidad de sus argumentos, no solo a través de una ventaja derivada de un papel anterior como funcionario. El actual mosaico de reglas no sirve bien a nadie. Ni el público, ni los servidores públicos, ni los profesionales cuyo negocio es involucrarse con las instituciones todos los días.

Las reglas fuertes, sin embargo, son tan efectivas como la cultura que las rodea. Y esto me lleva a mi tercera dificultad: el reto de crear una auténtica prevención y sensibilización: pasar del cumplimiento en papel a la integridad en la práctica.

Permítanme ilustrar esto con dos ejemplos concretos.

La primera se refiere a los grupos de presión sobre el tabaco.

Como signataria del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, la UE está legalmente obligada a limitar sus interacciones con la industria tabacalera a las estrictamente necesarias a efectos reglamentarios, y a garantizar que dichas interacciones sean transparentes y estén documentadas públicamente.

No se trata de un requisito de procedimiento menor. Refleja un compromiso internacional considerado, basado en décadas de evidencia sobre cómo la industria tabacalera ha tratado históricamente de dar forma, retrasar y debilitar la regulación de la salud pública. La transparencia aquí no es una formalidad burocrática. Se trata de una salvaguardia.

Y, sin embargo, una investigación de propia iniciativa que mi Oficina llevó a cabo reveló una brecha significativa entre el compromiso y la práctica. Solo dos servicios de la Comisión Europea —responsables de la salud y de la fiscalidad y las aduanas— publicaron de forma proactiva registros de las interacciones de los funcionarios de la UE con los grupos de presión del tabaco, independientemente de la antigüedad del personal implicado. Otros departamentos solo divulgaban de forma proactiva reuniones en las que participaban altos funcionarios o comisarios.

Esto significa que, en gran parte de la Comisión, las interacciones rutinarias con los grupos de presión del tabaco podrían pasar desapercibidas, no porque alguien haya decidido que deberían ocultarse, sino porque nadie construyó los sistemas y hábitos para hacerlos visibles. Ese es precisamente el problema con una cultura que se centra en las reglas sin invertir por igual en la conciencia.

Tras la publicación de nuestras conclusiones, la Comisión llevó a cabo una evaluación de la exposición de sus servicios a los grupos de presión sobre el tabaco y notificó una mayor sensibilización del personal sobre sus obligaciones de cumplimiento en este ámbito. Es un paso adelante. Pero una mayor conciencia es un principio, no un fin.

El segundo ejemplo se refiere al órgano independiente de la UE encargado de las cuestiones de ética, un acontecimiento que he seguido de cerca y que creo que es muy importante para todos los presentes en esta sala.

Después de años de debate, este órgano parece estar ahora más cerca de entrar finalmente en funcionamiento. Tengo la verdadera esperanza de que ayudará a elevar las normas éticas en toda la administración de la UE y aportará una mayor uniformidad a un panorama que, como he descrito anteriormente, actualmente está fragmentado e incoherente. Para las empresas y organizaciones que colaboran con las instituciones de la UE, esa coherencia también significaría una mayor claridad, sabiendo que las normas son las mismas independientemente de la puerta por la que pases.

Pero es evidente que todavía no estamos allí. Y quiero señalar una limitación importante que a veces se pasa por alto en las discusiones sobre este organismo: no tendrá la facultad de recibir reclamaciones directamente de los ciudadanos.

Esa función seguirá perteneciendo a mi Oficina. Y me comprometo a garantizar que sigamos siendo un punto de referencia reconocido y eficaz en materia de ética e integridad, no solo para los ciudadanos que buscan reparación, sino también para las instituciones que buscan orientación. La prevención y la conciencia requieren un anclaje. Tenemos la intención de ser uno.

Antes de responder a sus preguntas, permítame una última reflexión, y tal vez sea la más importante con la que quiero dejarle hoy.

Gran parte de mi trabajo consiste en examinar reglas y procedimientos: si son lo suficientemente fuertes, si se aplican adecuadamente, si existen lagunas que requieran atención. Esa es la dimensión institucional de la integridad.

Pero la buena gobernanza es, en última instancia, algo más que reglas. Se trata de individuos. Sobre la responsabilidad personal. Sobre las decisiones que toman las personas cuando nadie las audita y cuando las reglas dejan espacio para la discreción.

Esto es tan cierto para los representantes de intereses como lo es para los funcionarios públicos.

Dije al principio que su trabajo, cuando se lleva a cabo con integridad, es una contribución genuina a la democracia participativa. Trae la perspectiva de las industrias vitales a la sala. Equipa a los responsables de la toma de decisiones con la experiencia que de otro modo no tendrían. Puede producir mejores leyes: leyes que impulsen la innovación, el empleo y la prosperidad a largo plazo.

Pero también hemos visto el otro lado. Operaciones de influencia bien organizadas y bien financiadas que han tratado de socavar o erosionar normativas esenciales de la UE: sobre el clima, la inteligencia artificial, los derechos de los consumidores y la salud pública. Operaciones que, independientemente de su éxito a corto plazo, han debilitado la calidad de la legislación de la UE y han dañado la confianza pública en las instituciones que la producen.

Con los retos a los que se enfrenta nuestra Unión hoy en día —incertidumbre geopolítica, transición climática, perturbaciones tecnológicas, fragilidad democrática—, este es un coste que simplemente no podemos permitirnos seguir pagando.

Por eso quiero pedirle, directa y sinceramente, que considere su trabajo dentro del panorama general. Las empresas y organizaciones que usted representa le han confiado importantes responsabilidades. Pero sus obligaciones no terminan ahí. También tiene obligaciones con sus conciudadanos: con la calidad del proceso democrático y con la fe que la gente deposita en él.

Las tres dificultades que he descrito hoy —la reducción del espacio para la participación, el mosaico de normas éticas y la insuficiente cultura de prevención— no son problemas que las instituciones puedan resolver por sí solas. Requieren un sector privado que exija mejor, profesionales que se mantengan en estándares más altos y una industria que entienda que su legitimidad a largo plazo depende de la salud del sistema en el que opera.

Espero que lleves esa comprensión a tu trabajo. Y espero que la defensa que lleven a cabo no solo sirva a los intereses de quienes representan, sino que también contribuya a una Europa más fuerte y a un futuro más sostenible para todos nosotros.

Gracias.