El asunto se refería a una convocatoria de propuestas elaborada y publicada por la Delegación de la UE en Albania en el contexto del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. La convocatoria estaba dirigida a jóvenes arquitectos e incluía propuestas de proyectos para nuevos edificios de alojamiento y desayuno. La Delegación asignó la tarea de gestionar el concurso a contratistas externos. Uno de los arquitectos participantes se quejó de que el procedimiento carecía de transparencia e imparcialidad.

El Defensor del Pueblo constató que la Delegación se había asegurado de que el proceso fuera justo, objetivo y transparente. Concluyó la investigación constatando que no había mala administración.

El asunto se refería al rechazo por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de una solicitud de financiación, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), para un proyecto de economía digital en Guadalupe.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la forma en que el BEI había tramitado la solicitud de financiación y si había proporcionado una explicación razonable para rechazarla. La Defensora del Pueblo también examinó la forma en que el Mecanismo de Reclamaciones del BEI tramitó la reclamación posterior sobre la decisión del BEI de rechazar la solicitud.

El Defensor del Pueblo constató que, después de la participación del BEI-CM, el BEI resolvió el asunto de la falta de respuesta al reclamante. Por lo demás, el Defensor del Pueblo no constató mala administración. Sin embargo, señala que hay margen de mejora en la forma en que el Consejo de Ministros del BEI aborda los asuntos que quedan fuera de su ámbito de competencias y formula una sugerencia de mejora.