El asunto se refería a un procedimiento de selección de personal de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). El reclamante creía que se había producido una irregularidad en la forma en que Europol interpretaba los títulos de educación de un candidato y, por lo tanto, en la forma en que calculaba la experiencia laboral previa del candidato.

El Defensor del Pueblo constató que Europol había seguido el procedimiento correcto a la hora de decidir sobre la admisibilidad del candidato y que no había ninguna irregularidad en la forma en que Europol había interpretado la información contenida en los títulos.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración.

El denunciante era un miembro del personal de una misión civil de la UE que informó de lo que consideraba prácticas corruptas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Pidió al SEAE que lo protegiera como denunciante, pero el SEAE no respondió. Al demandante le preocupaba que el SEAE anunciara su puesto y llevara a cabo el procedimiento de selección como medida de represalia contra él. Recurrió el resultado del procedimiento de selección, pero el SEAE no respondió.

En el curso de la investigación del Defensor del Pueblo, el SEAE respondió al recurso del reclamante y a su solicitud de protección de los denunciantes.

El Defensor del Pueblo también investigó la preocupación del reclamante por las represalias y no encontró pruebas de represalias en relación con la forma en que el SEAE había llevado a cabo el procedimiento de selección. Por lo tanto, archivó el asunto con la constatación de que no existía mala administración.

El demandante recurrió al Defensor del Pueblo porque le preocupaba que Europol lo hubiera incluido en la lista negra de sus procedimientos de contratación de personal después de haber expresado sus preocupaciones y denunciado a la OLAF un procedimiento de selección de personal anterior.

El Defensor del Pueblo señala que el demandante es una persona altamente cualificada, que fue preseleccionada una vez por Europol. Por lo tanto, sus preocupaciones son comprensibles. En este caso, sin embargo, el Defensor del Pueblo no encontró pruebas que sugirieran que el demandante no había tenido éxito en los procedimientos de selección de personal posteriores por otras razones que no fueran objetivas. Por lo tanto, archivó el asunto con la constatación de que no existía mala administración.

El asunto se refería a la forma en que una delegación de la UE en un país no perteneciente a la UE respondió a una persona que presentó denuncias de irregularidades y faltas de conducta por parte de un miembro del personal de la delegación. El denunciante quería saber cómo denunciar formalmente estas cuestiones y recibir protección de los denunciantes.

En el curso de la investigación, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que es responsable de las delegaciones de la UE, proporcionó una mejor respuesta sobre las opciones disponibles para el reclamante. Así pues, el SEAE resolvió el asunto. Para evitar problemas similares en el futuro, el SEAE debe publicar en su sitio web las normas que aplica en este ámbito y las opciones disponibles para las personas que deseen denunciar irregularidades. El SEAE también podría considerar la posibilidad de adoptar un enfoque similar al que aplica a las misiones de la UE, que introdujo tras una investigación por iniciativa propia del Defensor del Pueblo.

El asunto se refería a la falta de respuesta clara de la Comisión Europea a una serie de preguntas sobre la evaluación de una propuesta de proyecto presentada en respuesta a una convocatoria de propuestas en el marco de Horizonte 2020, el Programa de Investigación e Innovación de la UE. La Comisión facilitó las respuestas necesarias durante la investigación de la Defensora del Pueblo y el asunto se resolvió.

Sin embargo, en el curso de la investigación, el Defensor del Pueblo se encontró con un asunto no planteado en la reclamación, a saber, la forma en que la Comisión aborda los conflictos de intereses de los expertos que evalúan las propuestas de proyectos. El Defensor del Pueblo consideró que podría mejorarse la forma en que la Comisión aborda estos conflictos. Por consiguiente, la oradora formula una sugerencia de mejora.

El asunto se refería a la denuncia, por parte de un miembro del personal del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de una supuesta discriminación de género en el BEI, en particular a nivel de dirección.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que el BEI no había respondido al informe de manera exhaustiva, en particular al no proporcionar una visión general de las medidas adoptadas para lograr el equilibrio de género. El Defensor del Pueblo recomendó que el BEI corrigiera estos fallos y sugirió que el BEI también mejorara su política de denuncia de irregularidades mediante la inclusión de una disposición que estableciera un plazo para que el BEI respondiera a los informes elaborados por el personal.

El BEI ha aceptado la sugerencia y las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Así pues, el Defensor del Pueblo da por concluida la investigación. Al mismo tiempo, la Defensora del Pueblo anima al BEI a que redoble sus esfuerzos para lograr una representación equilibrada de género en todos los niveles de gestión y a que aspire a superar su objetivo actual de que el 33 % de las mujeres ocupen puestos directivos de aquí a 2021. Como señaló en otra parte la Comisión Europea, las organizaciones que adoptan una mano de obra diversa y son inclusivas para todos tienden a ofrecer mejores resultados, innovar más y son capaces de tomar mejores decisiones.

La denuncia en este caso fue presentada por un diputado al Parlamento Europeo y se refiere a un miembro del personal de la UE que alegó que fue acosada en el contexto de su trabajo en la Comisión Europea. La autora declaró que el miembro del personal era un denunciante y que la Comisión no la había protegido.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que la Comisión había tratado al miembro del personal de manera justa y de conformidad con las normas aplicables.

La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración por parte de la Comisión Europea.