El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea (Delegación de la UE en la Unión Africana) tramitó una solicitud de subvención y a las preocupaciones relativas a un posible conflicto de intereses.

El autor participó en una convocatoria de propuestas para un proyecto de apoyo a las capacidades electorales panafricanas. La Delegación rechazó la solicitud del reclamante porque solicitaba financiación de la UE por encima del porcentaje máximo permitido en la convocatoria. El denunciante alegó que se trataba de un error tipográfico y que la Delegación debería haber solicitado aclaraciones en lugar de rechazar su solicitud. El denunciante también alegó que un experto que había participado en el desarrollo del proyecto financiado en el marco de esta convocatoria trabajaba para una entidad que presentó una solicitud en el marco de la convocatoria.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión, sobre la base de sus propias directrices internas, debería haber considerado el error del reclamante como un «error administrativo evidente» y pidió al reclamante aclaraciones o corrigió el error del reclamante. También constató que la Comisión no evaluó adecuadamente las alegaciones del denunciante de un posible conflicto de intereses. Estas dos deficiencias constituyeron una mala administración. Para ambas conclusiones, el Defensor del Pueblo consideró que no sería adecuado hacer las recomendaciones correspondientes, ya que entretanto ya se ha concedido la subvención. No obstante, formuló tres sugerencias encaminadas a evitar que se produjeran tales problemas en futuros casos similares.

El asunto se refería a la forma en que la Comisión Europea investigó las preocupaciones del reclamante sobre un supuesto conflicto de intereses. La Delegación de la UE en Ucrania organizó una licitación para apoyar las reformas políticas e institucionales en la agricultura en Ucrania. El denunciante, jefe de un consorcio que presentó una oferta, alegó que el adjudicatario tenía una ventaja competitiva, ya que su principal experto participó en reuniones, en las que podría haber obtenido información sobre el proyecto que no estaba a disposición de los demás licitadores. El demandante alegó que ello vulneraba el principio de igualdad de trato.

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión se tomó en serio las alegaciones e investigó a fondo el asunto de conformidad con las normas aplicables y la jurisprudencia de la UE. Por consiguiente, la Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración.

La investigación se refería a la forma en que la Comisión Europea supervisa que los Estados miembros utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión (Fondos EIE) de la UE para promover el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad (desinstitucionalización), y si la Comisión aplica sanciones en caso contrario.

Durante la investigación, el Defensor del Pueblo recibió contribuciones de defensores del pueblo nacionales y organizaciones de la sociedad civil.  

El Defensor del Pueblo constató que la Comisión podía proporcionar orientaciones más claras sobre la necesidad de promover la desinstitucionalización en el contexto del uso de los Fondos EIE. También consideró que la Comisión podría tomar medidas para mejorar el seguimiento de las actividades financiadas por los Fondos EIE, y que debería adoptar un enfoque más proactivo de la aplicación, en particular cuando se planteen preocupaciones de que las actividades financiadas por los Fondos EIE estén en desacuerdo con la obligación de promover la desinstitucionalización. La Defensora del Pueblo también señaló la necesidad de prestar especial atención a los fondos desplegados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación, formulando diez sugerencias destinadas a mejorar las orientaciones emitidas por la Comisión y el proceso de seguimiento. Hace hincapié en la necesidad de que la Comisión actúe con rapidez, habida cuenta de los programas de financiación adicionales creados en respuesta a la pandemia de COVID-19, así como de los recientes cambios en las normas vigentes.

El Defensor del Pueblo estudiará la posibilidad de volver a tratar esta cuestión en el futuro, a fin de evaluar los progresos realizados.

El denunciante escribió a la Comisión Europea pidiéndole que adoptara una posición sobre si existe una base jurídica para suspender la financiación de la UE a Hungría. Se quejó ante el Defensor del Pueblo Europeo porque la Comisión no había abordado esta cuestión específica en sus respuestas.

El Defensor del Pueblo pidió a la Comisión que respondiera a la pregunta del reclamante. En su respuesta, la Comisión describió detalladamente las condiciones que deben cumplirse para suspender la financiación a los Estados miembros en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. También proporcionó detalles de los cambios propuestos en las normas. La Defensora del Pueblo consideró que la respuesta de la Comisión era suficientemente clara y exhaustiva.

Dado que la Comisión ha resuelto la reclamación, el Defensor del Pueblo archiva el asunto.