The case concerned a request for public access to documents related to the expenses of a university in the context of an EU-funded project. The complainant had submitted his request to the European Commission in July 2025.

The Commission first replied in September 2025. It identified ten documents as falling within the scope of the access request, to which it refused to give public access in their entirety. In doing so, the Commission argued that disclosure could undermine the commercial interests of the university concerned.

The complainant contested the Commission's decision by making a 'confirmatory application' in September 2025. When the Commission failed to provide an explicit reply, the complainant turned to the Ombudsman in October 2025.

The Ombudsman opened an inquiry into the Commission’s implicit refusal to grant public access and, as a first step, asked the Commission to adopt an explicit reply to the complainant’s confirmatory application as soon as possible. In the absence of a reply within the time limit set, the Ombudsman inquiry team inspected the documents in question, along with documentation on the consultation of the university concerned.

The Commission replied to the complainant in May 2026, granting wide partial access to the documents at issue. The complainant, in his comments on the Commission’s confirmatory decision, did not challenge the remaining redactions. The Ombudsman therefore considered that the complaint into the Commission’s implicit refusal of access had been settled by the access now granted. That said, the Ombudsman regretted the delay incurred by the Commission in handling the complainant’s access request, which persisted even after she had opened her inquiry. The Ombudsman continues to closely monitor the matter of delays based on complaints submitted to her.

El asunto se refería a un estudio realizado por un organismo de investigación en virtud de un contrato con la Delegación de la UE en Guinea-Bissau. La organización expresó su preocupación por las condiciones relacionadas con la publicación del estudio, en particular que debería distribuirse gratuitamente. La organización consideró que esta condición impediría efectivamente la publicación del estudio como libro académico, ya que las editoriales académicas son entidades comerciales que obtienen ganancias de los libros que publican.

La investigación demostró que el estudio se había encargado en virtud de un «contrato de servicios», en virtud del cual la Comisión Europea, que es responsable del presupuesto global en cuestión, adquirió la propiedad del estudio. Como tal, el estudio se consideró un «bien público», y la Comisión insistió acertadamente en que se pusiera a disposición del público de forma gratuita.

El Defensor del Pueblo consideró razonable que la Comisión insistiera en que el estudio se distribuyera gratuitamente, dado que se elaboró con fondos de la UE y, por lo tanto, no debería comercializarse. No obstante, el Defensor del Pueblo consideró lamentable que la Comisión hubiera especificado de manera clara las condiciones relativas a la publicación solo después de que se hubiera completado el estudio. El Defensor del Pueblo archivó el asunto y constató que no estaban justificadas más investigaciones, pero sugirió evitar que se produjeran problemas similares en el futuro.

El asunto se refería a la decisión de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) de no conceder un «sello de excelencia» a una propuesta de financiación de la UE en el marco de una convocatoria de propuestas de 2023 para la beca postdoctoral Marie Sklodowska-Curie (MSCA-PF), que forma parte del programa Horizonte Europa de la UE. REA se había negado a conceder el sello de excelencia a la propuesta porque la demandante tenía su sede en el Reino Unido.

La Defensora del Pueblo constató que la AEI había facilitado una explicación razonable de su decisión y había actuado de conformidad con las normas aplicables. Como tal, cerró la investigación con la conclusión de que no había mala administración. Sin embargo, hizo una sugerencia de mejora a la AEI para que facilitara al denunciante y a otros solicitantes con sede en el Reino Unido que se encontraran en la misma situación una nota explicativa o publicara una declaración pública que aclarara la situación específica de los solicitantes con sede en el Reino Unido en las convocatorias de propuestas de las ACEM-PF de 2023, en particular en relación con el sello de excelencia.