El denunciante es una empresa informática que participó en una licitación de la Comisión. La Comisión pidió a todos los licitadores que completaran dos estudios de casos para poder evaluar sus capacidades técnicas.

El denunciante se mostró en desacuerdo con el hecho de que uno de los estudios de caso fuera muy similar a una licitación organizada recientemente por una agencia de la UE. Alegó que esto otorgaba a las empresas que habían ganado dicha licitación una ventaja competitiva en la licitación de la Comisión. El denunciante también se opuso a la decisión de la Comisión de no revelar los nombres de las personas que evaluaron las propuestas para la Comisión.

Tras su investigación, la Defensora del Pueblo concluyó que el diseño del procedimiento de licitación por parte de la Comisión no confería una ventaja competitiva al licitador seleccionado. Por lo que se refiere a la divulgación de los nombres de los evaluadores, el Defensor del Pueblo sugiere que la Comisión considere la posibilidad de divulgar dichos nombres en el futuro.

El denunciante fue objeto de una investigación por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La OLAF comunicó detalles del resultado de su investigación a un tercero, que se publicaron en un artículo de prensa en el país del denunciante. El Supervisor Europeo de Protección de Datos consideró que la divulgación era contraria a las normas de protección de datos de la UE. Posteriormente, el reclamante solicitó a la OLAF que admitiera irregularidades en la divulgación de la información personal y se disculpara por ello.

Inicialmente, la OLAF se negó a hacerlo. Sin embargo, tras la investigación del Defensor del Pueblo, envió una carta al demandante en la que lamentaba no haber actuado de conformidad con las normas de protección de datos en su caso y se disculpó con él. Aunque el demandante no estaba satisfecho con la disculpa, el Defensor del Pueblo consideró que cumplía con la reclamación del demandante y, por lo tanto, llegó a la conclusión de que no había motivos para que realizara nuevas investigaciones sobre la reclamación.

En marzo de 2005, el denunciante presentó una denuncia a la Comisión relativa a supuestas infracciones por parte de Finlandia de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Reclamó a la Comisión que un municipio finlandés publicara datos personales sensibles relativos a su hija en un sitio web municipal. La demandante alegó que la Comisión no investigó adecuadamente su denuncia y que le denegó erróneamente el acceso, en virtud del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, a documentos relacionados con las investigaciones de la Comisión.

Por lo que se refiere al argumento del reclamante de que la Comisión debería interponer un recurso contra Finlandia ante el Tribunal de Justicia utilizando el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Defensor del Pueblo recordó que el artículo 258 del TFUE se aplica normalmente solo cuando una práctica administrativa contraria al Derecho de la Unión es coherente y de carácter general. Además, un Estado miembro no puede ser llevado ante el Tribunal de Justicia utilizando el artículo 258 del TFUE, si el Estado miembro ya ha adaptado su práctica administrativa al Derecho de la Unión antes de que se le envíe un dictamen motivado. La Comisión informó al Defensor del Pueblo de que las Directrices de las autoridades locales finlandesas se modificaron en marzo de 2008, con el fin de proteger mejor el derecho a la protección de datos por parte de las autoridades municipales. Dado que las actuales Directrices para las autoridades locales parecen cumplir las normas de protección de datos, la Comisión no tiene motivos para interponer un recurso contra Finlandia. El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción el hecho de que la Comisión siguiera supervisando el caso a la luz del litigio en curso ante los tribunales finlandeses en relación con la cuestión subyacente.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no constató mala administración en lo que respecta a la alegación de que la Comisión no investigó correctamente la reclamación.

Por lo que se refiere a la supuesta negativa ilícita a dar acceso al demandante a los documentos, el Defensor del Pueblo señaló que, durante su investigación, la Comisión decidió conceder al demandante acceso a los documentos en cuestión. Así pues, la alegación y la reclamación fueron resueltas por la Comisión.