El asunto se refería a la falta de respuesta adecuada de la Comisión Europea a un denunciante que se había quejado de un problema de ayuda estatal en Alemania. El denunciante consideró que Alemania estaba infringiendo las normas sobre ayudas estatales de la UE debido a su nuevo régimen de financiación para la radiodifusión pública. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que, dado que la Comisión proporcionó en última instancia una respuesta adecuada, no hubo mala administración.  

El asunto se refería a la práctica de la Comisión de denegar, en el contexto de una investigación formal sobre ayudas estatales, el acceso a su expediente de ayudas estatales a los beneficiarios de ayudas estatales y a otras partes interesadas.

El denunciante alegó que, tras la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la práctica de la Comisión infringía el artículo 41 (derecho a una buena administración) y el artículo 47 (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) de la Carta.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que la práctica de la Comisión estaba en consonancia con los Reglamentos de procedimiento sobre ayudas estatales pertinentes y la jurisprudencia de los tribunales de la UE en relación con los derechos procesales de las partes interesadas. El hecho de que los beneficiarios y otras partes interesadas no tengan acceso al expediente de ayudas estatales de la Comisión refleja su papel limitado en una investigación sobre ayudas estatales y el hecho de que se inicie una investigación sobre ayudas estatales contra un Estado miembro y no contra un beneficiario. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo constató que no había mala administración.

El asunto se refería a la negativa de la Comisión Europea a conceder al denunciante, parte interesada, acceso a la solicitud inicial de la industria de la Unión de ampliar los derechos antidumping sobre los productos de amonio procedentes de Rusia. El Defensor del Pueblo investigó la cuestión y constató que la negativa de la Comisión no estaba fundamentada a la luz de las disposiciones aplicables del Reglamento antidumping y podía haber menoscabado el derecho de defensa del demandante en dicho procedimiento. Por lo tanto, recomendó a la Comisión que divulgara la solicitud pertinente.

Aunque la Comisión no estuvo de acuerdo con la constatación de mala administración del Defensor del Pueblo, aceptó su recomendación de divulgar la solicitud pertinente. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó el asunto.

Este asunto se refería al tratamiento por parte de la Comisión Europea de la información presentada por el denunciante, en la que se alegaban tres casos de ayuda estatal ilegal concedida a clubes de fútbol españoles. El denunciante alegó que la Comisión no había decidido en un plazo razonable si debía abrir una investigación formal sobre la presunta ayuda estatal ilegal. Dado que, en opinión del denunciante, la Comisión no estaba tomando medidas, el denunciante presentó una solicitud de acceso a algunos documentos relacionados con dos de estos casos. La Comisión denegó el acceso por razones de protección del objetivo de las investigaciones.

El asunto se refería a un supuesto conflicto de intereses de un antiguo Comisario en una decisión de la Comisión de no investigar una denuncia de defensa de la competencia presentada a la Comisión. La denuncia antimonopolio presentada a la Comisión alegaba una infracción de las normas de competencia de la UE por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol («UEFA»). El demandante consideró que el Reglamento de la UEFA sobre licencias de clubes y juego limpio financiero («el FFP») es ilegal en la medida en que exige que, durante un período de tres años, los ingresos pertinentes de un club de fútbol tengan que igualar al menos sus gastos pertinentes. La Comisión decidió no investigar la denuncia alegando que la cuestión no constituía una prioridad para ella. En opinión del demandante, esta decisión fue influida por el Comisario encargado, que tenía un conflicto de intereses, ya que era un "asociado" y un firme partidario de un club en particular para el que la FFP es ventajosa.

En 2012 y 2014, el entonces comisario europeo responsable de competencia hizo declaraciones públicas sobre una investigación en curso de un posible cártel. Una de las empresas investigadas se quejó al Defensor del Pueblo de que las declaraciones violaban el principio de imparcialidad, ya que daban la impresión de que el Comisario ya había decidido cuál sería el resultado final de la investigación en curso.

El Defensor del Pueblo sostuvo que algunas de las declaraciones públicas hechas por el Comisario podían percibirse razonablemente como sugiriendo que la Comisión o el Comisario ya habían decidido el resultado de la investigación en curso y que esto constituía mala administración. El Defensor del Pueblo formuló una recomendación que la Comisión ha reconocido en su mayor parte. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archivó el caso con una constatación de mala administración derivada de las declaraciones públicas del antiguo comisario de 2012 y 2014.

El asunto se refería a la supuesta falta de información por parte de la Comisión Europea al denunciante sobre el carácter prioritario de su denuncia de ayuda estatal.

El Defensor del Pueblo investigó la cuestión. En el curso de su investigación, la Comisión informó al demandante de que su denuncia no se consideraba un caso prioritario. Sin embargo, la Comisión no explicó los motivos de su decisión. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archivó la reclamación con una observación crítica en relación con el hecho de que la Comisión no informara al demandante de las razones por las que había concedido una baja prioridad a su reclamación sobre ayudas estatales.

El asunto se refería a una supuesta falta de decisión de la Comisión Europea en un plazo razonable sobre la ayuda estatal supuestamente concedida por los Países Bajos al sector de la construcción naval. La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre el asunto tras la cual la Comisión finalizó su evaluación preliminar, concluyendo que las medidas en cuestión no constituyen ayuda estatal. El Defensor del Pueblo constató que no había habido mala administración y archivó el caso.

The Ombudsman's inquiry concerned an alleged delay by the Commission in providing Infineon, a German IT company, which the Commission suspected to be a member of the Smart Card Chips cartel, with access to key evidence that the Commission intended to use against that company.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had, without any good reason, delayed in providing access to that evidence, despite the fact that it was fully aware of the importance and relevance of that evidence. By incurring that delay, the Commission risked compromising its investigation.

The Ombudsman therefore criticised the Commission for the delay in giving Infineon access to that evidence.