La defensora del pueblo europea Emily O’Reilly inauguró la conferencia y destacó las terribles circunstancias en las que se estaba llevando a cabo debido a la invasión rusa de Ucrania. Elogió el valiente trabajo que está realizando la comisaria del Parlamento ucraniano para los Derechos Humanos, Liudmyla Denisova, así como los esfuerzos de los defensores del pueblo de toda Europa para ayudar a los refugiados ucranianos. O’Reilly también subrayó que, incluso en tiempos de crisis, los defensores del pueblo deben seguir desempeñando un papel clave en la defensa del Estado de Derecho, en la rendición de cuentas de las administraciones y en dar vida real a los valores democráticos. En referencia a la segunda sesión del día, destacó que, si bien los avances tecnológicos pueden conectarnos mejor, también conllevan el grave riesgo de separar a algunas personas de los servicios públicos y, en consecuencia, reducir la confianza pública.

Compartir las mejores prácticas para ayudar a los refugiados

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, pronunció el discurso inaugural de la primera sesión del día. Destacó los extraordinarios esfuerzos de los ciudadanos, organizaciones y gobiernos europeos a todos los niveles para apoyar a los ucranianos que huyen de la invasión rusa. La crisis marcó la primera activación de la Directiva de protección temporal de la UE, que fue aprobada por unanimidad por los Estados miembros. La Directiva otorga a los refugiados derechos como el acceso a la asistencia sanitaria, el empleo, la vivienda, la educación y el apoyo social. En ese sentido, Johansson destacó la gran importancia de continuar el registro de los refugiados que llegan a la UE. Johansson también destacó el importante papel que desempeñan los defensores del pueblo a la hora de garantizar que los refugiados puedan aprovechar sus derechos.

Al describir algunas acciones específicas de la Comisión, Johansson dijo que había establecido un índice para ver qué Estados miembros están bajo la mayor presión. Polonia es actualmente el país más afectado, seguido de Chipre (debido principalmente a los refugiados no ucranianos) y la República Checa. Los menos afectados son actualmente Francia, Malta, Italia y Grecia. Una plataforma de solidaridad en la que participan los Estados miembros, la Comisión, las agencias de la UE y otras partes interesadas se reúne dos veces por semana para debatir qué Estados están bajo presión y dónde hubo un exceso de capacidad para acoger a los refugiados. La Comisión también ha trazado todos los centros de transporte en los que la UE proporciona información a los refugiados, incluidos sus derechos. Para el verano está prevista una «reserva de talentos» de la UE para los refugiados con el fin de ayudar a los refugiados que buscan un empleo en un sector específico y a los que buscan emplearlos.

Johansson mencionó el riesgo de trata que enfrentan los refugiados ucranianos, destacando que los ucranianos ya estaban entre las cinco principales nacionalidades que eran objeto de trata a la UE antes de que comenzara la guerra. Dijo que había recibido algunos informes oficiosos de que esto sucedía y que era importante actuar lo antes posible. La Comisión ya ha activado su red de coordinadores de la lucha contra la trata y tiene previsto poner en marcha pronto un plan de acción contra la trata.

La defensora del pueblo europea Emily O’Reilly abrió la mesa redonda diciendo que el papel del defensor del pueblo era permitir a los refugiados aprovechar los derechos que ofrece la Directiva de protección temporal, incluido el apoyo psicológico y emocional. A escala de la UE, el Defensor del Pueblo Europeo puede tener dudas sobre la forma en que se aplica la Directiva de protección temporal. En el futuro, el Defensor del Pueblo Europeo también podrá ocuparse de cualquier problema sistémico relacionado con la Directiva o de posibles problemas en algunas de las agencias de la UE responsables.

La comisaria ucraniana de Derechos Humanos, Liudmyla Denisova, destacó la importancia de documentar los crímenes de guerra para que los perpetradores puedan ser llevados ante la justicia, así como de brindar apoyo a las víctimas, como las mujeres que han sido violadas. Denisova dijo que estaba agradecida por el apoyo que la UE ha mostrado a los refugiados ucranianos y que era posible comenzar a pensar en cómo llevar a los refugiados a casa. Dijo que era bueno que se estuvieran desarrollando programas con este fin, como la construcción de casas móviles para las personas a las que se habían destruido sus casas. Denisova también destacó la deportación forzada de ucranianos, incluidos miles de niños, a Rusia. Dijo que Rusia estaba cometiendo genocidio al quitar los documentos ucranianos de los niños, emitirlos rusos y luego obligarlos a la adopción. Pidió la creación de un grupo de trabajo del Defensor del Pueblo Europeo que podría ayudar a traer a las personas de vuelta a Ucrania.

La comisaria adjunta polaca de Derechos Humanos, Hanna Machińska, dijo que había más de 3 millones de refugiados ucranianos en Polonia, incluidos más de 700 000 niños. Habló sobre los esfuerzos que Polonia y los voluntarios polacos estaban haciendo para garantizar que los refugiados tuvieran acceso a alojamiento, educación y atención médica. También destaca la presión a largo plazo que la crisis ha ejercido sobre algunas ciudades, como Varsovia, que ha acogido a más de 300 000 refugiados. Machińska dijo que su personal estaba presente en los lugares de recepción de refugiados y que intervienen en los casos locales cuando surgen problemas. Un desafío particular que destacó fue apoyar a las grandes familias romaníes de 30 a 40 personas que quieren permanecer juntas.

La defensora del pueblo rumana, Renate Weber, dijo que más de 750 000 ucranianos han transitado por Rumanía, pero solo alrededor de 18 000 han solicitado protección temporal. Desde el principio, los refugiados reciben asistencia médica, así como apoyo financiero, ya sea de alcaldes locales o de gobernadores regionales. Los que estaban en tránsito también recibían alojamiento, comidas, transporte público gratuito, etc. Weber destacó el problema de los niños huérfanos y la barrera del idioma que enfrentaban con respecto a la educación. También dijo que había una falta de psicólogos de habla ucraniana para los refugiados.

El comisario húngaro de Derechos Fundamentales, Ákos Kozma, dijo que había más de 700 000 refugiados en Hungría, lo que equivale a aproximadamente el 10 % de la población húngara. Dijo que había visitado la frontera con su equipo poco después de que comenzara el conflicto y había establecido cinco refugios para proporcionar a los refugiados asistencia del gobierno y de organizaciones no gubernamentales. Kozma dijo que su oficina proporciona a los refugiados asesoramiento e información legal, así como información sobre cómo pueden presentar una queja sobre una posible violación de los derechos fundamentales.

La alcaldesa de Estrasburgo, Jeanne Barseghian, dijo que había 50 000 refugiados ucranianos en Francia y que Estrasburgo fue identificada como un posible punto de entrada debido a su ubicación geográfica y su estado como ciudad europea. La ciudad estableció un centro de recepción para dar la bienvenida y ayudar a las personas que llegan de Ucrania. Hizo hincapié en la importancia de registrar a las personas, incluidas las que pueden haber hecho el viaje a Francia por su cuenta. Muchos refugiados necesitan apoyo para el shock postraumático o problemas de salud. Estrasburgo también ofrece aprendizaje de idiomas, actividades deportivas y otro tipo de apoyo para ayudar a los refugiados a integrarse en la sociedad a largo plazo. Barseghian dijo que si bien la Directiva de Protección Temporal ha sido positiva en general, ha creado algunas tensiones, por ejemplo entre aquellos que han abandonado Ucrania pero no son ciudadanos ucranianos o aquellos que son refugiados de otros países.

El Defensor del Pueblo griego Andreas Pottakis destacó tres paradojas con respecto a la situación actual: que los países que actualmente se benefician más de la Directiva de protección temporal la habían bloqueado en crisis pasadas; que antes de la guerra, los ucranianos se encontraban entre las nacionalidades que más a menudo se retiraban por la fuerza de la UE; y que la capacidad de los ucranianos para moverse libremente en la UE, aunque en general es algo bueno, también aumenta el riesgo de trata de personas de personas vulnerables. Pide que se proteja la Directiva de protección temporal de la presión política y que su activación sea lo más automática posible en futuras crisis.

La Defensora del Pueblo de Baden-Württemberg, Beate Böhlen, declaró que el apoyo mostrado a los ucranianos en 2022 debería ser el punto de referencia para futuras crisis de refugiados. Dijo que Alemania usa una clave de distribución para asignar refugiados a diferentes partes del país y que los estados usan otra clave de distribución para distribuir aún más a los refugiados. Böhlen dijo que un tema particularmente importante a considerar es el reconocimiento mutuo de las calificaciones para que los refugiados calificados puedan encontrar rápidamente un trabajo adecuado.

Digitalización de las administraciones públicas: cómo se ha visto afectado el acceso de los ciudadanos a los derechos

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, pronunció el discurso de apertura. Ferreira dijo que la tecnología no es ni inherentemente buena ni inherentemente mala, ya que depende de lo que se haga con ella. La tecnología tiene el potencial de ampliar o reducir la brecha entre los ciudadanos y la administración pública. Por ejemplo, la automatización y el big data corren el riesgo de crear sistemas impersonales que alienen a las personas; por otro lado, las nuevas tecnologías sociales y las herramientas de administración pública electrónica pueden acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. También mencionó el riesgo de una brecha digital entre diferentes personas, ya que aquellos que son más pobres o mayores pueden terminar siendo excluidos de los servicios digitales. Ferreira dijo que los defensores del pueblo serán esenciales para abordar estas divisiones en su papel de defensores públicos y guardianes de los derechos de los ciudadanos.

Ferreira destacó dos de los objetivos digitales clave de la Comisión para 2030: al menos el 80 % de todos los adultos deben tener capacidades digitales básicas y todos los servicios públicos clave deben estar disponibles en línea con todos los ciudadanos que tengan acceso a ellos. Afirma que la UE está invirtiendo una cantidad sin precedentes en el ámbito digital en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a través de su política de cohesión. El objetivo de este último es garantizar que ninguna región se quede atrás en la transformación digital. Ferreira mencionó que la mejora de los servicios digitales y la garantía de la igualdad de acceso a ellos están en el centro de las negociaciones para la nueva generación de programas de cohesión.

Según Ferreira, las inversiones de la UE deben ayudar a los ciudadanos y las empresas a obtener las capacidades digitales necesarias, apoyar el despliegue de servicios nuevos o mejorados de administración electrónica e inclusión electrónica y apoyar el despliegue de infraestructuras de banda ancha en las zonas rurales, las zonas escasamente pobladas y las regiones ultraperiféricas de la UE. La UE también apoya la transformación digital de las administraciones públicas a nivel nacional, regional y local a través de proyectos piloto, conocimientos especializados e intercambios de experiencias.

Para garantizar que los derechos y valores de la UE se reflejen plenamente en el espacio en línea, Ferreira dijo que la Comisión Europea quiere desarrollar un marco de principios y derechos digitales. Esto incluiría el acceso a una conectividad de alta calidad, a capacidades digitales suficientes, a servicios públicos y a servicios en línea justos y no discriminatorios. La Comisión también quiere supervisar si los europeos consideran que sus derechos digitales están siendo respetados a través de una encuesta anual del Eurobarómetro.

La defensora de derechos francesa Claire Hédon abrió el panel de discusión. Habló de las dificultades que tienen muchas personas para acceder a los servicios públicos en línea y de cómo la pandemia de COVID-19 ha empeorado este problema. Mencionó que entre 10 y 13 millones de personas en Francia son analfabetas digitales. Hédon destacó algunas recomendaciones del informe de su oficina sobre la desmaterialización de los servicios públicos: que se mantenga la comunicación cara a cara y el servicio telefónico; que los sitios web sean fáciles de usar y que las personas que los diseñan reciban formación para hacerlos más accesibles; y que las personas tengan derecho a conectarse, incluido el acceso a los equipos informáticos necesarios.

El Defensor del Pueblo holandés, Reinier van Zutphen, dijo que cuando las personas se sienten abandonadas por los procedimientos administrativos que se digitalizan, pueden comenzar a perder la confianza en el propio gobierno. Destacó la falta de mantenimiento de los sistemas digitales en la administración pública. Su oficina publicó recientemente un informe sobre el uso adecuado de datos y algoritmos por parte de las autoridades del sector público, en el que se afirma que los ciudadanos deben participar cuando las administraciones públicas diseñen nuevos sistemas o procedimientos digitales. Las conclusiones del informe dicen que los nuevos sistemas digitales deben ser claros, accesibles y solucionables cuando las cosas van mal. Además, Van Zutphen advirtió que la pobreza digital a menudo puede conducir a la pobreza real.

La canciller estonia de Justicia, Ülle Madise, dijo que el 99 % de los servicios públicos de Estonia se han digitalizado y que en su mayor parte funcionan sin problemas. Afirma que la piedra angular de los servicios electrónicos de Estonia es el documento nacional de identidad. El hecho de que esta tarjeta de identificación haya sido obligatoria durante 20 años ha ayudado a las personas a adaptarse al uso de los servicios públicos digitales. Madise también dijo que la naturaleza rural del país hace que los servicios electrónicos sean una necesidad para muchas personas. Sin embargo, todavía hay problemas. Por ejemplo, el gobierno estonio olvidó considerar a las personas ciegas cuando creó un sistema en línea para que las personas se registren para la vacunación contra la COVID-19. La oficina de Madise les ayudó a solucionar este problema.

Marine Boudeau, de La direction interministérielle du numérique (DINUM), dijo que se había vuelto demasiado fácil crear nuevos sistemas digitales sin ver cuán accesibles o utilizables son. Dijo que su departamento estaba trabajando para llegar a una línea de base para la calidad de los servicios disponibles en Francia. En 2019, lanzaron el Observatorio para la Calidad de los Servicios en Línea y con frecuencia trabajan con varios ministerios franceses para mejorar los servicios digitales.

Clara Deville, del Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), se refirió a las conclusiones de su tesis sobre la desmaterialización de los servicios públicos. Destacó que el éxito de los servicios digitales también depende de la confianza entre las personas y sus gobiernos. Dijo que las personas a menudo tienen miedo cuando piden derechos a una institución pública. Los pobres y los extranjeros en particular pueden haber tenido malas experiencias con la administración pública antes, lo que puede hacerlos más reacios a reclamar sus derechos. También destacó cómo el cierre de las oficinas gubernamentales en las zonas rurales ha hecho que las instituciones públicas se sientan desconocidas y remotas.

Thomas Lecourt, de Emmaüs Connect, dijo que su asociación intenta conectar a las personas que están aisladas de las tecnologías digitales, proporcionando equipos de TI baratos, servicios de datos y capacitación. Destacó que más de una cuarta parte de las personas a las que ayudan son menores de 30 años y que más del 80% vive con menos de 600 euros al mes. Lecourt enfatizó que las instituciones públicas deben reconocer que existen personas sin habilidades digitales o acceso a los sistemas de TI y que deben mostrarles que se preocupan por ellas.

El Defensor del Pueblo del Lacio, Marino Fardelli, destacó dos brechas digitales: la cultural, que afecta a grupos de personas como las personas mayores, y la estructural, en relación con la falta de una buena infraestructura o equipo de TI. Dijo que los defensores del pueblo en Italia trabajaron juntos para presentar una propuesta al gobierno italiano para ayudar a abordar estas brechas digitales. También dijo que cooperan estrechamente con los municipios, pero que los alcaldes a veces ven a los defensores del pueblo como una desaceleración del trabajo a pesar de que en realidad pueden ayudar a acelerar las cosas.

El debate general se centró en cómo las personas con frecuencia no podían acceder a los servicios públicos debido a la digitalización, especialmente las personas pobres, de edad avanzada o migrantes, y cómo la pandemia de COVID-19 ha empeorado este problema. Muchos oradores advirtieron que la exclusión digital podría conducir a la exclusión social e incluso a la pobreza. Para ayudar a remediar el problema, muchos defensores del pueblo destacaron la necesidad de mantener reuniones cara a cara y servicios telefónicos en la administración pública. También se mencionó repetidamente la necesidad de diseñar nuevos servicios digitales teniendo en cuenta la accesibilidad desde el principio.