El denunciante pidió a la Comisión Europea que diera acceso público a los documentos relativos a los intercambios con una organización y con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) relacionados con la lucha contra el abuso sexual de menores en línea. La Comisión identificó catorce documentos que entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud, concediendo acceso a partes de once y denegando el acceso a tres. Al hacerlo, invocó varias excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso a los documentos. El denunciante impugnó la decisión de la Comisión presentando una «solicitud confirmatoria», pero no recibió respuesta.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y pidió a la Comisión que respondiera al demandante lo antes posible. A falta de una respuesta oportuna, intentó inspeccionar los documentos controvertidos.

Finalmente, la Comisión respondió al denunciante y concedió un acceso más amplio a los documentos. En consecuencia, la Defensora del Pueblo dio por concluida la investigación, pero lamentó el retraso de la Comisión en la tramitación de la solicitud de acceso.