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Decisión sobre la negativa del Servicio Europeo de Acción Exterior a conceder acceso público a los documentos relativos a la Misión de Policía de la Unión Europea en los Territorios Palestinos (asunto 2051/2021/MIG)

Lunes | 07 marzo 2022

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a documentos relacionados con la Misión civil de la UE en los Territorios Palestinos. El SEAE identificó seis documentos que se encontraban dentro del alcance de la solicitud de acceso del reclamante y denegó el acceso. Al proceder así, se acogió a las excepciones previstas en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a documentos, alegando que la divulgación de los documentos podría socavar el interés público en lo que atañe a la seguridad pública y las relaciones internacionales.

El equipo de investigación de la Defensora del Pueblo examinó los documentos en cuestión y obtuvo explicaciones adicionales y confidenciales del SEAE. Sobre esta base y teniendo en cuenta el amplio margen de discrecionalidad del que gozan las instituciones de la UE cuando consideran que la seguridad pública y las relaciones internacionales están en peligro, la Defensora del Pueblo Europea consideró que la decisión del SEAE de denegar el acceso no era manifiestamente errónea. El interés público en juego no puede ser reemplazado por otro interés público considerado más importante, por lo que la Defensora del Pueblo Europea archivó el asunto y concluyó que no se había producido mala administración.

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Lunes | 11 octubre 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.