El asunto se refería a la solicitud de un periodista de acceso público a las declaraciones de conflicto de intereses presentadas por jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y del Tribunal General desde el 1 de enero de 2018. Las declaraciones de los miembros de la Corte actualmente en funciones se publican en su sitio web, pero se retiran una vez finalizado su mandato. El Tribunal de Justicia denegó el acceso a las declaraciones solicitadas de los antiguos miembros alegando que constituyen «documentos judiciales», que no entran en el ámbito de aplicación de su decisión sobre el acceso del público a los documentos administrativos del Tribunal.

El Defensor del Pueblo inició una investigación sobre esta reclamación y solicitó aclaraciones sobre la forma en que el Tribunal distingue entre documentos judiciales y administrativos entre los que obran en su poder. Sin embargo, poco después de que se iniciara la investigación, el Tribunal informó al Defensor del Pueblo de que había cambiado su práctica y que ahora concede acceso, previa solicitud, a las declaraciones de intereses, a excepción de los anexos confidenciales de dichas declaraciones. El Tribunal también declaró que pondrá a disposición, previa solicitud, todas las declaraciones anteriores de sus miembros cuyo mandato haya finalizado.

La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la oportuna decisión del Tribunal de aumentar la transparencia en este ámbito. Consideró que la queja estaba resuelta y cerró el caso. Al mismo tiempo, compartió con el Tribunal algunas observaciones sobre su mandato en relación con la actividad administrativa del Tribunal de tramitar las solicitudes de acceso público.

El asunto se refería a la negativa de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) a dar acceso público a siete documentos relativos a la extracción de información de los dispositivos de comunicación de los migrantes. Al denegar el acceso público a partes de los documentos, Eurojust se basó en dos excepciones establecidas en la legislación de la Unión en materia de acceso público a los documentos, a saber, la necesidad de proteger el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y la necesidad de proteger los datos personales.

Sobre la base de la inspección de los documentos controvertidos, los argumentos de Eurojust no convencieron al Defensor del Pueblo de que una divulgación más amplia de los documentos perjudicaría la protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública. La Defensora del Pueblo presentó una propuesta de solución, en la que pedía a Eurojust que reconsiderara su posición sobre la solicitud, con vistas a dar a un público más amplio acceso a los documentos en cuestión. Invitó a Eurojust a que, al hacerlo, se centrara en tres de los documentos en cuestión, con ajustes de seguimiento de dos documentos adicionales.

Eurojust aceptó la propuesta de solución del Defensor del Pueblo y dio al reclamante un acceso más amplio a casi todos los documentos. La Defensora del Pueblo acogió con satisfacción la respuesta positiva de Eurojust a su propuesta de solución y dio por concluida la investigación.

El asunto se refería a una licitación organizada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) relativa al suministro de equipos de confección para los agentes de Frontex. El denunciante, una empresa que también participó en el procedimiento de licitación, expresó su preocupación a Frontex por la adjudicación del contrato a la empresa ganadora. Más concretamente, el reclamante alegó que Frontex debería haber rechazado la oferta ganadora debido a las supuestas dificultades financieras del licitador y sus deficiencias en la ejecución de otro contrato, así como porque la oferta que había presentado era, en opinión del reclamante, anormalmente baja.

El Defensor del Pueblo constató que Frontex había llevado a cabo correctamente el control de admisibilidad del adjudicatario, de conformidad con las normas aplicables. Además, consideró que la evaluación de Frontex de que la oferta seleccionada no era anormalmente baja era razonable y estaba en consonancia con las normas aplicables.

La Defensora del Pueblo archivó la investigación con la conclusión de que no había mala administración.

Este asunto se refería a la tramitación por parte de la Comisión Europea de la solicitud de acceso público de un periodista a documentos relacionados con un viaje de trabajo a Israel por parte del coordinador de la Comisión para la lucha contra el antisemitismo y el fomento de la vida judía. La Comisión se negó a confirmar o negar la existencia de tales documentos, haciendo referencia a las normas de protección de datos de la UE. Alegó que incluso reconocer la existencia de tales documentos equivaldría a una transferencia de datos personales, sin necesidad de una finalidad específica de interés público, lo que concluyó que el denunciante no había demostrado.

Durante la investigación, la Comisión confirmó al equipo de investigación del Defensor del Pueblo que el viaje había tenido lugar y que había cubierto los costes de este viaje, abordando así las principales preocupaciones de transparencia planteadas por el reclamante.

La Defensora del Pueblo constató que existía un interés público en el control público de las actividades profesionales del coordinador, dada la visibilidad de la función y la sensibilidad del tema. Sin embargo, una vez que la Comisión confirmó el viaje de trabajo y cubrió el coste de conformidad con las normas aplicables, el Defensor del Pueblo consideró que se había satisfecho el interés público en el control de las actividades profesionales del coordinador.

No obstante, el Defensor del Pueblo hizo una sugerencia de mejora a la Comisión, a saber, que publicara de forma proactiva resúmenes de las actividades oficiales del coordinador, incluida información sobre viajes de trabajo, para mejorar la transparencia.

El Defensor del Pueblo archivó el asunto y llegó a la conclusión de que no estaban justificadas nuevas investigaciones.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a las actas de las reuniones del Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Europol identificó dos documentos que entran en el ámbito de aplicación de la solicitud y concedió acceso parcial. Al hacerlo, invocó seis excepciones en virtud de la legislación de la UE sobre el acceso público a los documentos, alegando que la divulgación completa podría socavar la protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública y las relaciones internacionales, la privacidad y la integridad de la persona, el asesoramiento jurídico, el propósito de las auditorías y los procesos de toma de decisiones en curso y cerrados de Europol.

La Defensora del Pueblo inició una investigación y su equipo de investigación inspeccionó los documentos en cuestión. Tras esta inspección, el Defensor del Pueblo no se convenció de la aplicación de las excepciones al acceso del público invocadas por Europol. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo presentó una propuesta de solución, en la que pedía a Europol que reconsiderara su posición sobre la solicitud con vistas a conceder un acceso más amplio y que explicara con más detalle las posibles expurgaciones restantes.

En respuesta, Europol se comprometió a aumentar el nivel de detalle en los resúmenes a disposición del público de los resultados de las reuniones de su Consejo de Administración y compartió con el Defensor del Pueblo el resumen de la reunión del Consejo de Administración de los días 25 y 26 de junio de 2025, que sigue el nuevo enfoque de Europol. Sin embargo, Europol no concedió un acceso más amplio al acta detallada de la reunión controvertida, ya que consideró que se les aplicaría una presunción general de no divulgación para proteger la confidencialidad de los debates. 

El Defensor del Pueblo acogió con satisfacción el mayor nivel de transparencia proactiva en lo que respecta a los resúmenes de las reuniones del Consejo de Administración que publica Europol. Dicho esto, la Defensora del Pueblo lamentó que Europol no concediera un acceso más amplio al acta de la reunión en cuestión ni explicara por qué no podía concederse un acceso adicional en respuesta a su propuesta de solución. En cambio, Europol aplicó una presunción general de no divulgación, con la que el Defensor del Pueblo no estuvo de acuerdo. Si bien la Defensora del Pueblo consideró que no se justifican más investigaciones en este caso, recordó que Europol debe proporcionar a los solicitantes de acceso público un razonamiento suficientemente detallado que les permita comprender por qué no puede concederse un acceso (completo). También pide que Europol siga llevando a cabo una evaluación individual de las actas detalladas de las reuniones de su Consejo de Administración en respuesta a futuras solicitudes de acceso público con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

El asunto se refería a una solicitud de acceso público a los intercambios entre la Comisión, una organización con sede en los Estados Unidos y Europol sobre la cuestión del abuso sexual de menores. El denunciante presentó su solicitud a la Comisión en noviembre de 2024.

La Comisión respondió por primera vez en marzo de 2025. Señaló que catorce documentos entraban en el ámbito de aplicación de la solicitud, concediendo acceso parcial a once documentos y denegando el acceso a tres documentos en su totalidad. Al hacerlo, la Comisión alegó que la divulgación podría socavar la privacidad, el interés público en lo que respecta a la seguridad pública y su propio proceso de toma de decisiones.

El denunciante impugnó la decisión de la Comisión presentando una «solicitud confirmatoria» en abril de 2025. A falta de respuesta, el reclamante recurrió al Defensor del Pueblo en julio de 2025.

La Defensora del Pueblo inició una investigación sobre la negativa implícita de la Comisión a conceder acceso público y, como primer paso, pidió a la Comisión que adoptara lo antes posible una respuesta explícita a la solicitud confirmatoria del reclamante. A falta de respuesta en el plazo establecido, el equipo de investigación del Defensor del Pueblo inspeccionó los documentos en cuestión.

La Comisión respondió al denunciante en marzo de 2026, concediendo un acceso parcial (más amplio) a los catorce documentos. El denunciante, en sus observaciones sobre la decisión confirmatoria de la Comisión, no impugnó las expurgaciones restantes. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que la reclamación sobre la denegación implícita de la Comisión se había resuelto mediante el acceso parcial ahora concedido. Dicho esto, la Defensora del Pueblo lamenta el retraso en que incurrió la Comisión para tramitar la solicitud de acceso de la reclamante, que persistió incluso después de que esta abriera su investigación. La Defensora del Pueblo sigue vigilando de cerca la cuestión de los retrasos sobre la base de las reclamaciones que se le presentan.