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Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Lunes | 11 octubre 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decisión en el asunto OI/5/2020/MHZ relativo al funcionamiento del mecanismo de reclamaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por presuntas violaciones de los derechos fundamentales y el papel del agente de derechos fundamentales

Martes | 15 junio 2021

La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio para examinar cómo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) aborda las presuntas violaciones de los derechos fundamentales a través de su «mecanismo de reclamaciones», y para analizar el papel y la independencia del agente de derechos fundamentales de Frontex a este respecto.

En el contexto de una investigación anterior, la Defensora del Pueblo recomendó la creación de un mecanismo independiente para tramitar reclamaciones referidas a las operaciones de Frontex. El mecanismo de reclamaciones fue aprobado por los legisladores de la UE y entró en funcionamiento en 2016.

A través del mecanismo de reclamaciones, Frontex tramita las reclamaciones de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido violados en el contexto de las operaciones de Frontex. La función del agente de derechos fundamentales es tramitar directamente las reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex, así como garantizar que las reclamaciones relativas al personal de las autoridades nacionales que participan en las operaciones de Frontex sean tratadas adecuadamente por las autoridades competentes.

Esta investigación tenía por objeto evaluar cómo Frontex ha aplicado las normas nuevas relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales, que entraron en vigor en noviembre de 2019. También pretendía evaluar la eficacia general del mecanismo de reclamaciones, en un contexto de preocupación pública por las violaciones de los derechos fundamentales en relación con las operaciones de Frontex.

Desde su creación, el mecanismo de reclamaciones ha gestionado un número muy reducido de reclamaciones, sin que hasta la fecha se hayan presentado reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex. Entre 2016 y enero de 2021, el agente de derechos fundamentales había recibido 69 denuncias, de las cuales 22 resultaron admisibles. Con operaciones en las que participan miembros de las plantillas de personal de diferentes organismos, que son responsables ante distintas autoridades, puede resultar difícil para los posibles reclamantes determinar quiénes son los presuntos autores y entender cómo y ante quién pueden denunciar presuntas infracciones y buscar reparación a través de los canales adecuados.

En esta investigación, la Defensora del Pueblo también revisó las reclamaciones tramitadas a través del mecanismo de reclamaciones y encontró varias posibles deficiencias que podrían dificultar que las personas denunciasen presuntas violaciones de los derechos fundamentales y buscasen reparación. La investigación de la Defensora del Pueblo detectó asimismo retrasos por parte de Frontex en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales.

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo formula una serie de sugerencias de mejora para Frontex, con vistas a mejorar la accesibilidad del mecanismo de reclamaciones para las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales y a reforzar la rendición de cuentas de las operaciones de Frontex y de todas las partes implicadas en ellas. Entre ellas figuran sugerencias sobre cómo facilitar a las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales el conocimiento de las posibilidades de reparación y la notificación de incidentes, así como sugerencias para mejorar la tramitación y el seguimiento de las reclamaciones.

Decisión en los asuntos 320/2021/DDJ y 599/2021/DDJ relativos a la negativa de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a conceder acceso público a documentos relacionados con sus interacciones con dos empresas que proporcionan una plataforma de análisis de datos

Lunes | 14 junio 2021

Los asuntos se referían a dos solicitudes de acceso público a documentos en los que se detallaban las relaciones contractuales y las comunicaciones de Europol con dos empresas que proporcionaban una plataforma de análisis de datos para la Agencia. Europol denegó el acceso público, parcial o totalmente, a la mayoría de los documentos identificados en la primera solicitud, alegando principalmente que su divulgación perjudicaría la protección del interés público por lo que respecta a la seguridad pública. Europol denegó el acceso público a todos los documentos identificados en la segunda solicitud con el fin de proteger la seguridad pública y su proceso interno de toma de decisiones.

Tras una inspección de los documentos solicitados, la Defensora del Pueblo consideró que, si se divulgara, la mayor parte de la información que contenían podría perjudicar la protección del interés público por lo que respecta a la seguridad pública. La Defensora del Pueblo no consideró que hubiera motivos para proseguir su investigación en lo que se refiere a la muy limitada información que no estaba cubierta por dicha excepción.

Si bien la Defensora del Pueblo encontró una serie de deficiencias en el modo en que Europol había abordado el asunto, concluyó que, en general, no había mala administración por parte de Europol al denegar el acceso público a los documentos en cuestión.