Buenos días y muchas gracias por la invitación. 

El tema de hoy se refiere directamente a uno de los objetivos fundamentales de mi Oficina. 

En la Defensoría del Pueblo, las reclamaciones y cuestiones que recibimos varían considerablemente, pero existe un hilo conductor que las atraviesa todas: garantizar que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones públicas. 

La confianza es fundamental, tanto para el éxito del proyecto europeo como para la fortaleza de la democracia europea. Es lo que une a los ciudadanos y las instituciones, permitiéndoles formar las conexiones necesarias para crear conjuntamente soluciones a los retos acuciantes y mejorar la vida de las personas. 

Pero la confianza no es automática. Se construye lentamente, con el tiempo, y depende de bases sólidas: transparencia, rendición de cuentas, equidad e integridad. Y una vez construido, necesita mantenimiento y cuidado regulares. 

El cambio tecnológico, las lagunas imprevistas, los acontecimientos geopolíticos y la evolución de las expectativas de los ciudadanos pueden requerir que reexaminemos las normas, los procedimientos y las normas éticas que sustentan la confianza de los ciudadanos. 

Mantener la confianza en las instituciones de la UE también significa defender y fomentar el derecho de los ciudadanos a participar de manera significativa en el proceso de toma de decisiones. 

En este sentido, la industria de los asuntos públicos ocupa una posición algo paradójica.

Por un lado, las actividades de presión y divulgación transparentes y bien reguladas ofrecen a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones una forma eficaz de expresar sus puntos de vista y participar en la toma de decisiones. También proporcionan a los responsables de la toma de decisiones acceso a conocimientos y datos vitales, información que ayuda a garantizar que las políticas se basen en la realidad y sirvan mejor al público. 

Por otro lado, el cabildeo también puede exacerbar las desigualdades existentes. Puede crear un acceso desigual a los responsables de la toma de decisiones, lo que lleva a leyes que sirven a intereses estrechos o específicos en lugar del bien público en general. Cuando esto sucede, se socava la confianza de las personas en el proceso de toma de decisiones —y en las instituciones de la UE en su conjunto—. 

Y, por supuesto, es este segundo escenario el que más a menudo escuchamos en los medios de comunicación. En el peor de los casos, vemos corrupción absoluta o influencia ilegal. 

Ejemplos como Qatargate, o las acusaciones más recientes de grupos de presión de Huawei, no solo dañan la reputación de las instituciones de la Unión; también empañan la reputación de la propia industria de asuntos públicos. Refuerzan la percepción negativa —que algunos sostienen— de que los parlamentarios, los funcionarios públicos o los profesionales de los asuntos públicos no están motivados por el bien común, sino por su propio enriquecimiento. 

Sabemos, por supuesto, que esto no es cierto. Algunas manzanas podridas no definen la integridad de todo el manzano. Pero aún pueden revelar una grave debilidad, que puede ser aprovechada por las fuerzas populistas y exagerada hasta el punto de socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. 

En ese sentido, es ciertamente alentador que el Parlamento Europeo haya adoptado nuevas normas éticas después de Qatargate, normas diseñadas tanto para restaurar la confianza perdida como para evitar eventos similares en el futuro. 

Sin embargo, como mi Oficina ha señalado anteriormente, tales normas son tan sólidas como su aplicación y cumplimiento. Su creación proporciona un plan sólido para recuperar la confianza de los ciudadanos, pero gran parte del edificio real aún está por hacer. 

La creación de un órgano independiente de la UE encargado de las cuestiones de ética es también un paso positivo hacia normas más estrictas y coherentes en toda la administración de la UE. Sin embargo, aún no está operativo. 

E incluso cuando entre en funcionamiento, es importante reconocer que este organismo no tendrá el poder de recibir quejas directamente. 

Ese papel pertenece a mi oficina. Mi objetivo es garantizar que sigamos siendo reconocidos como un punto de referencia clave en cuestiones de ética e integridad, tanto a través de las investigaciones que iniciamos en respuesta a las denuncias como a través de mis investigaciones de propia iniciativa sobre posibles problemas sistémicos. 

Nuestro trabajo anterior —y nuestras investigaciones en curso— subrayan claramente este compromiso. Permítanme compartir algunos ejemplos con ustedes y algunos de los resultados que hemos logrado. 

Tomemos, por ejemplo, una investigación que mi Oficina llevó a cabo sobre el Registro de transparencia de la UE, algo que estoy seguro de que muchos de ustedes conocen bien. 

El Registro es una herramienta vital para demostrar el compromiso de las instituciones de la UE y del sector de los asuntos públicos con la transparencia y la integridad. Pero no es sin sus puntos débiles. 

Después de recibir una queja de un grupo de consumidores, descubrimos que la Secretaría del Registro de Transparencia no había manejado adecuadamente las acusaciones de que dos organizaciones no revelaron sus vínculos con la industria y sus fuentes de financiación. Su evaluación fue demasiado limitada y su definición de «afiliación» demasiado limitada. 

Dado que la Secretaría no puede supervisar por sí misma toda la información facilitada por los solicitantes de registro, es fundamental que se tome en serio las denuncias públicas y las investigue a fondo. 

Hicimos varias sugerencias de mejora, y me complace decir que la Secretaría respondió positivamente, reconociendo las cuestiones e indicando que actualizaría sus directrices en consecuencia. 

Otra esfera de interés para mi Oficina se refiere a los conflictos de intereses profesionales. 

En una investigación, examinamos la decisión de la Comisión Europea de adjudicar a la empresa de gestión de inversiones BlackRock un contrato para estudiar cómo podrían integrarse los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza —o ASG— en la supervisión bancaria de la UE. 

El tema era de claro interés regulatorio para BlackRock, que ya había tratado de influir en la formulación de políticas en esta área. 

A raíz de nuestras sugerencias, la Comisión actualizó sus directrices internas de contratación pública para dejar claro que deben excluirse los licitadores con conflictos de intereses profesionales. 

La legislación de la UE en materia de contratación pública se modificó posteriormente para hacer de esta exclusión un requisito explícito. 

Una de las mayores áreas relacionadas con la ética que tratamos es el tema de las puertas giratorias. 

Pocas cosas socavan la confianza pública más que las noticias de que un funcionario de alto rango se ha mudado a una compañía que alguna vez regularon. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, por supuesto, pero eso debe equilibrarse con la prevención de conflictos de intereses y el mantenimiento de la confianza en las instituciones públicas. 

En los últimos años, los organismos de la UE han aprobado movimientos de altos funcionarios que plantearon serias preocupaciones. 

Investigaciones anteriores mostraron que la Comisión tendía a subestimar el daño a la confianza pública cuando los funcionarios asumen funciones relacionadas en el sector privado. Se han realizado algunas mejoras: la Comisión restringe ahora la posibilidad de que el personal con permiso no remunerado asuma puestos de trabajo con riesgos de conflicto de intereses; la Autoridad Bancaria Europea y la Agencia Europea de Defensa han aplicado nuestras recomendaciones; y el Parlamento introdujo un período de incompatibilidad de seis meses para los antiguos diputados al Parlamento Europeo. 

Aún así, siguen existiendo desafíos: supervisar estas restricciones de manera efectiva y garantizar normas coherentes en todas las instituciones, agencias y organismos.

Esta es la razón por la que mi primera investigación de propia iniciativa como Defensora del Pueblo Europea se centra en cómo se gestionan las puertas giratorias en todas las agencias de la UE, que aplican políticas en todos los sectores, desde la banca y la defensa hasta los productos químicos y farmacéuticos. Mi objetivo es identificar las mejores prácticas y las lagunas en las normas o la aplicación para garantizar unas normas sólidas y coherentes, y espero compartir nuestras conclusiones. 

A través de estas investigaciones, mi Oficina desafía una cultura de complacencia que podría permitir que surjan escándalos. Pero salvaguardar la confianza es una responsabilidad compartida: Las instituciones deben actuar con integridad, y los grupos de presión y los profesionales de los asuntos públicos deben cumplir con los más altos estándares en sus interacciones con la administración. 

Muchas asociaciones y empresas industriales ya cuentan con procedimientos internos sólidos para cumplir las normas de la UE sobre grupos de presión, conflictos de intereses y puertas giratorias. 

Pero siempre hay margen para ir más allá: superar el mínimo y mostrar a los ciudadanos que el compromiso público puede ser a la vez influyente y ético. 

Al establecer normas internas que van más allá de los requisitos reglamentarios, puede garantizar que la influencia se ejerza de una manera que inspire confianza en nuestras instituciones y contribuya a una Europa más justa, más fuerte y más igualitaria. 

En cuanto a las puertas giratorias, por ejemplo, mi Oficina ha sugerido que los empleadores podrían aumentar la confianza pública publicando la presión y otras restricciones que se aplican a los nuevos empleados que han abandonado la administración de la UE. 

Esto no tiene por qué ser obligatorio. Puede tomar la iniciativa, ya sea en sus sitios web o en comunicados de prensa, mostrando que la industria de asuntos públicos toma en serio sus responsabilidades éticas. 

Hay un último punto que quiero destacar. 

Garantizar una administración pública transparente y responsable es algo más que normas y políticas. También se trata de la responsabilidad personal y la reflexión. 

El mundo está cambiando rápidamente: los avances tecnológicos y la IA, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales, la desinformación y la crisis climática alimentan la preocupación por nuestra seguridad, prosperidad y libertad. 

En este contexto, es más importante que nunca que los responsables políticos lo hagan bien, y la industria de asuntos públicos puede ayudar. Los profesionales calificados pueden traducir ideas complejas en mensajes claros, guiar políticas, impulsar la innovación y garantizar que se escuchen voces vitales. 

Pero esto depende de un compromiso más profundo: pensar en el trabajo en el contexto de nuestro futuro colectivo, hacer preguntas difíciles sobre el impacto a largo plazo de las ganancias a corto plazo y defender una brújula moral sólida. Debemos preguntarnos no solo qué se puede hacer, sino qué más se puede hacer: dar forma proactiva a una sociedad mejor, más justa y más sostenible. 

Restablecer la confianza en la política de la UE no es solo tarea de los políticos o los funcionarios. Es una responsabilidad compartida, que debe ser una prioridad para todos nosotros. 

A medida que avanzamos, preguntémonos no solo si las reglas son correctas, sino cómo cada uno de nosotros puede contribuir, profesional y personalmente, a un futuro más esperanzador. 

Gracias.