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Decisión en el asunto OI/5/2020/MHZ relativo al funcionamiento del mecanismo de reclamaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por presuntas violaciones de los derechos fundamentales y el papel del agente de derechos fundamentales

Martes | 15 junio 2021

La Defensora del Pueblo inició una investigación de oficio para examinar cómo la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) aborda las presuntas violaciones de los derechos fundamentales a través de su «mecanismo de reclamaciones», y para analizar el papel y la independencia del agente de derechos fundamentales de Frontex a este respecto.

En el contexto de una investigación anterior, la Defensora del Pueblo recomendó la creación de un mecanismo independiente para tramitar reclamaciones referidas a las operaciones de Frontex. El mecanismo de reclamaciones fue aprobado por los legisladores de la UE y entró en funcionamiento en 2016.

A través del mecanismo de reclamaciones, Frontex tramita las reclamaciones de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido violados en el contexto de las operaciones de Frontex. La función del agente de derechos fundamentales es tramitar directamente las reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex, así como garantizar que las reclamaciones relativas al personal de las autoridades nacionales que participan en las operaciones de Frontex sean tratadas adecuadamente por las autoridades competentes.

Esta investigación tenía por objeto evaluar cómo Frontex ha aplicado las normas nuevas relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales, que entraron en vigor en noviembre de 2019. También pretendía evaluar la eficacia general del mecanismo de reclamaciones, en un contexto de preocupación pública por las violaciones de los derechos fundamentales en relación con las operaciones de Frontex.

Desde su creación, el mecanismo de reclamaciones ha gestionado un número muy reducido de reclamaciones, sin que hasta la fecha se hayan presentado reclamaciones relativas a las acciones de los miembros del personal de Frontex. Entre 2016 y enero de 2021, el agente de derechos fundamentales había recibido 69 denuncias, de las cuales 22 resultaron admisibles. Con operaciones en las que participan miembros de las plantillas de personal de diferentes organismos, que son responsables ante distintas autoridades, puede resultar difícil para los posibles reclamantes determinar quiénes son los presuntos autores y entender cómo y ante quién pueden denunciar presuntas infracciones y buscar reparación a través de los canales adecuados.

En esta investigación, la Defensora del Pueblo también revisó las reclamaciones tramitadas a través del mecanismo de reclamaciones y encontró varias posibles deficiencias que podrían dificultar que las personas denunciasen presuntas violaciones de los derechos fundamentales y buscasen reparación. La investigación de la Defensora del Pueblo detectó asimismo retrasos por parte de Frontex en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones relativas al mecanismo de reclamaciones y al agente de derechos fundamentales.

Sobre la base de la investigación, la Defensora del Pueblo formula una serie de sugerencias de mejora para Frontex, con vistas a mejorar la accesibilidad del mecanismo de reclamaciones para las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales y a reforzar la rendición de cuentas de las operaciones de Frontex y de todas las partes implicadas en ellas. Entre ellas figuran sugerencias sobre cómo facilitar a las posibles víctimas de violaciones de los derechos fundamentales el conocimiento de las posibilidades de reparación y la notificación de incidentes, así como sugerencias para mejorar la tramitación y el seguimiento de las reclamaciones.

Decisión en el asunto 874/2020/MIG en relación con la tramitación por parte de la Comisión Europea de una reclamación sobre el modo en que la Vicepresidenta de la Comisión para la Democracia y la Demografía respondió públicamente a las críticas en los medios de comunicación

Viernes | 26 marzo 2021

El asunto se refería a una reclamación a la Comisión Europea en la que la demandante expresaba preocupación por el modo en que la Vicepresidenta de la Comisión para la Democracia y la Demografía había respondido públicamente a las críticas en los medios de comunicación, en particular en forma de comentarios durante una llamada a un programa de la televisión croata. La demandante consideró que las declaraciones de la vicepresidenta no eran compatibles con sus obligaciones como comisaria y no estaba satisfecha con la manera en que la Comisión respondió a las preocupaciones planteadas en su reclamación.

La Defensora del Pueblo consideró que las declaraciones de la vicepresidenta podían entenderse en el sentido de que los medios de comunicación no deben difundir ni publicar comentarios críticos sobre personalidades públicas. El hecho de que las declaraciones se percibieran como tales se refleja claramente en la respuesta pública, incluida esta reclamación y la posterior cobertura de los medios de comunicación sobre el incidente. Por lo tanto, la Defensora del Pueblo consideró que las declaraciones eran inapropiadas.

Tras el incidente, tanto la vicepresidenta como la Comisión expresaron su firme apoyo a la libertad de expresión y a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La vicepresidenta aclaró, además, que su intención no fue socavar la independencia de los medios de comunicación.

Si bien acoge con satisfacción estas aclaraciones, la Defensora del Pueblo lamenta que ni la Comisión ni la vicepresidenta hayan presentado disculpas en relación con el incidente. Esto podría haber contribuido de algún modo a reconocer la inquietud de la opinión pública sobre las observaciones.

La Defensora del Pueblo cierra su investigación, pidiendo a la Comisión que recuerde a las comisarias y comisarios la necesidad de actuar con la debida cautela a la hora de hacer declaraciones públicas.