El denunciante presentó un «procedimiento de oposición» contra una solicitud de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Los procedimientos de oposición permiten a los titulares de marcas de la Unión existentes impugnar las solicitudes de nuevas marcas de la Unión con el fin de proteger sus derechos. Al inicio del procedimiento de oposición, y en procedimientos anteriores promovidos por el denunciante, la EUIPO se comunicó con el denunciante por correo postal. Durante el procedimiento de oposición, la EUIPO cambió su política de comunicación y decidió pasarse a las comunicaciones electrónicas. Por ello, el denunciante no tuvo conocimiento de una solicitud de pruebas.

El Defensor del Pueblo consideró que el hecho de que la EUIPO no informara adecuadamente al denunciante de su decisión de comunicarse por vía electrónica constituye un caso de mala administración, ya que era incompatible con las prácticas anteriores de la EUIPO. Teniendo en cuenta que el procedimiento de oposición se había cerrado, el Defensor del Pueblo archivó el asunto sin formular una recomendación.

Sin embargo, sugirió que la EUIPO informase a los usuarios sobre los cambios en su política de comunicación a través del mismo canal que utilizó para comunicarse con ellos en el pasado.

El asunto se refería al modo en que la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) tramitó una propuesta de financiación en el marco del proyecto piloto del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación Reforzado (CEI).

El denunciante se mostró en desacuerdo con la forma en que la EASME evaluó su propuesta, así como con la falta de información recibida sobre la evaluación y las posibilidades de revisión. El denunciante también estaba preocupado por el retraso de la EASME en responder a su solicitud de que revisara su decisión.  

En el curso de la investigación, el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva para las Pymes (EISMEA), que sucedieron y sustituyeron a EASME, explicaron por qué se produjo un retraso en el procedimiento de revisión. El Defensor del Pueblo consideró que la explicación era razonable. El Defensor del Pueblo también constató que la EASME había facilitado suficiente información al reclamante sobre la evaluación y las posibilidades de revisión. No obstante, el Defensor del Pueblo constató que las observaciones facilitadas por la EASME al reclamante no eran suficientes y no permitían una revisión significativa de la evaluación de la propuesta. La Defensora del Pueblo señaló que, en el contexto del nuevo programa Acelerador del Consejo Europeo de Innovación, la EISMEA parece proporcionar información más detallada a los solicitantes sobre la evaluación de sus propuestas.

Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consideró que no se justificaban más investigaciones en este caso y dio por concluida la investigación.

El asunto se refería a la falta de respuesta del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a una carta relativa a una investigación disciplinaria que había tenido lugar en 2017 en una misión civil de la UE.

El Defensor del Pueblo constató que el SEAE no había respondido en repetidas ocasiones a las cartas del reclamante. Aunque el SEAE consideró que no podía responder sobre el fondo, debido a los procedimientos judiciales en curso, debería haber respondido y explicado esto al reclamante. El hecho de no hacerlo fue una mala administración.

Dado que, en el contexto de la investigación, el SEAE explicó por qué cree que no puede dar una respuesta sustantiva al reclamante, el Defensor del Pueblo no formuló ninguna recomendación a tal fin. No obstante, confía en que el SEAE tendrá en cuenta esta conclusión en el futuro.

El asunto se refería a la negativa del Parlamento Europeo a enviar una decisión por la que se denegaba el acceso del público a los documentos por correo electrónico.

El Defensor del Pueblo consideró que la respuesta del Parlamento al reclamante era razonable en el contexto dado, ya que el reclamante ya había recibido la decisión por correo certificado.

La Defensora del Pueblo concluyó la investigación con la conclusión de que no había habido mala administración por parte del Parlamento en este caso.