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The case concerned a former employee’s alleged unfair dismissal from and harassment at the European Investment Bank (EIB).

The Ombudsman’s inquiry focused on the issue that the EIB had allegedly wrongly denied the complainant the benefit of what is known as the ‘conciliation procedure’ provided for under Article 41 of the EIB’s Staff Regulations (which lays down that staff members may bring proceedings before the Court of Justice of the EU when a dispute arises with the EIB and that, prior to doing so, they should seek an amicable settlement, through the conciliation procedure). The Ombudsman made the preliminary finding that, by considering that the conciliation procedure could not be applied to a former member of staff who was not in receipt of an EIB pension, the EIB had committed maladministration. The Ombudsman therefore proposed that the EIB initiate the conciliation procedure without delay, as regards both the dismissal and the harassment issues. The Bank agreed to initiate the conciliation procedure as regards the dismissal issue, and referred the complainant to another procedure concerning the issue of harassment.

The Ombudsman concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

El caso se refería a las acciones emprendidas por la OLAF a raíz de la recepción de un informe sobre la denuncia de prácticas corruptas en el que se relacionaba a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) con la supuesta manipulación de un informe de inspección de seguridad aérea. Tras una evaluación preliminar, la Defensora del Pueblo se interesó por lo que parecía tratarse de una decisión de la OLAF de ignorar el caso y devolverlo a la AESA, aun cuando el denunciante había elegido conscientemente presentar este informe a la OLAF en lugar de a la AESA. La Defensora del Pueblo consideró, en principio, que esta decisión podría tener un impacto negativo en la eficacia de las disposiciones relativas a la denuncia de prácticas corruptas en general, por lo que decidió investigar la cuestión.

Tras realizar una inspección de los expedientes de la OLAF, la Defensora del Pueblo constató que dicha Oficina había analizado adecuadamente la posibilidad de abrir una investigación. Comprobó asimismo que, de hecho, la OLAF no había cerrado el caso, sino que había solicitado a la AESA que examinase la cuestión e informase sobre los resultados de su investigación. Además, la OLAF se había reservado el derecho a abrir una investigación formal en una fase posterior. En este contexto, la Defensora del Pueblo constató que la OLAF había gestionado adecuadamente el informe de denuncia del demandante. La Defensora del Pueblo observó que la OLAF debería haber comunicado al demandante , de manera más explícita, que su remisión del asunto a la AESA no significaba que la OLAF no estuviese adoptando otras medidas en relación con la cuestión. La Defensora del Pueblo realizó otro comentario a este respecto.