Las instituciones de la UE tienen la obligación de guardar un registro central de las actividades de tratamiento de datos de carácter personal (artículo 31 del Reglamento 2018/1725). Los registros contienen informaciones tales como la finalidad del tratamiento, las categorías de datos personales tratados, los derechos de los interesados, y la información de contacto del delegado de protección de datos del Defensor del Pueblo.