La administración de la UE cuenta con numerosas normas en vigor para evitar conflictos de intereses u otros incumplimientos de carácter ético. La función del Defensor del Pueblo Europeo es asegurarse de que las normas se aplican, así como ayudar a las instituciones a evitar que se perciban incumplimientos de naturaleza ética.

Uno de los principales ámbitos en los que se centra la Defensora del Pueblo es la cuestión de las «puertas giratorias», por la que funcionarios públicos abandonan la administración de la UE para ejercer cargos en el sector privado (o viceversa). Los funcionarios públicos que fichan por el sector privado pueden intentar aprovecharse de las redes a las que tenían acceso en sus antiguos cargos o intentar influir en la legislación o la normativa de la UE, lo que puede socavar la confianza pública en la administración de la UE.

Aunque es normal que los grupos de interés intenten ejercer influencia sobre el proceso de toma de decisiones democrático de la UE, es fundamental que lo hagan de acuerdo con las normas de transparencia más estrictas, para mitigar las reservas sobre posibles conflictos de intereses. La transparencia de los grupos de interés y la forma en que estos interactúan con las instituciones de la UE son temas recurrentes de las investigaciones de la oficina del Defensor del Pueblo.

La Defensora del Pueblo Europeo puede investigar cuestiones éticas que hayan sido planteadas por reclamantes insatisfechos con la forma en que la institución en cuestión abordó sus reservas. No obstante, también puede actuar por iniciativa propia para investigar las cuestiones cuando tenga conocimiento de posibles inquietudes del público y encuentre motivos para hacerlo.