Declaración de apertura

Señorías del Parlamento,

Me complace presentar el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo para 2024.

Los últimos años han sido difíciles para nuestra Unión. Las instituciones de la UE han tenido que navegar por un contexto geopolítico turbulento marcado por conflictos, imprevisibilidad y alianzas cambiantes.

En respuesta, la UE está actuando en más ámbitos y con mayor intensidad, desde la defensa hasta la regulación digital.

Pero a medida que la Unión hace más y avanza más rápido, debemos garantizar que no se debiliten la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.

El trabajo del Defensor del Pueblo ofrece un barómetro de cómo experimentan los ciudadanos la UE: dónde les sirven bien las instituciones y dónde deben mejorar.

Sé que el Parlamento comparte esta visión y compromiso. El informe que se debate y vota cada año no es una mera formalidad. Es una evaluación importante de nuestro esfuerzo común por defender —juntos— los derechos de los ciudadanos.

Mirando hacia atrás en 2024, una cuestión se destaca claramente: transparencia.

Las quejas sobre el acceso a los documentos aumentaron considerablemente, de alrededor del 30 por ciento en años anteriores a más del 40 por ciento.

Muchos se refirieron a retrasos y, en respuesta, en marzo de 2024, este Parlamento aprobó por unanimidad un informe especial en el que instaba a la Comisión a abordar este problema.

Ese mismo año, también concluimos una investigación por iniciativa propia sobre la forma en que el Consejo y la Comisión tramitan las solicitudes de documentos legislativos. Ambas instituciones han manifestado su voluntad de mejorar la transparencia proactiva, lo cual es positivo, pero es necesario avanzar más.

Los ciudadanos solo pueden seguir, controlar y participar en la toma de decisiones si tienen un acceso oportuno y significativo a la información y confían en que nuestras instituciones cumplan sus compromisos de manera clara y predecible.

Desafortunadamente, aún hoy en día, las quejas siguen siendo altas, lo que apunta a un desafío más amplio. A medida que se profundizan las competencias de la Unión, las estructuras de gobernanza también deben profundizarse para garantizar una transparencia real y significativa, lo que puede requerir una revisión del Reglamento 1049/2001, veinticuatro años después de su adopción.

Otro ámbito clave en 2024 fue la participación en la toma de decisiones, en particular el cumplimiento de salvaguardias como las evaluaciones de impacto y las consultas públicas.

El Defensor del Pueblo Europeo recibió dos reclamaciones sobre la forma en que la Comisión prepara propuestas legislativas urgentes, relativas a la política agrícola común y las medidas para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.

Estos casos plantearon una cuestión importante: ¿cómo puede actuar la Comisión con rapidez, garantizando al mismo tiempo una buena legislación, incluida la previsibilidad, la transparencia y oportunidades significativas de participación?

Puede ser necesario actuar con rapidez, pero la rapidez debe ir de la mano de procedimientos claros y transparentes que permitan a los ciudadanos y a las partes interesadas seguir y participar.

En última instancia, se trata de la calidad de la gobernanza y de preservar las normas de la Unión en materia de elaboración de normas transparentes, inclusivas y eficaces, tal como se establece en el Derecho de la Unión.

En cuanto a la ética y la integridad, en 2024 dos investigaciones nos llevaron a formular recomendaciones a la Comisión para prevenir los conflictos de intereses de los viajes de trabajo del personal y reforzar las normas para los expertos externos que evalúan los proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Me complace que la Comisión haya realizado mejoras en ambos ámbitos.

También cabe señalar una iniciativa estratégica sobre el uso del patrocinio por parte de las Presidencias del Consejo. Si bien se acogen con satisfacción los esfuerzos del Consejo por aplicar sus orientaciones, persisten algunas preocupaciones, en particular en lo que respecta a los posibles conflictos de intereses.

Por último, una investigación sobre los procedimientos de la Comisión para autorizar sustancias químicas especialmente peligrosas, destinadas a proteger a las personas y el medio ambiente, puso de manifiesto que las decisiones tomaban una media de catorce meses y medio, a veces varios años, dejando sustancias peligrosas en el mercado.

Insté a la Comisión a que mejorara sus procedimientos. Lamentablemente, mis recomendaciones no se aplicaron y la investigación se cerró con una constatación de mala administración. Mi Oficina seguirá vigilando esta cuestión.

Honorables miembros del Parlamento,

Mirando hacia atrás, las tendencias que observamos en 2024 persistieron en 2025.

Las instituciones se enfrentan a una doble presión: demandas internas sobre la capacidad y la supervivencia, y preocupación social por la exclusión, la opacidad o una percepción de falta de rendición de cuentas.

Esto exige una recalibración consciente de la gobernanza en consonancia con la identidad institucional de la Unión, tal como se prevé en los Tratados.

Vivimos en un espacio administrativo europeo común cada vez mayor, con intereses y retos más compartidos. Garantizar la confianza en nuestras instituciones requiere un diálogo continuo, constructivo y creíble. Diálogo como el que estamos teniendo hoy.

Como defensora del pueblo europea, estoy en una posición única para garantizar este diálogo, uniendo instituciones y ciudadanos, y garantizando que la transparencia, la participación y la rendición de cuentas sigan siendo valores rectores que hacen que nuestra Unión sea fuerte, fiable y duradera.

Gracias.

Declaración de clausura

Señorías del Parlamento Europeo,

Gracias por las intervenciones y el animado debate sobre estos importantes temas.

Reflejan las preocupaciones reales que muchos europeos sienten hoy en un mundo que cambia rápidamente. Al escuchar estas preocupaciones y responder con honestidad, equidad y empatía, fortalecemos la buena administración y promovemos la buena gobernanza en nuestra Unión.

En mi audiencia para convertirme en Defensora del Pueblo Europea, asumí un compromiso claro: construir una relación sólida y constructiva con este Parlamento.

Hoy quiero reafirmar ese compromiso, con una relación basada en el respeto mutuo y que continuaré profundizando en los próximos cuatro años.

Como muchos de ustedes saben, ya he dado pasos concretos en esa dirección: reunirse con diputados de todo el espectro político y entablar debates con la Comisión de Peticiones y otras comisiones parlamentarias.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) discutimos la toma de decisiones urgente y la necesidad de un Derecho administrativo de la UE sólido.

En la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) nos centramos en el Estado de Derecho en la Unión Europea.

Y en la Comisión de Salud Pública (SANT) intercambiamos puntos de vista sobre el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria transfronteriza.

Estos intercambios son importantes. No son solo formalidades.

También reflejan una creencia más profunda: los retos a los que nos enfrentamos van mucho más allá de cuestiones jurídicas limitadas. Tocan el centro de mi mandato -promover la buena administración a través de la equidad, la transparencia y la capacidad de respuesta- y hacen del Defensor del Pueblo un verdadero guardián de la ciudadanía europea.

Aquí es donde entra en juego el poder blando del Defensor del Pueblo. Arraigada en la independencia, la imparcialidad y un razonamiento sólido, crea un espacio para que las instituciones se comprometan de manera constructiva con las preocupaciones de los ciudadanos. Al hacerlo, refuerza la resiliencia contra la desinformación y las narrativas antidemocráticas, y reconstruye la confianza en el contrato social.

Es por eso que priorizamos las quejas individuales y nos centramos en relaciones positivas y orientadas a la solución con todas las partes interesadas europeas, más allá de Bruselas y Estrasburgo.

Durante los últimos doce meses, visité Polonia, España, Malta y los Países Bajos para reunirme con agencias, defensores del pueblo nacionales, representantes locales y nacionales, la sociedad civil, académicos y estudiantes.

Estas reuniones hacen más que reforzar la cooperación o sensibilizar a la opinión pública. Hacen que la UE sea más visible y más cercana a las personas a las que sirve.

La creación de asociaciones sólidas a nivel nacional, regional y local es esencial. Formamos parte cada vez más de un espacio administrativo europeo compartido, que se enfrenta a retos y oportunidades comunes. Al trabajar juntos, creamos poderosas sinergias que benefician a todos los involucrados.

Pero la magnitud de estos desafíos me recuerda que dirijo una pequeña institución con un mandato muy grande. Es por eso que mi Estrategia enfatiza la excelencia operativa, asegurando que trabajemos de manera eficiente, fortalezcamos la capacidad de gestión y ofrezcamos resultados con el máximo impacto.

Ya nos estamos adaptando a la evolución de las demandas: reforzar nuestras capacidades de IA y garantizar que los avances tecnológicos vayan acompañados de salvaguardias sólidas.

Estos rápidos avances digitales, de hecho, brindan oportunidades, pero también desafíos, incluido el número récord de reclamaciones del año pasado. Una realidad que nos llevó a reflexionar sobre si nuestros recursos se ajustan plenamente a nuestro mandato, tal como se establece en el Estatuto del Defensor del Pueblo.

Confío en que el Parlamento seguirá apoyándonos, reconociendo que invertir en esta Oficina es una inversión en los cimientos de la democracia europea y en la confianza de todos los ciudadanos.

Señorías,

Después de un año en el cargo, está claro que la confianza no requiere resultados que siempre coincidan con las expectativas. Lo que importa es que las preocupaciones se tomen en serio, se comuniquen honestamente y se aborden de manera confiable, porque al final del día los ciudadanos no quieren excusas, quieren soluciones.

Aprovechemos los primeros doce meses de mi mandato y sigamos trabajando juntos para reforzar nuestra Unión, empoderar a nuestros ciudadanos y defender los valores que nos unen.