Presidente, Señorías, gracias por esta oportunidad de dirigirse al Parlamento por primera vez desde la histórica ampliación de la Unión Europea y de presentar el informe anual del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente a 2003.

Asumí mis funciones como Defensor del Pueblo el 1 de abril de 2003, tras la jubilación del primer Defensor del Pueblo, el Sr. Jacob Söderman. Por lo tanto, este informe cubre sus últimos 3 meses en el cargo, así como mis primeros 9 meses de trabajo.

Me gustaría rendir homenaje a Jacob Söderman por su excelente trabajo y sus muchos logros en nombre de los ciudadanos europeos, el principal de los cuales es la creación del Defensor del Pueblo Europeo como una institución eficaz, dinámica y respetada, que promueve la apertura, la rendición de cuentas y la buena administración.

También me gustaría rendir homenaje a la Comisión saliente por todo su trabajo constructivo en favor de los ciudadanos durante su mandato, y agradecer especialmente a la Vicepresidenta Loyola De Palacio su colaboración y apoyo. Espero con interés trabajar con la vicepresidenta designada Margot Wallström, con quien espero encontrarme pronto en su nuevo cargo.

Señorías, el informe anual de 2003 recoge los progresos realizados por la institución del Defensor del Pueblo Europeo en la tramitación de las reclamaciones, el fomento de una buena administración y su mejor conocimiento por parte de los ciudadanos; incluyendo, entre otras cosas, los esfuerzos realizados para preparar a la institución para la ampliación, equipándola para llegar a los ciudadanos de 25 Estados miembros en las 21 lenguas del Tratado.

En 2003, el número total de denuncias recibidas fue de 2.436, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el año anterior. En casi el 70% de los casos tramitados durante 2003, se prestó ayuda al denunciante iniciando una investigación sobre el caso, transfiriéndolo a un órgano competente o dando consejos concretos sobre a dónde acudir para encontrar una solución rápida y eficaz.

Como ya indiqué al comparecer ante la Comisión de Peticiones en abril de este año, la tendencia al alza de las denuncias continúa. En los primeros diez meses de 2004, ha habido un aumento sin precedentes del 54%, en comparación con el mismo período del año pasado.

Confío en que este aumento de las denuncias no refleje un empeoramiento del comportamiento administrativo de las instituciones europeas, sino más bien una mayor conciencia de los ciudadanos sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos.

Con el apoyo y el aliento de los diputados a esta Cámara, hemos hecho grandes esfuerzos en los últimos años para sensibilizar a los ciudadanos sobre su derecho a quejarse. Estoy convencido de que estos esfuerzos han contribuido al mayor uso que se está haciendo de nuestros servicios y me ha alentado ver que el excelente informe del señor De Rossa reconoce estos esfuerzos.

En 2003 se adoptaron 180 decisiones por las que se archivaban los casos a raíz de investigaciones. En el 47% de los casos, la investigación no reveló mala administración. Tal conclusión no siempre es negativa para el denunciante, que al menos tiene el beneficio de una explicación de la institución u organismo en cuestión sobre sus acciones.

En el 28% de los casos, la investigación dio lugar a que la institución interesada resolviera el caso a plena satisfacción del denunciante o a una solución amistosa. Cuando no era posible llegar a una solución amistosa, el caso se archivaba con una observación crítica o se formulaba un proyecto de recomendación.

En 2003 se formularon nueve nuevos proyectos de recomendación, uno de los cuales llevó al Consejo a ponerse en consonancia con el Parlamento y la Comisión, dando a los candidatos de las oposiciones de contratación acceso a sus propios guiones de examen marcados.

Si una institución u órgano no coopera, puedo someter el asunto a esta Cámara en un informe especial. Me complace señalar que no vi la necesidad de presentar un informe especial sobre ninguno de los casos cerrados durante 2003.

En 2003 se iniciaron cinco nuevas investigaciones por iniciativa propia, incluida una investigación sobre la integración de las personas con discapacidad, en particular en lo que respecta a las medidas para garantizar que no sean discriminadas en sus relaciones con la Comisión.

Dos investigaciones de propia iniciativa se cerraron con resultados positivos durante el año. Una de ellas llevó a la Comisión a modificar sus procedimientos de licitación, dando tiempo a los licitadores no seleccionados para impugnar las decisiones de adjudicación de contratos.

Poco del éxito de los ciudadanos podría haberse logrado sin la cooperación activa de otras instituciones para responder a las quejas de manera rápida, completa y correcta. El informe de 2003 contiene muchos ejemplos de la pronta adopción de medidas por parte de las instituciones para resolver los casos señalados a su atención y de la respuesta positiva a las propuestas y recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Cuando me dirijo personalmente a los miembros y funcionarios de las instituciones y órganos de la UE, como hice ocho veces en 2003, quiero subrayar el valor de reaccionar con prontitud y de manera constructiva a las reclamaciones. De esta manera, me gustaría pensar que el Defensor del Pueblo puede ser visto como una valiosa fuente de información para todas las instituciones que desean mejorar la calidad de su administración. El objetivo final para todos nosotros debe ser garantizar el mejor servicio posible al ciudadano.

En la actualidad existen instituciones del Defensor del Pueblo y órganos similares a nivel nacional en toda la Unión Europea, incluidos todos los nuevos Estados miembros.

La única excepción es Italia.

La cooperación con estas instituciones, y con sus equivalentes regionales, desempeña un papel vital en la mejora del servicio a los ciudadanos a través del intercambio de información y experiencias, a través de la transferencia de quejas entre los niveles europeo, nacional y regional, y a través del suministro de información a los ciudadanos sobre sus derechos en virtud de la legislación europea y sobre cómo ejercer y defender esos derechos.

La red de cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y los defensores del pueblo nacionales y regionales de toda Europa, que comprende unas noventa oficinas en treinta países, se reforzó e intensificó en 2003 con cuatro reuniones de alto nivel en Atenas, Valencia, Varsovia y Estrasburgo. Esta cooperación se refuerza mediante iniciativas periódicas de comunicación del Defensor del Pueblo Europeo.

Cuando asumí el cargo en abril de 2003, me comprometí a ponerme en contacto con los ciudadanos de todos los Estados miembros para informarles mejor sobre el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. Por lo tanto, visité muchos Estados miembros durante 2003 y, para el 1 de mayo de 2004, había visitado los diez países candidatos a la adhesión.

A lo largo de estas visitas me reuní con defensores del pueblo nacionales y regionales, altos funcionarios gubernamentales y miembros del poder judicial, y presenté mi trabajo a organizaciones no gubernamentales, cámaras de comercio, universidades, prensa y representantes de la UE.

Las encuestas periódicas del Eurobarómetro sugieren que estas visitas promueven efectivamente el conocimiento del Defensor del Pueblo Europeo, que a menudo aumenta después de que se ha llevado a cabo una visita. Las visitas al sitio web del Defensor del Pueblo tienden a confirmarlo. El fuerte aumento en el número de quejas -y, de hecho, el número de quejas admisibles- lo corrobora aún más.

Estas visitas de información complementan las actividades periódicas de prensa y comunicación del Defensor del Pueblo Europeo, que, durante 2003, incluyeron más de ochenta discursos del Defensor del Pueblo y del personal de la institución y un comunicado de prensa por término medio cada nueve días laborables.

Dado el aumento de la carga de trabajo de la institución en términos de tramitación de reclamaciones, actividades de comunicación y enlace con los defensores del pueblo nacionales y regionales en una Europa ampliada, propuse un aumento de los recursos para la institución en el presupuesto para 2005. Deseo expresar mi gratitud al Parlamento por haber respondido positivamente a ese llamamiento, permitiéndome así seguir sirviendo eficazmente a los ciudadanos.

Me gustaría dar las gracias a los miembros de la Comisión de Peticiones por su apoyo y sus propuestas constructivas, tal como figuran en el informe del señor De Rossa, y dejar constancia de mi agradecimiento por el trabajo y la contribución positiva de la Comisión de Peticiones en el Parlamento anterior, y de su entonces presidente, el señor Vitaliano Gemelli.

Muchas de las cuestiones identificadas en el presente informe tendrán que ser abordadas por las instituciones, incluido, entre otras cosas, el acceso a los documentos, el procedimiento de infracción y el Estatuto del Defensor del Pueblo. Pero permítanme reaccionar a algunos que me preocupan directamente como Defensor del Pueblo.

En primer lugar, no debemos subestimar la importancia de la transparencia para ganar la confianza de los ciudadanos. Como señala acertadamente el informe De Rossa, todavía hay margen de mejora, como lo demuestra el hecho de que la falta o denegación de información sigue representando la mayor proporción de reclamaciones admisibles ante mi Oficina.

La semana pasada, en respuesta a una queja de un diputado de esta Cámara, pedí al Consejo que revisara su negativa a decidir reunirse públicamente siempre que actúe en su capacidad legislativa. La Constitución para Europa prevé que el Consejo se reúna en público cuando examine y vote un proyecto de acto legislativo, pero seguramente los ciudadanos no deberían tener que esperar hasta que la Constitución entre en vigor para este avance básico de apertura. Creo firmemente que deliberar a puerta cerrada sobre cuestiones que afectan a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos es algo que no podemos defender razonablemente, especialmente ahora que todos los Estados miembros han firmado solemnemente el texto de la Constitución.

Me alegró ver que el informe De Rossa hace hincapié en la importancia del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Este Código desarrolla elementos cruciales de apertura, como proporcionar razones para las decisiones y tener una mentalidad de servicio y ser accesible en las relaciones con el público. También lamento que todas las instituciones y órganos todavía no apliquen plenamente el Código, pero espero que la Comisión entrante se base en los compromisos de Madame De Palacio y comience a trabajar rápidamente hacia una Ley Administrativa Europea, tal como se prevé en la Constitución para Europa.

En segundo lugar, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo. Con el fin de mantener la confianza en la institución, el Defensor del Pueblo debe poder investigar las reclamaciones que los ciudadanos le encomiendan de la manera más exhaustiva y rigurosa posible. Durante esta legislatura, espero tener la oportunidad de volver a examinar la cuestión del Estatuto, en particular sobre las cuestiones planteadas por el Relator sobre el acceso del Defensor del Pueblo a los documentos y la audiencia de testigos.

En tercer lugar, sobre el refuerzo de la cooperación con la Comisión de Peticiones. Esto es algo que estoy ansioso por desarrollar. En respuesta directa a la sugerencia del informe De Rossa, sólo veo ventajas en que el Comité se convierta en un miembro plenamente integrado de la red europea de defensores del pueblo y organismos similares. Esta red ha demostrado ser una herramienta vital para la gestión eficaz de las reclamaciones y el intercambio de buenas prácticas. Seguiremos reforzando la red, con el objetivo último de garantizar que los derechos previstos en el Derecho de la UE se conviertan en una realidad cotidiana para los ciudadanos. Por lo tanto, me complacería que la Comisión participara plenamente en esta iniciativa. Con el acuerdo del Parlamento, velaré por que mi Oficina adopte las disposiciones prácticas en un futuro muy próximo para aplicar esta propuesta.

Señorías, el próximo año el Defensor del Pueblo Europeo celebrará sus primeros diez años de existencia.

Creo sinceramente que las relaciones de buena voluntad, confianza y comprensión que se han establecido a lo largo de este tiempo proporcionan una base excelente para seguir mejorando la calidad de la administración en beneficio de los ciudadanos. El Parlamento Europeo y su Comisión de Peticiones son socios vitales para el Defensor del Pueblo Europeo a este respecto.

Espero con interés una colaboración cada vez más estrecha entre nuestras instituciones en el futuro y les agradezco su atención.