Señorías del Parlamento Europeo,

Buenas tardes.

Es un placer volver a la Comisión PETI, esta vez no solo como candidata, sino como nueva defensora del pueblo europea.

También me siento profundamente honrado de asumir este papel en un momento tan significativo: el 30.o aniversario de la Defensoría del Pueblo. Estamos planificando un acto conmemorativo especial en Estrasburgo, y espero poder compartir más detalles con todos ustedes en los próximos meses.

Esta comisión, al igual que el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo, desempeña un papel fundamental a la hora de acercar la Unión Europea a sus ciudadanos.

Al escuchar las preocupaciones de las personas y responder a sus quejas con transparencia, equidad y empatía, ayudamos a reforzar la democracia participativa y a promover la buena gobernanza, más importante que nunca en el contexto geopolítico actual: marcado por un cambio rápido, una toma de decisiones cada vez más compleja y la aparición de nuevos ámbitos políticos sensibles, a menudo introducidos con un sentido de urgencia.

Antes de presentar algunos aspectos destacados del informe anual de 2024 de mi Oficina, permítanme compartir primero algunas de mis prioridades para el futuro.

Actualmente estoy trabajando en una nueva estrategia para la Oficina, basada en tres pilares principales. Muchos de ustedes recordarán que los esbocé brevemente durante mi audiencia con esta comisión y de nuevo en mi declaración jurada ante el Tribunal de Justicia.

El primer pilar consiste en escuchar verdaderamente a los ciudadanos y abordar sus reclamaciones.

Al priorizar las preocupaciones individuales, generamos confianza en la administración de la UE y animamos a más personas a colaborar con nosotros.

Ayudar a las personas a resolver sus problemas está en el corazón mismo de lo que hacemos.

Mi objetivo es hacer que este proceso sea más accesible, más eficiente y más receptivo, especialmente para los grupos infrarrepresentados y los más vulnerables.

El segundo pilar se centra en el uso estratégico de nuestras competencias de iniciativa, lo que nos permite actuar de forma proactiva cuando surgen retos sistémicos o emergentes dentro de la administración de la UE.

Para desarrollar o alcanzar soluciones efectivas, a veces necesitamos dar un paso atrás: examinar cuidadosamente tanto los marcos legales y éticos existentes como las realidades de cómo funcionan las cosas en la práctica.

Esta comprensión equilibrada nos permite sacar conclusiones sólidas que realmente pueden mejorar la buena administración.

En consonancia con este enfoque, recientemente he iniciado una investigación de oficio sobre las puertas giratorias.

Investigaremos cómo se gestiona esta cuestión en toda la administración de la UE, desde las instituciones y órganos de Bruselas y Estrasburgo hasta las agencias de todos los Estados miembros.

La transparencia y la integridad ocupan un lugar destacado en mi agenda, y me comprometo a hacer de esta Oficina una institución de referencia confiable y autorizada en estas cuestiones críticas, no solo a través de esta investigación, sino como una prioridad estratégica a largo plazo.

Por último, el tercer pilar se refiere a la creación de asociaciones sólidas.

Ayudar a los ciudadanos es una responsabilidad compartida y, para ser verdaderamente eficaces, debemos fomentar el diálogo continuo y la cooperación estrecha.

Esto comienza con el mantenimiento de relaciones sólidas y positivas con todas las partes interesadas europeas pertinentes, prestando especial atención al Parlamento Europeo, pero también significa ir más allá de Bruselas y Estrasburgo. Es esencial establecer asociaciones sólidas con los defensores del pueblo nacionales y regionales, la sociedad civil y el mundo académico.

Formamos parte cada vez más de un espacio administrativo europeo común, que se enfrenta a retos y oportunidades compartidos. Al unir fuerzas, podemos crear poderosas sinergias que beneficien a todos los involucrados.

En consonancia con este enfoque, he comenzado a extenderme más allá de las instituciones básicas de la UE. Recientemente visité Polonia, donde me reuní con el director general de la agencia de la UE Frontex, el Defensor del Pueblo polaco, el ministro de Justicia, ONG y académicos.

Estas reuniones hacen más que fortalecer la cooperación o crear conciencia.

También ayudan a que la UE sea más visible —y más identificable— para las personas a las que sirve, lo que forma parte de mi compromiso más amplio: garantizar que se escuchen las voces de toda Europa.

Al igual que hace aquí en la Comisión PETI, dando a los peticionarios la oportunidad de presentar sus casos directamente.

Pero esto es solo una visión general de mis planes, y espero compartir la estrategia completa con ustedes pronto.

Pasando al propio informe anual, la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó 2264 reclamaciones en 2024 e inició 415 investigaciones.

Añadiré que, hasta la fecha para 2025, ya hemos visto un aumento en el número de quejas.

La transparencia y la rendición de cuentas (incluido el acceso a los documentos) representaron el mayor porcentaje de todas las reclamaciones el año pasado, de hecho, algo más de dos quintas partes.

Dado su importante papel en la configuración de las políticas y la legislación de la UE, la mayoría —65 %— de las investigaciones se referían a la Comisión Europea.

Mientras tanto, la tasa de aceptación de nuestras propuestas de soluciones, sugerencias y recomendaciones se situó en el 82 % en 2023.

Esta última estadística siempre se retrasa un año porque damos a las instituciones hasta seis meses para el seguimiento.

Permítanme abordar un par de temas clave del año pasado que siguen siendo importantes en 2025.

El acceso a los documentos es un tema central.

Los largos retrasos en el tiempo que tarda la Comisión en revisar las decisiones de acceso iniciales (solicitudes confirmatorias) son un gran problema. Cuando se toma una decisión, los documentos solicitados ya no pueden ser útiles cuando se trata de participación democrática, periodismo o investigación.

En marzo de 2024, este Parlamento aprobó por unanimidad un informe especial de mi predecesor instando a la Comisión a abordar urgentemente estos retrasos. Permítame una vez más darle las gracias por su apoyo al abordar esta importante cuestión.

En 2024, mi Oficina también concluyó una investigación por iniciativa propia sobre la forma en que el Consejo y la Comisión tramitan las solicitudes de acceso público a documentos legislativos.

Constatamos que las dos instituciones tienden a aplicar las excepciones en virtud de las normas de acceso de la UE a los documentos de manera demasiado amplia, y algunos de sus argumentos ya han sido desestimados por el Tribunal de Justicia, por ejemplo, la alegación de que la divulgación podría dar lugar a presiones externas o a una mala interpretación pública.

Sobre esta base, pedimos a las instituciones que garantizaran la divulgación oportuna de los documentos legislativos en el futuro, subrayando que la transparencia debe ser la norma, con denegaciones reservadas estrictamente a circunstancias excepcionales.

Permítanme señalar también que necesitamos más claridad y previsibilidad sobre cómo se maneja el acceso a los documentos en general, especialmente en lo que respecta a las tecnologías digitales y los nuevos modos de comunicación, tanto para los ciudadanos como para las instituciones.

Resolver parte de la incertidumbre en torno a esta cuestión es una parte clave de mi trabajo como Defensora del Pueblo, pero también puede ser necesario revisar las normas y procedimientos de acceso actuales en algún momento.

Otro tema clave de 2024 fue la participación en la toma de decisiones: cómo garantiza la administración de la UE que sus decisiones reflejen una diversidad de puntos de vista de la sociedad civil, los diferentes sectores económicos y los ciudadanos.

Por ejemplo, abrimos una investigación sobre el funcionamiento de la Comisión en relación con las propuestas legislativas «urgentes».

Esto se produjo a raíz de una queja de organizaciones medioambientales que tenían dudas sobre cómo había preparado una propuesta de modificación de la política agrícola común. En concreto, las organizaciones cuestionaron si se había consultado adecuadamente al público y si la Comisión había examinado suficientemente cómo afectaban los cambios a la sostenibilidad medioambiental de la agricultura de la UE.

También hemos recibido este año denuncias similares relacionadas con otra legislación de la UE.

Permítanme ser claro: si bien mi Oficina examina esta cuestión principalmente a través de un enfoque procedimental, dista mucho de ser simple, ya que es fundamental para el funcionamiento de las sociedades democráticas.

Si las personas comienzan a sentir que no tenían la capacidad de participar, o que ciertas voces fueron priorizadas sobre otras, de una manera no predecible y arbitraria, existe un riesgo real de que comiencen a desconfiar tanto de las decisiones tomadas como de las instituciones responsables.

La claridad y la transparencia son esenciales.

Y para finalizar, antes de pasar a sus preguntas, quiero hacer hincapié en que el trabajo vital de mi Oficina —y mi visión de profundizar la equidad, la integridad y la confianza dentro de la administración de la UE— depende de contar con los recursos necesarios.

El Estatuto del Defensor del Pueblo garantiza con razón un presupuesto adecuado para proteger nuestra independencia y capacitarnos para cumplir nuestra misión de manera efectiva.

Mientras miramos hacia las negociaciones presupuestarias de 2026, tengo la esperanza de que el Parlamento nos apoye, reconociendo que invertir en esta Oficina es invertir en los cimientos mismos de la democracia europea.

Gracias sinceramente por su continuo apoyo y asociación.