Por lo que se refiere a la supuesta falta de recursos humanos suficientes, el Defensor del Pueblo considera que, de conformidad con los principios de buena administración, las instituciones de la Unión tienen el deber de garantizar que prestan sus diversos servicios con recursos suficientes para cumplir las tareas que se les han encomendado. Por lo tanto, si se determina que el largo tiempo que tardó el BEI en finalizar su evaluación de la reclamación se debió no solo a la complejidad de las cuestiones planteadas o a la necesidad de entablar un diálogo con una serie de partes interesadas, sino principalmente a la falta de recursos suficientes en el servicio pertinente, esto podría constituir un caso de mala administración.