El concepto de buena administración es, sin embargo, más amplio que el concepto de legalidad. Si bien no era ilegal que la OLAF transfiriera sus conclusiones a las autoridades del Reino Unido sin conceder al reclamante un derecho formal a ser oído, esto no implica automáticamente que la OLAF no debería haber informado al reclamante, de conformidad con los principios de buena administración, de las alegaciones en su contra y de las pruebas que respaldan dichas alegaciones, antes de finalizar su posición sobre dichas alegaciones y pruebas. El Defensor del Pueblo considera que, al someter sus conclusiones al control y la impugnación, la OLAF puede aumentar su seguridad y validez.