El presente asunto se refiere al comportamiento de un funcionario que trabaja para un organismo comunitario. En la medida en que el comportamiento de dicha persona pueda atribuirse a su función oficial, puede ser objeto de una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo dirigida contra la institución u organismo comunitario para el que trabaja este agente. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no puede tramitar las reclamaciones relativas al comportamiento de dicho agente si este último actúa a título privado.