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OI/4/2012/CK

Como ha subrayado en repetidas ocasiones el Defensor del Pueblo, la buena administración exige que se entienda que el derecho de acceso del público a los documentos se refiere no solo a la necesidad de que las instituciones, órganos y organismos de la UE traten correctamente las solicitudes de acceso del público a los documentos, sino también al requisito de que la información y los documentos se pongan fácilmente a disposición del público de forma proactiva.

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