Estimada presidenta:

Señorías del Parlamento Europeo,

Gracias por invitarme a este importante y tópico debate. Siempre es un honor venir a este Parlamento. Creo firmemente que nuestro diálogo estructurado y, lo que es aún más importante, nuestros esfuerzos comunes tienen un impacto positivo concreto a la hora de cerrar la brecha entre los ciudadanos europeos y la Unión Europea. El debate de hoy —y su seguimiento adecuado— es un muy buen ejemplo.

Hace casi exactamente un año, me senté ante esta Comisión. En ese momento, nuestras investigaciones sobre la forma en que la Comisión preparó la legislación urgente todavía estaban en curso, y solo podía decirles lo que estábamos examinando. Hoy vuelvo para contarles lo que hemos encontrado, lo que ha respondido la Comisión y lo que queda por hacer.

Esta práctica importa. La rendición de cuentas no es un solo momento. Es una conversación que continúa. Regresar aquí, año tras año, para dar cuenta de nuestro trabajo y escuchar el suyo es cómo dos instituciones al servicio de los mismos ciudadanos convierten el diálogo en seguimiento.

En un momento, compartiré mi punto de vista sobre la mejora de la legislación como defensora del pueblo europea. Como sabrán, mi Oficina ha recibido varias denuncias relacionadas con la forma en que la Comisión Europea preparó propuestas legislativas recientes. También hemos llevado a cabo varias investigaciones y presentado propuestas concretas para mejorar las prácticas legislativas de la Comisión.

Pero antes de entrar en detalles, permítanme referirme brevemente al papel de mi institución en lo que respecta a cómo se toman las decisiones de la UE y cómo se proponen las leyes de la UE.

Veo a mi Oficina como un puente entre los ciudadanos y su administración de la UE. En resumen, estamos aquí para garantizar que la administración trate a todos los ciudadanos de manera justa y respete todos sus derechos.

En una democracia, uno de esos derechos es el derecho a participar, a tener voz en las normas y reglamentos que nos afectan.

Por supuesto, la democracia no se limita a las elecciones. Los europeos quieren participar en el propio proceso de toma de decisiones, especialmente cuando esas decisiones se refieren a sus medios de subsistencia, su salud, su seguridad o sus valores.

Cada vez más, la gente espera no sólo tener voz en quién los gobierna, sino también en cómo están siendo gobernados.

Sin embargo, al igual que los ciudadanos se están moviendo en esta dirección, una serie de crisis globales superpuestas amenazan con tirar de sus instituciones públicas hacia otro lado. Las presiones geopolíticas y económicas conducen cada vez más a una toma de decisiones acelerada, a una mayor centralización y a la priorización de la velocidad sobre el proceso.

Permítanme decir que reconozco la presión que sufre todo el marco institucional —la Comisión, pero también esta Cámara y el Consejo— para responder a los numerosos retos a los que se enfrenta la UE. Desde mi punto de vista, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones también se enfrentan a la misma incertidumbre y sienten la misma ansiedad: este es un momento que exige adaptación.

Pero este instinto bastante comprensible de acelerar cuando el mundo está cambiando rápidamente podría tener consecuencias si no encontramos un nuevo equilibrio.

En particular, corre el riesgo de crear una brecha de legitimidad entre lo que los ciudadanos quieren que haga su administración pública y lo que esa administración termina haciendo. Y si esta brecha no se aborda, no solo socavará la eficacia de las políticas, sino que también erosionará los cimientos de la confianza y la inclusión en los que se basa nuestra democracia.

Parte de mi papel como Defensora del Pueblo es precisamente garantizar que la administración de la UE no se desvíe de las normas legislativas que protegen la democracia participativa; garantizar que no abandone los procedimientos y procesos que fomentan la legitimidad y promueven la confianza ciudadana.

Esto no significa que mi Oficina vaya a investigar la política en sí. Permítanme ser muy claro: el Defensor del Pueblo se centra exclusivamente en los procedimientos. Analizamos la preparación de una política para garantizar que sea suficientemente transparente, basada en datos contrastados e inclusiva: tres pilares del proyecto europeo. No cuestionamos los méritos de la simplificación legislativa.

En los últimos dos años, mi Oficina ha llevado a cabo tres investigaciones notables relacionadas con la forma en que la Comisión aplicó sus propias normas de mejora de la legislación al preparar propuestas legislativas que consideró urgentes.

Estas investigaciones fueron el resultado de las quejas que nos enviaron las organizaciones de la sociedad civil. Alegaron que la Comisión no había llevado a cabo las consultas públicas y las evaluaciones de impacto necesarias para las propuestas de simplificación de las normas de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas (ómnibus I), para los cambios en la política agrícola común de la UE y para las nuevas normas de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

Dado que los problemas de cada investigación eran similares, el Tribunal decidió publicar conclusiones conjuntas. En ellos, identificamos deficiencias procedimentales que, consideradas en su conjunto, equivalían a mala administración.

Estas deficiencias incluyen, en particular, que la Comisión no justifique plenamente la urgencia de sus propuestas legislativas al público, así como que no documente su razonamiento para desviarse de las normas de mejora de la legislación para la elaboración de leyes.

Si bien estas cuestiones se referían a los tres procesos legislativos, también encontramos problemas específicos para cada uno de ellos.

Por ejemplo, en el caso de la política agrícola común, la Comisión publicó un documento con pruebas que respaldaban su propuesta legislativa solo después de que la legislación ya hubiera sido aprobada. En cuanto a Ómnibus I, la Comisión redujo el tiempo de consulta entre sus propios servicios a menos de veinticuatro horas durante un fin de semana.

El Tribunal formuló una serie de recomendaciones y sugerencias para garantizar una aplicación más previsible, coherente y no arbitraria de las normas de mejora de la legislación en el futuro. Por ejemplo, recomendamos que la Comisión definiera formalmente el concepto de «urgencia» y registrara y explicara exhaustivamente las decisiones que toma para eximir a determinadas propuestas de los requisitos habituales de elaboración de normas.

Quiero subrayar aquí que decidir que una propuesta es «urgente» no es solo una cuestión técnica o semántica. Como vimos en estos casos, esta distinción se utiliza cada vez más para dejar de lado elementos clave del proceso legislativo normal, como la realización de consultas públicas y evaluaciones de impacto, elementos que ayudan a garantizar que la legislación de la UE esté bien informada y que la legislación de la UE sea participativa.

El deber de consultar ampliamente no es una directriz. Es una obligación del Tratado. Incluso la propia excepción de urgencia del Tratado requiere una justificación.

Además, también recomendamos que la Comisión estableciera un procedimiento para garantizar que la preparación urgente de propuestas legislativas, cuando se produzca, siga cumpliendo los principios de una legislación transparente, basada en pruebas e inclusiva.

El respeto de estos principios no es un objetivo institucional abstracto. Se trata de una demanda concreta -y estructural- de los responsables de la toma de decisiones, en particular de la institución que ostenta el derecho de iniciativa. Este Parlamento, como representante de los ciudadanos europeos, no solo está llamado a decidir sobre la futura legislación; también tiene derecho a conocer todas las circunstancias que justifican cada iniciativa.

Esto también es importante para los principios fundamentales de su informe. Los Parlamentos nacionales disponen de ocho semanas para evaluar si una propuesta respeta la subsidiariedad. Solo pueden hacerlo sobre la evidencia colocada ante ellos. Cuando se omite una evaluación de impacto y el análisis de apoyo llega meses después, ese control se debilita antes de comenzar. Un buen procedimiento no está separado de la subsidiariedad y la proporcionalidad; es su condición previa.

La respuesta de la Comisión a nuestras conclusiones fue constructiva en general, pero no muy concreta. Las medidas que dijo que se proponía adoptar se describían en términos generales y a menudo carecían de detalles.

Como saben, la Comisión también publicó una Comunicación sobre cómo tiene previsto reformar sus normas para la mejora de la legislación. Al sacar conclusiones finales, también examinamos este documento. Constatamos que tampoco contiene información suficiente sobre si se respetarán los principios de buena legislación en situaciones urgentes y si la Comisión aplicará plenamente nuestras recomendaciones y sugerencias.

Por ejemplo, uno de los parámetros que la Comisión ha citado para evaluar la necesidad de una acción urgente es el «contexto político». En nuestra opinión, esto es demasiado vago. También plantea la posibilidad de que la búsqueda de objetivos políticos por sí sola pueda justificar el uso de procedimientos urgentes. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de que la legislación urgente de la UE se convierta en la norma y no en la excepción.

La Comisión se ha comprometido públicamente a mejorar su aplicación de las directrices para la mejora de la legislación y ha declarado que dos propuestas «ómnibus» de simplificación presentadas tras nuestra investigación y su Comunicación ya aplican estos nuevos principios, incluida una evaluación de impacto y una evaluación del Comité de Control Reglamentario.

En general, el carácter general de la respuesta de la Comisión nos impide actualmente determinar si las futuras propuestas legislativas urgentes serán el resultado de un proceso suficientemente transparente, inclusivo y basado en pruebas.

Por lo tanto, mi intención es seguir supervisando cómo gestiona la Comisión la legislación urgente y cómo sigue sus normas de mejora de la legislación.

Aparte de la elaboración urgente de leyes, mi Oficina sigue recibiendo quejas sobre los procedimientos de adopción de decisiones en la Comisión. Recientemente, abrí una investigación para examinar cómo garantiza la Comisión Europea que sus reuniones de «verificación de la realidad» con las partes interesadas cumplan los requisitos de transparencia. Esta investigación está en curso, y no puedo anticipar en este momento nuestras conclusiones, pero muestra cómo la democracia participativa es muy actual hoy en día.  

Permítaseme hacer una sugerencia concreta: que su informe invite a la Comisión a informar al Parlamento sobre cómo ha aplicado estas recomendaciones una vez revisadas sus normas para la mejora de la legislación.

Señorías,

Permítanme concluir con un último pensamiento.

Nuestro mundo de hoy es uno de rápidos cambios y convulsiones.

Tiempos como estos no pueden dejar de poner a prueba los límites de nuestras formas tradicionales de gobierno: la elaboración de normas abiertas, deliberativas e inclusivas. Existe una tentación cada vez mayor de encontrar atajos y esquinas cortadas; Parchear rápidamente la vieja estructura en lugar de construir nuevos cimientos.

Reconozco que debemos adaptarnos. Pero debemos encontrar formas de hacerlo que no comprometan nuestros valores ni pongan en peligro nuestro compromiso con la democracia participativa. Debemos demostrar a los ciudadanos que la legislación de la UE puede ser a la vez ágil e inclusiva. Las leyes que creemos serán mejores no a pesar de las reglas, sino por ellas. Y nuestra unión será más fuerte.

Espero volver el próximo año, una vez que se hayan aplicado en la práctica las normas revisadas para la mejora de la legislación, y decirles si se han cumplido los compromisos.

Gracias. Espero con interés cualquier pregunta que pueda tener.