Estimado Presidente, Señorías:

Gracias por invitarme a esta comisión. Es un privilegio estar aquí hoy. Esta es una gran oportunidad, no solo para presentar el trabajo de mi Oficina, sino también para intercambiar con ustedes sobre temas de interés e importancia mutuos.

En estas observaciones introductorias, me gustaría hacer tres cosas.

En primer lugar, compartiré algunas reflexiones sobre mis prioridades para el futuro, incluida mi nueva estrategia para la Oficina y cómo veo nuestro diálogo con el Parlamento Europeo.

En segundo lugar, voy a referirme a algunas de nuestras investigaciones en curso y cómo mi Oficina aborda la toma de decisiones urgentes, la transparencia y la participación pública.

Por último, diré unas palabras sobre un interés común, la cuestión más amplia del Derecho administrativo de la UE.

Estoy, por supuesto, muy feliz de responder preguntas sobre cualquier otra área de mi trabajo, y espero con gran interés nuestro intercambio.

Antes de pasar a preguntas específicas, permítanme primero esbozar algunas de mis prioridades para los próximos años. Mi nueva estrategia para la Oficina, que se publicará próximamente, se basa en tres pilares principales.

El primer pilar consiste en escuchar verdaderamente a los ciudadanos y abordar sus quejas. La labor del Defensor del Pueblo se centra en ayudar a las personas a resolver sus problemas con la administración de la UE. Al dar prioridad a las preocupaciones individuales, no solo ofrecemos equidad a los ciudadanos, sino que también generamos confianza en el proyecto europeo. Mi objetivo es hacer que nuestros procesos sean más accesibles, eficientes y receptivos, especialmente para los grupos infrarrepresentados y los más vulnerables.

El segundo pilar se centra en el uso estratégico de nuestras competencias de iniciativa propia. Los desafíos sistémicos y los riesgos emergentes en la administración requieren una acción proactiva. Por poner un ejemplo, recientemente abrí una investigación sobre las puertas giratorias en toda la administración de la UE. La transparencia y la integridad son fundamentales para la buena gobernanza, y mi Oficina seguirá proporcionando orientación autorizada en estas esferas.

El tercer pilar se refiere a las asociaciones. Ayudar a los ciudadanos es una responsabilidad compartida. Necesitamos una estrecha cooperación con todos los agentes pertinentes, ante todo el Parlamento Europeo, pero también con los defensores del pueblo nacionales y regionales, la sociedad civil y el mundo académico. Al trabajar juntos, creamos un espacio administrativo europeo común que es más eficaz y responsable.

Esto me lleva a mi presencia aquí hoy. En su informe más reciente sobre la aprobación de la gestión de mi Oficina, el Parlamento invitó al Defensor del Pueblo a establecer un diálogo anual formalizado con las Comisiones CONT y LIBE, a fin de garantizar un seguimiento sistemático de la transparencia institucional, las reformas de la gobernanza y los derechos fundamentales.

Como ya he subrayado en esta Cámara, concedo la máxima prioridad a las relaciones con el Parlamento Europeo. Más allá del informe anual que presento a la Comisión PETI y de las numerosas comparecencias caso por caso ante las comisiones, creo que deberíamos explorar cómo estructurar diálogos periódicos que nos permitan intercambiar puntos de vista de manera más sistemática sobre estas prioridades clave.

Considero que la reunión de hoy forma parte de este proceso: una oportunidad para presentarme como la nueva Defensora del Pueblo, para compartir mi estrategia y para comenzar a construir una plataforma de confianza para la cooperación futura.

Permítanme pasar ahora a los trabajos en curso.

Estamos en un período de grandes cambios e incertidumbre, lo que requiere que Europa reevalúe su papel en el mundo al tiempo que hace el mejor uso de su peso político y económico. Una respuesta ha sido un impulso para simplificar las leyes en diferentes áreas políticas, reducir las cargas e impulsar el crecimiento. Esto es natural, pero también es importante garantizar que la urgencia no vaya en detrimento de la rendición de cuentas, en términos de cumplimiento de las normas existentes, y de la transparencia.

Mi Oficina desempeña su papel a nivel administrativo y procedimental. Es nuestra tarea garantizar que se respeten las normas y los procesos internos, y que incluso en momentos de urgencia, los ciudadanos reciban las explicaciones a las que tienen derecho. No se trata de un proceso en aras del proceso, sino de la confianza y el cumplimiento de los valores constitucionales europeos.

Como saben, la Oficina del Defensor del Pueblo tiene tres investigaciones en curso relacionadas con el proceso de simplificación.

• El primero se refiere al proceso de toma de decisiones detrás de la reforma de las normas de la PAC del año pasado.
• La segunda examina por qué la Comisión no llevó a cabo una evaluación de impacto de dos propuestas legislativas destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
• El tercero se centra en las propuestas «ómnibus» de la Comisión para simplificar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Creo que este último caso es de particular importancia para su Comisión. Abrí la investigación a raíz de una denuncia de ocho organizaciones de la sociedad civil que alegaban que la Comisión no había cumplido sus directrices para la mejora de la legislación al elaborar el paquete. Hemos pedido a la Comisión que explique, entre otras cosas, por qué no se llevó a cabo ninguna evaluación de impacto o consulta pública, por qué no se evaluó la coherencia climática y por qué la consulta interservicios duró solo 24 horas.

Nuestra investigación es prospectiva. El objetivo no es solo evaluar lo que sucedió en este caso, sino también extraer lecciones para la elaboración urgente de leyes en el futuro. Las instituciones deben seguir siendo ágiles, pero la agilidad no puede ir en detrimento de la previsibilidad y la seguridad jurídica.

Estrechamente vinculada a la toma de decisiones está la cuestión de la transparencia.

Facilitar la participación pública es una de mis principales prioridades. Los ciudadanos solo pueden participar en la elaboración de leyes si tienen acceso oportuno y significativo a la información.

En una investigación reciente se examinó el modo en que el Consejo y la Comisión tramitan las solicitudes de documentos legislativos. Si bien ambas instituciones revelan un gran volumen de material, nuestros hallazgos mostraron que las excepciones a veces se aplicaban de manera demasiado amplia y, a menudo, solo después de que la ley en cuestión ya se hubiera adoptado. Como se suele decir: el acceso retrasado es el acceso denegado.

Me animó ver a ambas instituciones tomar algunas medidas en respuesta. La Comisión recordó a sus servicios los requisitos de la jurisprudencia a la hora de denegar el acceso. El Consejo ha hecho públicos más documentos legislativos y está preparando una guía de transparencia revisada. Se trata de avances positivos, pero es necesario avanzar más, en particular para hacer frente a los retrasos. Mi Oficina sigue recibiendo un gran volumen de denuncias en este ámbito, lo que demuestra que sigue siendo un problema sistémico.

La profundización de la Unión va de la mano con la profundización de la transparencia. En el papel de Defensora del Pueblo, este es uno de los desafíos que espero enfrentar.

Cuento con su apoyo continuo en la promoción de la transparencia como valor democrático fundamental, que en este caso podría implicar la revisión del Reglamento 1049/2001, 24 años después de su adopción.

Por último, permítanme referirme a una cuestión de interés común: Derecho administrativo de la UE.

Durante muchos años, tanto este Parlamento como el Defensor del Pueblo han apoyado la adopción de un Derecho administrativo procedimental de la Unión claro y coherente. Una ley de este tipo reforzaría los principios de buena administración (equidad, eficiencia y justicia) y aportaría claridad en los ámbitos en los que la UE y los Estados miembros comparten competencias.

En la actualidad, las normas administrativas europeas están fragmentadas. Los ciudadanos y los operadores económicos interactúan a diario con la administración de la Unión, pero los procedimientos suelen ser demasiado complejos e incoherentes.

Una ley horizontal tiene el potencial de proporcionar reglas claras y accesibles, garantías uniformes y una mayor transparencia. Esto aumentaría la confianza, promovería una cultura uniforme de servicio en toda la administración y, en última instancia, reforzaría la legitimidad de la Unión en su conjunto.

Si bien la decisión corresponde a los legisladores, mi Oficina está dispuesta, como en el pasado, a contribuir con su experiencia.

Señorías,

Hoy he tratado de ofrecerle una visión general de mis prioridades y del trabajo en curso, desde la toma de decisiones urgente y la transparencia hasta la visión más amplia de una legislación administrativa procesal moderna de la UE.

En el centro de todo se encuentra un principio simple: los ciudadanos deben poder confiar en que la administración de la UE actúa de manera abierta, justa y responsable. Ese es el fundamento de una buena administración, y también es el fundamento de la democracia europea.

Espero con gran interés mantener estos intercambios de puntos de vista periódicos y entablar un diálogo sólido y estructurado con el Parlamento en los próximos años.

Gracias, y espero con interés nuestro debate.