Estimado Presidente, Señorías:

Gracias por invitarme a esta Comisión. Es un privilegio estar aquí hoy. Esta es una gran oportunidad, no solo para presentar el trabajo de mi Oficina, sino también para intercambiar con ustedes sobre temas de interés e importancia mutuos.

En estas observaciones introductorias, me gustaría hacer tres cosas.

En primer lugar, compartiré algunas reflexiones sobre mis prioridades para el futuro, incluida mi nueva estrategia para la Oficina y cómo veo nuestro diálogo con el Parlamento Europeo.

En segundo lugar, voy a referirme a algunas de nuestras investigaciones en curso y cómo mi Oficina aborda la toma de decisiones urgente, la transparencia y la participación pública.

Por último, diré unas palabras sobre un interés común, la cuestión más amplia del Derecho administrativo de la UE.

Estoy, por supuesto, muy feliz de responder preguntas sobre cualquier otra área de mi trabajo, y espero con gran interés nuestro intercambio.

Antes de pasar a preguntas específicas, permítanme esbozar primero algunas de mis prioridades para los próximos años. Mi nueva estrategia para la Oficina, que se publicará próximamente, se basa en tres pilares principales.

El primer pilar consiste en escuchar verdaderamente a los ciudadanos y abordar sus reclamaciones. La labor del Defensor del Pueblo se centra en ayudar a las personas a resolver sus problemas con la administración de la UE. Al priorizar las preocupaciones individuales, no solo ofrecemos equidad a los ciudadanos, sino que también generamos confianza en el proyecto europeo. Mi objetivo es hacer que nuestros procesos sean más accesibles, eficientes y receptivos, especialmente para los grupos infrarrepresentados y los más vulnerables.

El segundo pilar se centra en el uso estratégico de nuestros poderes de iniciativa. Los desafíos sistémicos y los riesgos emergentes en la administración requieren una acción proactiva. Por poner un ejemplo, recientemente abrí una investigación sobre las puertas giratorias en toda la administración de la UE. La transparencia y la integridad son fundamentales para la buena gobernanza, y mi Oficina seguirá proporcionando orientación autorizada en estas esferas.

El tercer pilar se refiere a las asociaciones. Ayudar a los ciudadanos es una responsabilidad compartida. Necesitamos una estrecha cooperación con todos los agentes pertinentes: ante todo, el Parlamento Europeo, pero también los defensores del pueblo nacionales y regionales, la sociedad civil y el mundo académico. Al trabajar juntos, creamos un espacio administrativo europeo común más eficaz y responsable.

Esto me lleva a mi presencia aquí hoy. En su último informe sobre la aprobación de la gestión de mi Oficina, el Parlamento invitó al Defensor del Pueblo a establecer un diálogo anual formalizado con las Comisiones CONT y LIBE, a fin de garantizar un seguimiento sistemático de la transparencia institucional, las reformas de la gobernanza y los derechos fundamentales.

Como ya he subrayado en esta Cámara, atribuyo la máxima prioridad a las relaciones con el Parlamento Europeo. Más allá del informe anual que presento a la Comisión PETI y de las numerosas comparecencias caso por caso ante las comisiones, creo que deberíamos explorar cómo estructurar diálogos periódicos que nos permitan intercambiar opiniones de manera más sistemática sobre estas prioridades clave.

Veo la reunión de hoy como parte de este proceso: una oportunidad para presentarme como la nueva Defensora del Pueblo, compartir mi estrategia y comenzar a construir una plataforma de confianza para la cooperación futura.

Permítaseme pasar ahora a la labor en curso.

Estamos en un período de grandes cambios e incertidumbre, que requiere que Europa reevalúe su papel en el mundo aprovechando al máximo su peso político y económico. Una respuesta ha sido un impulso para simplificar las leyes en diferentes áreas políticas, reducir las cargas e impulsar el crecimiento. Esto es natural, pero también es importante garantizar que la urgencia no se produzca a expensas de la rendición de cuentas —en términos de cumplimiento de las normas existentes— y la transparencia.

Mi Oficina desempeña su papel a nivel procesal y administrativo. Nuestra tarea es garantizar que se respeten las normas y los procesos internos y que, incluso en momentos de urgencia, los ciudadanos reciban las explicaciones a las que tienen derecho. No se trata de un proceso en aras del proceso, sino de la confianza y el respeto de los valores constitucionales europeos.

Como saben, la Oficina del Defensor del Pueblo tiene tres investigaciones en curso relacionadas con el proceso de simplificación.

• El primero se refiere al proceso de toma de decisiones que subyace a la reforma de las normas de la PAC del año pasado.
• El segundo examina por qué la Comisión no llevó a cabo una evaluación de impacto de dos propuestas legislativas destinadas a luchar contra el tráfico ilícito de migrantes.
• El tercero se centra en las propuestas «ómnibus» de la Comisión para simplificar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Creo que este último caso es de especial importancia para su comisión. Inicié la investigación a raíz de una denuncia de ocho organizaciones de la sociedad civil que alegaban que la Comisión no cumplía sus directrices para la mejora de la legislación al elaborar el paquete. Hemos pedido a la Comisión que explique, entre otras cosas, por qué no se llevó a cabo ninguna evaluación de impacto o consulta pública, por qué no se evaluó la coherencia climática y por qué la consulta interservicios duró solo 24 horas.

Nuestra investigación es prospectiva. El objetivo no es solo evaluar lo que sucedió en este caso, sino también extraer lecciones para una legislación urgente en el futuro. Las instituciones deben seguir siendo ágiles, pero la agilidad no puede ir en detrimento de la previsibilidad y la seguridad jurídica.

La cuestión de la transparencia está estrechamente vinculada a la toma de decisiones.

Facilitar la participación pública es una de mis principales prioridades. Los ciudadanos solo pueden participar en la elaboración de leyes si tienen acceso oportuno y significativo a la información.

Una investigación reciente examinó la forma en que el Consejo y la Comisión tramitan las solicitudes de documentos legislativos. Si bien ambas instituciones divulgan un gran volumen de material, nuestros hallazgos mostraron que las excepciones a veces se aplicaban de manera demasiado amplia y, a menudo, solo después de que la ley en cuestión ya se hubiera adoptado. Como se suele decir: el acceso retrasado es el acceso denegado.

Me alentó ver que ambas instituciones toman algunas medidas en respuesta. La Comisión recordó a sus servicios los requisitos jurisprudenciales a la hora de denegar el acceso. El Consejo ha hecho públicos más documentos legislativos y está preparando una guía de transparencia revisada. Se trata de avances positivos, pero es necesario avanzar más, en particular para hacer frente a los retrasos. Mi Oficina sigue recibiendo un gran volumen de denuncias en esta esfera, lo que demuestra que sigue siendo un problema sistémico.

La profundización de la Unión va de la mano de la profundización de la transparencia. En el papel de Defensora del Pueblo, este es uno de los desafíos que espero enfrentar.

Cuento con su apoyo continuo para promover la transparencia como valor democrático fundamental, que en este caso podría implicar la revisión del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, veinticuatro años después de su adopción.

Por último, permítanme pasar a una cuestión de interés común: el Derecho administrativo de la UE.

Durante muchos años, tanto este Parlamento como el Defensor del Pueblo han apoyado la adopción de un Derecho administrativo procesal de la UE claro y coherente. Una ley de este tipo reforzaría los principios de buena administración —justicia, eficiencia y justicia— y aportaría claridad en los ámbitos en los que la UE y los Estados miembros comparten competencias.

En la actualidad, las normas administrativas europeas están fragmentadas. Los ciudadanos y los operadores económicos interactúan diariamente con la administración de la Unión, pero los procedimientos suelen ser demasiado complejos e incoherentes.

Una ley horizontal tiene el potencial de proporcionar normas claras y accesibles, garantías uniformes y una mayor transparencia. Esto reforzaría la confianza, promovería una cultura uniforme de servicio en toda la administración y, en última instancia, reforzaría la legitimidad de la Unión en su conjunto.

Si bien la decisión recae en los legisladores, mi Oficina está dispuesta, como en el pasado, a contribuir con su experiencia.

Señorías,

Hoy he tratado de darles una visión general de mis prioridades y del trabajo en curso, desde la toma de decisiones urgente y la transparencia hasta la visión más amplia de un Derecho administrativo procesal moderno de la UE.

En el centro de todo se encuentra un principio simple: los ciudadanos deben poder confiar en que la administración de la UE actúa de manera abierta, justa y responsable. Esa es la base de una buena administración, y también es la base de la democracia europea.

Espero con gran interés mantener estos intercambios periódicos de puntos de vista y establecer un diálogo sólido y estructurado con el Parlamento en los próximos años.

Gracias, y espero con interés nuestra discusión.