SOLVIT y la resolución de problemas transfronterizos en la UE

Escrito por el equipo de SOLVIT, Comisión Europea.

Desde su creación en 1993, el mercado único de la UE ha ofrecido nuevas oportunidades a los ciudadanos para desplazarse por toda Europa, a la vez que protege sus derechos. También ha ayudado a la creación de empleos y al crecimiento económico mediante la reducción de los obstáculos al comercio y a la actividad empresarial en la Unión Europea.

El mercado único se basa en un amplio corpus legislativo de la UE, con medidas nacionales adicionales. Es esencial garantizar la existencia del mercado único, no solo en teoría, sino también en la práctica para los ciudadanos que trabajan, viven, viajan o compran en toda Europa, así como para las empresas que operan o invierten a través de las fronteras.

En este contexto, SOLVIT se presentó en 2002 como un mecanismo de solución de controversias rápido, gratuito y alternativo para ayudar a las personas y las empresas de toda Europa. SOLVIT es una red de centros en cada uno de los Estados miembros de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega. La red SOLVIT se ocupa de los problemas transfronterizos causados por posibles infracciones del Derecho de la Unión cometidas por una autoridad pública, cuando y en la medida en que dichos problemas no sean objeto de procedimientos judiciales.

SOLVIT tiene por objeto encontrar soluciones en un plazo de diez semanas a partir del día en que el centro SOLVIT del país en el que se produjo el problema acepta el caso. SOLVIT tiene por objeto ofrecer un proceso transparente de resolución de problemas que implique, por un lado, al centro del Estado miembro de origen, residencia o en el que está establecido del solicitante y, por otra, al centro del Estado miembro en el que se produjo el problema. El asunto se tramita a través de la base de datos en línea de SOLVIT, que forma parte del Sistema de Información del Mercado Interior (una red en línea de autoridades públicas de la UE).

Las cuestiones más recurrentes en los asuntos de SOLVIT son la seguridad social, la libre circulación de personas y los derechos de residencia y el reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Si bien la Comisión Europea no participa en la tramitación del caso en sí, colabora estrechamente con los centros SOLVIT y ofrece formación jurídica periódica a su personal y, para algunos asuntos complejos, asesoramiento jurídico informal.

Las cuestiones más recurrentes en los asuntos de SOLVIT son la seguridad social, la libre circulación de personas y los derechos de residencia y el reconocimiento de cualificaciones profesionales. En 2018, SOLVIT tramitó 2 295 asuntos y resolvió un 90 % de ellos. También ayudó a otros 2 600 ciudadanos y empresas al aclarar sus derechos en la UE o dirigirlos hacia otro organismo.

El papel de SOLVIT se reforzó en 2013 con una base jurídica actualizada. El Plan de Acción SOLVIT, adoptado por la Comisión Europea en mayo de 2017, hace de SOLVIT una herramienta única para la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, que contribuye al mejor funcionamiento del mercado único para todos mediante el fomento y la promoción de la observancia del Derecho de la Unión.

SOLVIT no solo ofrece soluciones pragmáticas a los ciudadanos y empresas de la UE, también asiste a los Estados miembros en sus esfuerzos para aplicar correctamente el Derecho de la Unión en una fase temprana. Este papel también se puso de relieve en la Comunicación de 2016 de la Comisión Europea «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», en la que la Comisión se comprometió a guiar, asesorar y animar a los ciudadanos a utilizar el mecanismo de resolución de problemas más adecuado a nivel nacional. Esta Comunicación hacía referencia explícita tanto a la Red Europea de Defensores del Pueblo como a SOLVIT.

La información sobre las direcciones de correo electrónico de contacto de los centros SOLVIT está disponible en http://ec.europa.eu/solvit/contact/.

Ayudar a aquellos con problemas en el acceso transfronterizo a las prestaciones familiares

Escrito por el grupo del Defensor del Pueblo Europeo.

En el caso de una familia estándar o de una familia monoparental sin ingresos o con pocos ingresos, las prestaciones familiares y por hijos pueden ser vitales para los hijos y los progenitores, así como para su calidad de vida. No obstante, en aquellos casos en los que existe un elemento transfronterizo en el acceso a estos derechos, el proceso puede ser muy complicado.

En el grupo de trabajo, los participantes de la Red Europea de Defensores del Pueblo y SOLVIT analizaron los distintos escenarios en los que pueden surgir problemas y cómo solucionarlos. La oficina del Defensor del Pueblo de Austria expuso los distintos tipos de situaciones a las que se han enfrentado a raíz de las quejas que han recibido.

Los ejemplos típicos incluyen familias monoparentales que buscan acceder a las prestaciones familiares cuyo anterior cónyuge vive en otro Estado miembro de la UE, o familias en las que uno de los progenitores vive y trabaja en un Estado miembro distinto al del otro progenitor y del hijo.

Según la legislación de la UE, las prestaciones familiares son responsabilidad del país en el que trabaja el progenitor. El país en el que vive el hijo (y otro progenitor) es responsable solo cuando el hijo no tiene derecho a los beneficios en el otro país, o si la prestación recibida en el otro país es inferior a la prestación a la que podrían tener derecho en su país de residencia. En ese caso, su país de residencia sería responsable del importe adicional. Mientras tanto, el país en el que se presentó por primera vez la solicitud de prestaciones familiares debería efectuar un pago previo provisional.

En la práctica, muchos progenitores que se encuentran en estas situaciones se enfrentan a dificultades.

No obstante, en la práctica, muchos progenitores que se encuentran en estas situaciones se enfrentan a dificultades. A menudo no tienen derecho a la prestación en el país en el que trabaja la pareja o no existe una prestación comparable. En estos casos, las familias pueden permanecer en el limbo durante años, sin recibir ninguna prestación. Se enfrentan a grandes dificultades para obtener respuestas adecuadas de las autoridades nacionales, y la comunicación entre las autoridades nacionales de distintos Estados miembros es, en el mejor de los casos, complicada. Por ello, resulta muy difícil recibir el pago previo provisional de las prestaciones.

El Defensor del Pueblo de Austria ha tenido dificultades para resolver estos casos. Otras oficinas del defensor del pueblo presentes han tenido más éxito. Dentro de la Red Europea de Defensores del Pueblo, las oficinas de los defensores del pueblo han colaborado entre sí, así como con las oficinas SOLVIT, en los casos.

Los representantes de SOLVIT confirmaron a partir de su experiencia que pueden producirse grandes retrasos en la tramitación de los casos transfronterizos de prestaciones familiares. A menudo, esto se debe a la falta de personal o de competencia de las autoridades nacionales. Una vez que SOLVIT se involucra en el caso, este tiende a avanzar más rápidamente.

El grupo de trabajo también analizó los aspectos sistémicos de los problemas a los que se enfrentan aquellos que buscan acceder a prestaciones familiares, y reflexionó sobre las posibles formas de abordar estos problemas sistémicos. Las más de cuarenta reclamaciones recibidas en 2018 por la oficina del Defensor del Pueblo de Austria, y los distintos casos en otros Estados miembros, ponen de manifiesto la existencia de un problema sistémico.

Los representantes de la Red Europea de Defensores del Pueblo y SOLVIT coinciden en que se lograría una mayor claridad si un tribunal europeo dictara una sentencia sobre un caso concreto. No obstante, las oficinas del defensor del pueblo han tenido dificultades para alentar a las familias a llevar los casos ante los tribunales, ya que es más difícil presentar un caso contra una autoridad por inacción que por una actuación que afecte negativamente a una persona.

Dados los problemas sistémicos, como los problemas de comunicación entre las autoridades nacionales, y la falta de comparabilidad entre los distintos sistemas nacionales de prestaciones familiares, parece necesario dar una respuesta más exhaustiva a escala de la UE. La Oficina de la Defensora del Pueblo Europeo se comprometió a estudiar esta cuestión a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo.

Garantizar los derechos sociales de aquellos desplazados a otros países de la UE

Escrito por el equipo del Defensor del Pueblo Europeo.

Los ciudadanos de la UE que trabajan en Estados miembros distintos del suyo se enfrentan a menudo a problemas al tratar de garantizar el respeto de sus derechos sociales. En aquellos casos en los que estos «trabajadores desplazados» no pueden beneficiarse plenamente de los derechos sociales aplicables, o cuando la legislación de la UE no se aplica correctamente, a los trabajadores afectados a menudo les puede resultar complicado resolver la situación.

El grupo de trabajo constató que existen innumerables problemas potenciales, y que las reclamaciones recibidas por SOLVIT y los defensores del pueblo sobre los derechos de los trabajadores desplazados representan la punta del iceberg. Esto se debe, en parte, a la infranotificación.

Dada la distinta naturaleza de sus mandatos, existen diferencias obvias entre los enfoques que siguen los defensores del pueblo y SOLVIT al tratar de abordar los casos. Los equipos de SOLVIT tienen su sede en administraciones nacionales, generalmente en los ministerios de economía, de exteriores o de justicia. Aunque existen muchos tipos distintos de casos, los problemas típicos que aborda SOLVIT hacen referencia al reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y a cuestiones fiscales.

No siempre está claro, incluso para los defensores del pueblo, a quién deben dirigirse si la legislación de la UE no se aplica correctamente.

El grupo de trabajo planteó el problema de que no siempre está claro, incluso para los defensores del pueblo, a quién deben dirigirse si la legislación de la UE no se aplica correctamente. Debería hacerse un esfuerzo conjunto para incluir esta cuestión en el programa político. SOLVIT tiene como objetivo alertar a las autoridades nacionales de los problemas sistemáticos y, a este fin, está desarrollando un sistema para difundir y llamar la atención sobre estos problemas en toda la red SOLVIT.

El debate llamó la atención sobre un problema generalizado relacionado con la legislación de la UE sobre tiempos de descanso de los conductores de camiones, que no se aplica uniformemente en todos los Estados miembros. En los Estados miembros que no aplican las normas, los conductores de camiones suelen conducir durante largos periodos de tiempo sin descansar y continúan sus viajes en otros Estados miembros que aplican estrictamente los tiempos de descanso, como Alemania o Austria. No obstante, como están fatigados (por la falta de descanso) cuando llegan a estos países, pueden causar accidentes, que se ven agravados por la falta de un seguro de enfermedad suficiente y por otras complicaciones transfronterizas.

El grupo de trabajó llegó a la conclusión de que sería útil recopilar una visión general de los distintos casos en este ámbito, y de los problemas resultantes (como la cobertura de seguro), a fin de llamar la atención de las autoridades pertinentes a nivel nacional y de la UE sobre la magnitud del problema.

Los problemas transfronterizos no solo afectan a las personas que viven cerca de las fronteras, o a los trabajadores desplazados, sino también a las personas que vuelven a casa tras haber trabajado en otra parte de la UE. Los defensores del pueblo podrían ser más proactivos a la hora de ir a los lugares a los que regresan estos trabajadores (a menudo grandes ciudades) e identificar los problemas que sufren. Otra medida proactiva sería que los defensores del pueblo identificaran las preocupaciones que habitualmente se plantean en los centros fronterizos de información, como las cuestiones fiscales y el acceso a la sanidad y a las prestaciones por hijos. El defensor del pueblo podría entonces plantear las cuestiones específicas a las autoridades nacionales pertinentes.

El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en que tendría sentido intercambiar información entre las oficinas del defensor del pueblo y SOLVIT a fin de trabajar de manera más eficaz y mejorar las posibilidades de obtener los resultados deseados para los trabajadores que se enfrentan a problemas. Una de las medidas identificadas a este fin fue el intercambio de informes anuales. Esta cooperación también permitiría llamar la atención de manera más sistemática de las autoridades nacionales y europeas sobre los problemas de aplicación de la legislación de la UE y los problemas sistémicos recurrentes. La Defensora del Pueblo Europeo podría jugar un papel en ese sentido.

Ayudar a las personas a ejercer su derecho a la asistencia sanitaria transfronteriza en la UE

Escrito por el equipo del Defensor del Pueblo Europeo.

En virtud de la Directiva sobre asistencia sanitaria de la UE, los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir servicios de salud públicos o privados en cualquier Estado miembro de la UE o del EEE. Para reforzar este derecho, se han establecido en los Estados miembros puntos de contacto nacionales (PCN) para informar y ayudar a los pacientes.

A pesar de estos esfuerzos, los ciudadanos siguen enfrentándose a serios problemas, especialmente cuando buscan asistencia sanitaria transfronteriza. El grupo de trabajo analizó la forma en que los miembros de SOLVIT y de la Red Europea de Defensores del Pueblo podrían cooperar mejor para ayudar a las personas a ejercer su derecho a la asistencia sanitaria transfronteriza. El intercambio fue una oportunidad inestimable para que SOLVIT y las oficinas del defensor del pueblo profundizaran en su cooperación.

Como ejemplo de colaboración exitosa entre SOLVIT y el defensor del pueblo, el representante de SOLVIT citó un caso de Portugal relacionado con el acceso a los derechos de pensión por parte de una mujer portuguesa que había trabajado la mayor parte de su vida en Francia.

El grupo de trabajo analizó las cuestiones sobre la base de un caso práctico de un hombre que viajó a otro país para someterse a una cirugía ocular de emergencia. Su autoridad sanitaria nacional no respondió a su intento de que se aprobara previamente la cirugía, y posteriormente tuvo dificultades para que se le reembolsaran los costes. También tuvo problemas para recibir medicamentos en las farmacias de su propio país en función de la prescripción del cirujano que le había operado. El grupo de trabajo analizó los posibles pasos a seguir para resolver problemas como este.

Una de las formas de cooperación entre los miembros de la Oficina de la Defensora Europea del Pueblo y la Red Europea de Defensores del Pueblo es el procedimiento de consulta. A través de este procedimiento, los miembros de la Red pueden plantear consultas relacionadas con la legislación de la UE a la Defensora del Pueblo Europeo, quien, a su vez, solicitará el dictamen de la Comisión Europea.

Una de dichas consultas, relacionada con la asistencia sanitaria, hacía referencia a un paciente que vivía en Italia y que había recibido la aprobación previa de las autoridades italianas para viajar a Austria a recibir tratamiento en un hospital público. No obstante, el paciente fue atendido en un hospital privado, que facturó a las autoridades públicas italianas. El hospital también envió a la familia del paciente una factura de gastos extra (53 000 EUR). La Defensora del Pueblo Europeo remitió la consulta a la Comisión, que contestó que el único motivo por el que el paciente fue tratado en un hospital privado fue porque el hospital público no podía tratarlo. Dado que el hospital público había referido al paciente al hospital privado, el paciente no debería hacerse cargo de los costes.

Los debates pusieron de manifiesto distintos grados de cooperación entre las oficinas del defensor del pueblo y SOLVIT. Mientras que unas oficinas cooperan estrechamente con SOLVIT, otras no han trabajado nunca con SOLVIT y no sabían muy bien cómo funciona. En el caso de Italia, que no tiene un defensor del pueblo nacional, la cooperación con SOLVIT es esencial. Otras oficinas consideran que no tienen el mandato para examinar cuestiones transfronterizas. El grupo de trabajo también ofreció una oportunidad para que los representantes de SOLVIT se reunieran con los de la oficina del defensor del pueblo del mismo país.