Cómo pueden los defensores del pueblo europeo impulsar la utilización de los «poderes blandos» para maximizar su impacto

Escrito por el equipo del Defensor del Pueblo Europeo.

Las instituciones del defensor del pueblo tienen a su disposición un conjunto de «poderes blandos». Cómo utilicen estos poderes depende de lo que traten de lograr, cómo de controvertida sea la cuestión y del tipo de apoyo público del que disponen. El grupo de trabajo sobre poderes blandos analizó el razonamiento que subyace al uso de estos poderes, y los distintos métodos que tienen distintas oficinas para desarrollar las relaciones con las distintas partes interesadas.

Estos poderes blandos pueden clasificarse en dos categorías principales: formales e informales. Los poderes blandos formales incluyen la investigación de una queja, las investigaciones de oficio, las amonestaciones y las recomendaciones, mientras que los poderes blandos informales incluyen actividades relacionadas con los medios de comunicación tanto tradicionales como en línea. A pesar de ser blandos, a menudo estos poderes pueden ser fuertes, ya que son flexibles y normalmente no pueden recurrirse ante un tribunal.

El trabajo de la oficina del Defensor del Pueblo parlamentario de Finlandia se rige por dos temas permanentes (la accesibilidad y el uso de las dos lenguas oficiales del país), así como por un enfoque anual en los derechos humanos. Estos temas permanentes y recurrentes se retoman en cada inspección, así como cuando la oficina estudia realizar investigaciones de oficio.

El Defensor del Pueblo Europeo ha ido evolucionando y desarrollando la forma en que utiliza las investigaciones de oficio para garantizar su eficacia. Estas investigaciones deben basarse en sospechas claras de mala administración, y se llevan a cabo de forma constructiva, más que con enfrentamientos.

Algunos ejemplos recientes de investigaciones de oficio incluyen la transparencia de las negociaciones comerciales (ATCI) entre la UE y EE. UU. y la rendición de cuentas de la labor legislativa del Consejo de la Unión Europea, en el que los Gobiernos de los Estados Miembros deciden sus posturas sobre los proyectos legislativos de la UE.

A pesar de ser blandos, a menudo estos poderes pueden ser fuertes, ya que son flexibles y normalmente no pueden recurrirse ante un tribunal.

Por el contrario, las «iniciativas estratégicas» son una herramienta exploratoria en la que la Defensora del Pueblo Europeo ha decidido conscientemente no utilizar todos sus poderes (por ejemplo, no implican inspecciones). En su lugar se trata de plantear una cuestión, buscar información y hacer sugerencias.

Estas iniciativas se han utilizado para mostrar que la Defensora del Pueblo Europeo es consciente de las preocupaciones de los ciudadanos sobre un tema en particular, y que responde rápidamente a estas preocupaciones. Un ejemplo reciente, a raíz del movimiento MeToo y sus revelaciones, ha consistido en pedir a veintiséis instituciones y agencias de la UE que expongan las políticas contra el acoso en vigor. A continuación, la Defensora del Pueblo Europeo hizo una serie de sugerencias generales a la administración de la UE sobre las políticas y las prácticas contra el acoso.

El debate se centró en las formas prácticas en las que las oficinas del defensor del pueblo tratan de concienciar sobre su papel y su trabajo, involucrar a las partes interesadas y ser más accesibles al público. Tener normas claras sobre cómo relacionarse con los reclamantes, y buscar las opiniones del público sobre la forma en que llevan a cabo su trabajo, pueden ayudar a fortalecer la credibilidad de las oficinas del defensor del pueblo. Esto puede hacerse mediante actividades de divulgación en todo el país.

La creación de alianzas es importante para obtener resultados. El grupo de trabajo debatió la importancia de que los distintos organismos (incluido el Defensor del Pueblo) hablen de un tema con una sola voz. Esto aumenta la presión sobre una administración para que adopte medidas.

Otras formas de utilizar los poderes blandos incluyen el apoyo a la sociedad civil, especialmente en países en los que esta sufre presiones. Una idea especialmente innovadora implica invitar a las partes interesadas a debatir el programa de investigación del Defensor del Pueblo para el año próximo.

Las implicaciones del Reglamento general de protección de datos para el trabajo de los defensores del pueblo y de las comisiones de peticiones

Escrito por la Secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos.

Secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos ¹

Desde su entrada en vigor, el 25 de mayo de 2018, el RGPD ha suscitado preguntas de distintos sectores, incluidas las autoridades e instituciones públicas, sobre el modo en que les afecta. El RGPD representa una evolución, no una revolución, en el ámbito de la protección de datos. No solo se han trasladado al nuevo reglamento muchas de las disposiciones de la anterior Directiva sobre protección de datos (aunque varias de ellas de manera más amplia) ² , sino que su enfoque basado en principios y tecnológicamente neutro sigue siendo el núcleo del reglamento.

El objetivo general del RGPD es claro: establecer normas para la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento y la libre circulación de sus datos. No obstante, igualmente importante es su objetivo de proteger sus derechos fundamentales, en particular, su derecho a la protección de los datos personales (un derecho fundamental por sí mismo, consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

Para saber si el RGPD es aplicable, es importante dar un paso atrás y analizar lo básico. El concepto de datos personales significa toda información relativa a una persona física identificada o identificable. La definición ha sido desarrollada e interpretada a lo largo del tiempo por la jurisprudencia de la UE y en dictámenes del antiguo Grupo de Trabajo del artículo 29, o GT29 (ahora el Comité Europeo de Protección de Datos).³

Por otro lado, ‘tratamiento’ significa cualquier cosa que se haga a los datos personales, independientemente de si se utilizan medios automatizados o no. El RGPD se aplica, en particular, al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales que forman parte o que están destinados a ser incluidos en un fichero. Esta definición, y sus componentes, también han sido objeto de la jurisprudencia de la UE.

Otro concepto esencial es el de responsable del tratamiento, la persona física o jurídica, autoridad pública u organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva, para demostrar el cumplimiento del RGPD ⁴ Debería destacarse que esta no es la función, ni responsabilidad, de los delegados de protección de datos (DPD) que supuestamente debe designar cada organización.⁵

Por último, toda persona, institución u organismo que trate datos personales debe garantizar que dispone de una base jurídica adecuada para llevar a cabo el tratamiento, de conformidad con el principio de legalidad. El RGPD ofrece distintas bases jurídicas. ⁶ . El consentimiento del interesado es una de estas bases. No obstante, al tratar datos personales, las instituciones públicas deberían reflexionar detenidamente sobre qué base jurídica es la más adecuada para llevar a cabo sus tareas.⁷

Las autoridades y organismos públicos, como los defensores del pueblo y las comisiones de peticiones nacionales deberían, por lo tanto, cumplir con el RGPD.

Así pues, cuando traten datos personales, los defensores del pueblo y las comisiones de peticiones deberán, en principio, cumplir con el RGPD. En la práctica, esto significa cumplir con sus principios y obligaciones. Estos incluyen (entre otros) deberes de transparencia e información a los interesados; garantizar los derechos de las personas en relación con sus datos personales; llevar un registro de las actividades de tratamiento; notificar las violaciones de la seguridad de los datos personales; y nombrar un DPD.

Además, cada Estado miembro deberá nombrar una o más autoridades de protección de datos (APD) para supervisar la aplicación del RGPD, obligación que también se aplica a los organismos públicos sujetos al RGPD (con una excepción: los tribunales que actúan en ejercicio de su función judicial).⁸ Por lo tanto, los defensores del pueblo y las comisiones de peticiones nacionales, estarán, en principio, sujetas a la supervisión de las APD, y deberán estar en contacto con ellas ante cualquier cuestión relativa a sus actividades de tratamiento (entre otras facultades, las APD también pueden ofrecer asesoramiento y orientación). Esto también significa que los organismos públicos están sujetos a distintos tipos de recursos, incluidas las multas previstas en el RGPD. En este último caso, un Estado miembro podrá establecer las normas sobre si pueden imponerse multas a las autoridades y organismos públicos, y en qué medida.⁹ No obstante, las decisiones de las APD podrán recurrirse ante un tribunal.¹⁰

En conclusión, el RGPD ha permitido que la legislación en materia de protección de datos evolucione, pero no la ha cambiado radicalmente. Las autoridades y organismos públicos, como los defensores del pueblo y las comisiones de peticiones nacionales deberían, por lo tanto, cumplir con el RGPD, lo que significa estar sujetos a las obligaciones y a la supervisión que conlleva el cumplimiento.

Las consecuencias de los desafíos demográficos y el envejecimiento de las sociedades

Escrito por el equipo del Defensor del Pueblo Europeo.

La esperanza de vida media en la Unión Europea ha aumentado de 60 años en la década de 1960 a más de 80 en la actualidad, mientras que las tasas de fertilidad han caído por debajo de 1,6 niños por mujer. Los países de la UE luchan para adaptarse a esta nueva situación y para satisfacer las necesidades sanitarias y de alojamiento de las personas mayores.

El grupo de trabajo comenzó analizando cómo ha evolucionado la situación demográfica en dos países concretos de la UE, lo que permitió a los defensores del pueblo informar sobre la situación de las personas mayores en sus países y de sus esfuerzos por ayudar.

Las oficinas del defensor del pueblo destacaron el síndrome del «pueblo vacío» como el mayor desafío en términos humanos. Tras la caída del telón de acero, muchos jóvenes emigraron a Europa Occidental desde partes de Europa Oriental y Central. Esto agravó las anteriores olas de emigración y, sumado a la caída de las tasas de fertilidad, ha provocado la desintegración del tejido social especialmente en los pueblos, y deja atrás a personas mayores solitarias y vulnerables. Sus necesidades no son solo materiales, también son emocionales.

Las personas mayores sufren discriminación especialmente en relación con el mercado de trabajo, los servicios públicos y los costes de los seguros.

La discriminación por razón de edad ocupó un lugar destacado en los debates. Las personas mayores sufren discriminación especialmente en relación con el mercado de trabajo, los servicios públicos y los costes de los seguros. Los desorbitados costes de los seguros tienden a disuadir de viajar a los mayores de setenta años. Las personas mayores también se encuentran con muchas barreras a la hora de solicitar tratamiento médico o de reunirse con familiares de un Estado miembro de la UE distinto al suyo. El grupo de trabajo también debatió sobre los casos de maltrato a personas mayores por parte de sus propios familiares o del personal de las residencias de ancianos, y la falta de apoyo a los cuidadores.

Los Gobiernos también se enfrentan a desafíos. Por un lado, las políticas destinadas a prevenir el éxodo rural y a animar a los jóvenes a quedarse, son costosas. Además, la hospitalización de las personas mayores que viven solas supone una gran carga para los sistemas sanitarios y de seguridad social. Un amplio porcentaje de personas mayores de sesenta y cinco años toma medicación a largo plazo, sufre una enfermedad crónica o tiene sobrepreso.

A pesar de no estar relacionado con el envejecimiento, un desafío demográfico son las grandes familias gitanas de algunos países de la UE con altos niveles de analfabetismo. Para mejorar sus niveles de educación, los Gobiernos deben ofrecer a los niños gitanos programas adaptados a sus necesidades, a fin de prepararlos para su integración en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto.

Las personas mayores necesitan el apoyo y la ayuda de instituciones independientes y de confianza, como las oficinas del defensor del pueblo. El papel de estas oficinas en la protección de los derechos se ha ido ampliando. Las facultades incluyen llevar a cabo controles al azar en instituciones de salud mental, residencias de ancianos y residencias infantiles públicas y privadas.

Las instituciones del defensor del pueblo también juegan un importante papel en la educación de las personas mayores sobre sus derechos. Hay quienes presentan programas de televisión semanales para explicar su trabajo y adaptan el lenguaje a las necesidades de las personas con deterioro cognitivo. Las oficinas del defensor del pueblo también realizan consultas periódicas para ayudar a las personas mayores en sus gestiones con las autoridades públicas. Al presentar denuncias de discriminación por razón de edad ante el tribunal constitucional, varias oficinas del defensor del pueblo han contribuido a resolver problemas de vivienda y han garantizado unos ingresos mínimos para las personas mayores.

El grupo de trabajo concluyó con sugerencias de mejora. Algunas oficinas del defensor del pueblo abogan por una mayor coordinación con los sectores público y privado, por ejemplo en relación con las visitas domiciliarias y la supervisión de las agencias de servicios públicos, como las fuerzas policiales. Con la creciente digitalización, las oficinas del defensor del pueblo instan a los Gobiernos a extender el uso de soluciones digitales a las personas mayores, al tiempo que garantizan que las alternativas siguen estando disponibles.