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Discurso del Defensor del Pueblo Europeo: 'El Defensor del Pueblo Europeo y la Defensa de los Derechos Humanos', Defensor del Pueblo / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 8 de octubre de 2001


Estimados colegas,

Señoras y señores

Una de las líneas de trabajo que han caracterizado tradicionalmente al estatuto del Defensor el Pueblo ha sido la defensa de los derechos individuales frente a la actuación de las administraciones públicas. Este compromiso con la defensa de los derechos humanos ha sido también, ya desde la creación de la institución del Defensor del Pueblo Europeo en 1995, uno de los ejes de mi trabajo como garante de la buena administración a nivel comunitario. Con la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza en diciembre de 2000, esta línea de actuación se ha convertido, aún más, en el objetivo esencial de mi trabajo.

Permítanme que, en esta breve intervención, les describa las competencias de la institución, las iniciativas que he adoptado para la mejor defensa de los derechos consagrados a nivel europeo y los retos que deberemos afrontar.

El mandato del Defensor del Pueblo Europeo

Cuando el Tratado de Maastricht introdujo el concepto de ciudadanía europea, se decidió instituir un Defensor del Pueblo. Esta figura se ocuparía de las reclamaciones de los ciudadanos en posibles casos de mala administración resultantes de las actividades de las instituciones y órganos de la Comunidad. Es importante subrayar que el Defensor del Pueblo Europeo carece de mandato respecto de las autoridades públicas nacionales. Sólo se ocupa del nivel europeo.

Siendo la mala administración el elemento central de mi trabajo, el Parlamento Europeo me pidió al comienzo de mi primer mandato que delimitara este concepto. La definición que propuse en mi Informe Anual de 1997 y que tanto el Parlamento como la Comisión aceptaron fue la siguiente:

"Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente".

Desde mi punto de vista este concepto debía incluir el no respeto a los derechos humanos. No hay duda que entre esas normas y principios que informan la actuación de todo órgano o institución comunitarios, se encuentran los derechos humanos fundamentales, tal y como recoge el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Esta obligación se ha hecho todavía más patente tras la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en Niza en diciembre de 2000, y cuyo texto les he incluido como parte de la documentación.

Aunque el lugar de la Carta en el sistema jurídico comunitario es todavía tema de discusión, las principales instituciones de la Unión se han comprometido a respetar los derechos consagrados en su texto. Ello me ha llevado a concluir que la violación de esos derechos debería considerarse como mala administración. Mi posición ha sido claramente respaldada en la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre mi informe anual del año 2000, uno de cuyos considerandos indica que

"el deber más importante del Defensor del Pueblo Europeo es proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea frente a la mala administración de las autoridades comunitarias".

Es muy significativo que la Carta misma se refiera en su Artículo 43 al Defensor del Pueblo, reconociendo el derecho de todo ciudadano o residente de la Unión de someterle casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos comunitarios.

Uno de los aspectos más innovadores de la Carta ha sido la consideración del derecho a la buena administración como derecho fundamental de los ciudadanos. Su Artículo 41 establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente, y dentro de un plazo razonable. A tal fin esa actuación deberá respetar,

- el derecho de audiencia,
- el derecho de toda persona a acceder a un expediente que puede afectarle, o
- la obligación de motivar las decisiones administrativas.

Por otra parte, el derecho a la buena administración exige también que,

- toda persona que haya sufrido daños causados por las instituciones comunitarias y sus agentes pueda exigir una indemnización, así como
- el derecho a dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las doce lenguas de los Tratados y a recibir una respuesta en esa misma lengua.

Código de buena conducta administrativa

Para hacer realidad el derecho a una buena administración es preciso que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos respecto a la administración y que los funcionarios conozcan la actuación que se espera de ellos. Esto sólo es posible reflejando formalmente esos derechos y obligaciones en un texto escrito, ya sea por medio de un código, o bien a través de una ley.

Con este objetivo y siguiendo la propuesta del parlamentario europeo, Sr. Roy PERRY, inicié una investigación de oficio. Como fruto de la misma mis servicios redactaron un proyecto de Código de buena conducta administrativa dirigido a las instituciones y órganos comunitarios. Los resultados de la investigación fueron presentados recientemente al Parlamento Europeo por medio de un informe especial.

En su resolución de 6 de septiembre de este año, el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa, basado en mi propuesta, cuyos contenidos deberán ser respetados por las instituciones y órganos de la Unión, así como por sus funcionarios, en sus relaciones con los ciudadanos. El texto ha sido incluido en la documentación que les he distribuido.

La resolución invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta de reglamento, es decir una ley, sobre este tema. Requiere también al Defensor del Pueblo Europeo a aplicar el Código, a fin de comprobar si existe o no mala administración, dando con ello efecto al derecho de los ciudadanos a una buena administración, establecido en el Artículo 41 de la Carta.

Algunos casos relativos a la defensa de los derechos humanos

Permítanme presentarles algunas iniciativas de la institución cuyo objetivo ha sido defender los derechos consagrados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales:

Discriminación contra las mujeres en la selección de expertos nacionales en comisión de servicios (reclamación 242/2000/GG)

Esta reclamación había sido presentada por una funcionaria británica, madre de familia, que había solicitado su traslado a la Comisión Europea en comisión de servicios, pero a tiempo parcial. La institución no permitió el traslado, en tanto que las reglas aplicables permiten que esta posibilidad sólo se ejerza a tiempo completo. En opinión de la demandante, esta limitación constituía una medida discriminatoria contra las mujeres.

Tras comparar las estadísticas disponibles sobre el tema, resultaba claro que la prohibición del trabajo a tiempo parcial tendía a afectar negativamente a un porcentaje más elevado de mujeres. Concluí por tanto que la Comisión no había ofrecido razones objetivas que pudieran justificar esta práctica discriminatoria. A la vista de esta conclusión, dirigí un proyecto de recomendación a la Comisión, sugiriendo que esta institución aboliera este tipo de limitaciones.

Posibles prejuicios raciales en los procedimientos de reclutamiento (reclamación 777/2001/IJH)

Esta investigación en curso tuvo como origen una denuncia de un ciudadano holandés que indicaba que mientras más de 30 millones de ciudadanos procedentes de una minoría étnica viven en el territorio de la Unión Europea, su reflejo en la composición de la función pública comunitaria es ínfimo. La Unión Europea no ha desarrollado medidas de discriminación positiva para asegurar un reflejo adecuado de esas minorías entre su personal.

Si la realidad respondiera a una política de reclutamiento que indirectamente fuese discriminatoria, se estarían vulnerando derechos recogidos en la Carta de Niza, tales como el derecho al trabajo (Art. 15), y el principio de no discriminación, entre otras, por razones de raza, color o de origen étnico (Art. 21).

Libertad de expresión de los funcionarios comunitarios (OI/1/2001/GG)

La libertad de expresión de los funcionarios comunitarios aparece limitada, ya que se les exige previa autorización para realizar manifestaciones públicas y para toda publicación que guarde relación con la actividad de las Comunidades.

Ante la falta de criterios para interpretar esas normas y dado que una lectura amplia de las mismas podría desvirtuar el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios comunitarios, decidí iniciar una investigación de oficio. El Artículo 11 de la Carta de Niza proclama el derecho de toda persona a la libertad de expresión, sin que pueda haber injerencia de las autoridades públicas. A la luz de este artículo considero que es necesaria una regulación más clara del derecho a la libre expresión de los funcionarios comunitarios.

Discriminación por motivos de edad en los procedimientos de reclutamiento (OI/2/2001):

Ya en 1997 este tema había sido objeto de una iniciativa cuyo fin fue evaluar la aplicación de límites de edad en la contratación de funcionarios comunitarios. Mientras las instituciones de origen más reciente no aplicaban estos límites, aquellas más tradicionales los utilizaban en sus concursos. En el curso de mi investigación, la Comisión anunció que, en el futuro, estaba dispuesta a abandonar la aplicación de límites de edad en su política de reclutamiento.

Ante el reconocimiento en la Carta de Niza del derecho de todos a buscar un trabajo (Art. 15) y del derecho a la no discriminación por motivos de edad (Art. 21), decidí replantear el tema para acabar con toda posible situación discriminatoria no suficientemente justificada. He requerido de todas las instituciones y órganos de la Unión, detalles sobre su práctica y la posible justificación de la misma.

Posibles medidas a adoptar a nivel europeo

Los casos anteriores son sólo ejemplos que ilustran que la defensa de los derechos humanos es una tarea en la que el Defensor del Pueblo Europeo está plenamente comprometido. Sin embargo, para asegurar el respeto de esos derechos en Europa y con ello que la Carta de Niza llegue a ser una realidad viva para todos y cada uno de los ciudadanos europeos, hace falta una firme dedicación y un ingente trabajo. Frente a las vagas propuestas que se están poniendo hoy de moda en la Unión en torno a la idea de gobernanza, he propuesto tres medidas concretas en favor de una Europa de los ciudadanos:

Primera medida: Aumentar la transparencia:

La Unión Europea habla con frecuencia de medidas para aumentar la transparencia, pero los avances efectivos parecen difíciles de realizar.

A mi entender la transparencia implica:

(a) que los procesos de toma de decisiones sean comprensibles,
(b) que las propias decisiones estén motivadas,
(c) que, en la medida de lo posible, la información en la que se basan esos motivos sea accesible al público y
(d) que las reuniones de los órganos públicos que tomen decisiones sobre asuntos de repercusión directa para los ciudadanos sean abiertas y públicas, de forma tal que éstos puedan seguirlas y escuchar los argumentos.

También sería práctico que las propuestas se sometiesen a debate público antes de tales reuniones.

Cuanto mayor sea la transparencia en un órgano público, menores son las posibilidades de fraude o corrupción. Los ciudadanos europeos reclaman una administración honrada, y la manera más sencilla de promover esta meta consiste en garantizar la mayor transparencia posible.

Segunda medida: Establecer normas de buena conducta administrativa:

En las últimas décadas, los Estados miembros han aprobado muchas leyes de buena conducta administrativa en beneficio de los ciudadanos. Un buen ejemplo es la Ley española de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, modificada en 1999. El hecho de que esta leyes se hayan adoptado en toda Europa, desde España hasta Suecia, desmiente la idea de que el Norte tenga un enfoque de la buena administración distinto al del Sur.

A nivel europeo, y tras mi iniciativa sobre la aplicación de códigos de buena conducta administrativa, el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Ministros adoptaron tal tipo de códigos. En mi opinión, sin embargo, esos códigos no alcanzan a cumplir los requisitos de la Carta de Niza. Tras la reciente resolución del Parlamento Europeo, la Comisión Europea deberá presentar en el futuro una propuesta de reglamento (esto es, un acto jurídico vinculante), cuyo objeto sea un Código comunitario de Buena Conducta Administrativa.

Esta iniciativa sería muy importante puesto que tanto la Unión Europea como sus Estados miembros necesitan contar con normas que definan la buena conducta administrativa. Tal legislación haría posible que los ciudadanos supiesen cuáles son sus derechos respecto a la Administración y que los funcionarios conociesen qué se espera de ellos.

Tercera medida: Garantizar el respeto del Estado de Derecho:

De las reclamaciones inadmisibles que recibo se deduce que el Derecho comunitario todavía no se respeta plenamente en los Estados Miembros. Esas normas no suelen ser bien conocidas ni entendidas. Parecen funcionar bien para las grandes empresas, pero no cumplen sus promesas para el ciudadano ordinario.

¿ Cómo pueden tener los ciudadanos confianza en la Unión si su legislación no es respetada por los Estados miembros ? Ante esos problemas el ciudadano puede presentar peticiones al Parlamento Europeo, o quejas ante la Comisión, si bien su tramitación es larga. Es más, en el caso de la Comisión, la manera de proceder en su papel de guardiana de los Tratados no resulta transparente.

Como Defensor del Pueblo Europeo he tratado de promover un mayor conocimiento entre los demás defensores del pueblo y comisiones de peticiones de los Estados miembros, promoviendo una red de contacto que permita compartir informaciones y conocimientos sobre Derecho comunitario. Sería muy útil para los ciudadanos europeos que todos los defensores del pueblo y órganos similares de los Estados miembros estuviesen en condiciones de ayudarles con los problemas de Derecho comunitario. Ello exige un pleno apoyo de la administración europea y, por encima de todo, de la propia Comisión.

Algunos pasos se han dado ya en esta dirección y existen redes de cooperación entre los Defensores del Pueblo e instituciones similares, a nivel nacional y regional, en la Unión Europea. Es preciso profundizar en esta línea de actuación, porque mucho está en juego. Frente a los grises nubarrones que parecen amenazar nuestra convivencia democrática, es preciso que nuestras instituciones se esfuercen por afianzar las tradiciones democráticas de nuestro viejo continente, y por hacer de Europa un espacio de libertades, donde el respeto a los derechos de todos nuestros ciudadanos es la regla y no la excepción.

Muchas gracias por su atención,

 

Jacob SÖDERMAN