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Decisión sobre la manera en la que la Comisión Europea ha tramitado las denuncias que España incumple el Derecho de la UE en la materia de seguridad social al imponer impuestos a una pensión por incapacidad proveniente de otro Estado miembro de la UE

Estimado Señor X:

En el mes de febrero de 2022, usted presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) en relación con la tramitación de sus denuncias por infracción del Derecho de la UE[1] presentadas entre los años 2020 y 2022.

En sus denuncias a la Comisión, alega usted que España está infringiendo el Derecho de la UE[2] al aplicar impuestos a las pensiones por incapacidad que usted recibe de otros Estados miembros.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, alega usted que la Comisión se equivocó al no tomar ninguna medida contra España en relación con sus denuncias por infracción.

Pedimos a la Comisión que nos informara por escrito sobre cómo tramitó sus denuncias y que facilitara copias de los documentos pertinentes. Adjunto encontrará un resumen de sus denuncias facilitado por la Comisión, así como la correspondencia entre usted y la Comisión.  

Tras un análisis detallado de toda la información obtenida en el curso de la investigación, hemos decidido clausurarla con la siguiente conclusión:

No hubo mala administración por parte de la Comisión Europea[3].

La Comisión dispone de un amplio poder discrecional para decidir si incoa un procedimiento de infracción y cuándo hacerlo[4], incluso cuando considere que se ha producido una infracción del Derecho de la Unión. En cuanto a las reclamaciones sobre la manera en la que la Comisión tramita las denuncias por infracción, el papel del Defensor del Pueblo es, por tanto, limitado. El Defensor del Pueblo puede tratar de garantizar que la Comisión haya explicado adecuadamente cómo ha ejercido su poder discrecional, pero no puede interferir en el ejercicio de este poder por parte de la Comisión. El Defensor del Pueblo podría intervenir solo si hay indicios de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión.

La Comisión le informó de que no había constatado ninguna infracción del Derecho de la UE. Observó que España no había infringido el principio de igualdad de trato y de no discriminación, ya que tenía derecho a evaluar la equivalencia de sus pensiones de incapacidad extranjeras con las características de una pensión por incapacidad exenta de impuestos en virtud de la legislación nacional. La Comisión observó que la UE tiene competencias limitadas en el ámbito de la seguridad social[5] y la fiscalidad[6]. La Comisión le informó de que la legislación de la UE aplicable preveía solo la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social, y que, dado que el grado de incapacidad se determinaba con arreglo a la legislación nacional, este podía diferir considerablemente entre los Estados miembros. También señaló que los Estados miembros podían decidir sobre los impuestos aplicables a las pensiones por incapacidad, habida cuenta de sus competencias en el ámbito de la fiscalidad directa. Por último, la Comisión le informó de que no podía intervenir en casos individuales ante los tribunales nacionales ni en las decisiones del defensor del pueblo nacional.

Consideramos que la Comisión le proporcionó explicaciones claras y razonables sobre su posición y no encontramos nada que sugiera que haya malinterpretado manifiestamente los hechos o la ley. La Comisión observó acertadamente que la Unión tiene competencias limitadas en esta materia y que la legislación de la UE aplicable no ha eliminado las diferencias en el ámbito de la seguridad social entre los Estados miembros. Tenga en cuenta que, en virtud del principio de igualdad de trato, usted tiene los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país cuya legislación en materia de seguridad social resulta aplicable.

En vista de lo anterior, el Defensor del Pueblo ha cerrado el caso.

Aunque entendemos que este no es el resultado esperado, esperamos que las explicaciones anteriores le resulten útiles. Gracias por haberse puesto en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo. 

Le saluda atentamente,

 

Tina Nilsson
Jefa de la Unidad de gestión de casos

Estrasburgo, 27/09/2022

 

[1] CHAP(2020)02729, CHAP(2021)00141, CHAP(2021)01777, CHAP(2021)03939 y CHAP(2022)00226.

[2] Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20140101 y el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004 (...) disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0987-20180101.

[3] La información completa sobre el procedimiento y los derechos en materia de reclamaciones se puede

  encontrar en https://www.ombudsman.europa.eu/es/document/70707.

[4] Sentencia del Tribunal de 14 de febrero de 1989, Starfruit contra Comisión, asunto 247/87, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0247&from=EN.

[5] Art. 4 y Art. 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

[6] La competencia de la UE en este ámbito está relacionada principalmente con el funcionamiento del mercado interior: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/80/los-impuestos-directos-la-fiscalidad-de-las-personas-fisicasy-de-las-sociedades.