El Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha pedido a la Comisión Europea que le informe del progreso alcanzado en un asunto relativo a la lentitud de los servicios postales en España. Este caso surgió a raíz de una reclamación presentada por un ciudadano alemán residente en España, en cuya opinión, los numerosos contactos con la Comisión y con las autoridades españolas han sido infructuosos.

El asunto afecta al modo en que las autoridades postales españolas cumplen su obligación de prestar un servicio universal, que incluye efectuar entregas no menos de cinco días a la semana. El demandante declara que su pueblo no cuenta con un servicio adecuado y que los intervalos entre entregas llegan a dos semanas.

En su informe sobre la reclamación, la Comisión expresó su opinión de que había tratado el asunto con dedicación suficiente. La Comisión hacía referencia a una solicitud oficial de información sobre el asunto del demandante que había remitido a las autoridades españolas el 2 de junio de 2004.

En su respuesta a esto, el demandante indicó que se podía apreciar que la Comisión era impotente ante las autoridades postales españolas.

El Defensor del Pueblo consideró llamativo que la Comisión no le hubiese facilitado información sobre su carta a las autoridades españolas de 2 de junio de 2004, especialmente por lo que se refiere al plazo de respuesta que presumiblemente se habría fijado en la misma. Por consiguiente, pidió a la Comisión que le proporcionase una copia de la carta y que le informase de (a) si entre tanto había recibido respuesta de las autoridades españolas y (b) del modo en que se proponía proceder. La Comisión tenía que responder al Defensor del Pueblo antes del 30 de septiembre de 2004.

Antecedentes

Ya en enero de 2003, el ciudadano alemán se había puesto en contacto con la Comisión acerca de este problema. La Comisión le aconsejó que acudiera al Ministerio español competente (el de Fomento), indicándole que la Comisión solamente intervendría si el Ministerio no conseguía resolver el problema. Ante la falta de respuesta del Ministerio español, la Comisión envió una carta al Subdirector General competente solicitando que se respondiera sin demora al demandante. Ante la ausencia de reacción y a la vista de las solicitudes reiteradas del demandante, la Comisión escribió de nuevo a la persona competente en España, solicitándole respuesta en un plazo de 15 días. Según la Comisión, esta carta no obtuvo respuesta.

El demandante acudió entonces al Defensor del Pueblo Europeo, aduciendo que la Comisión no había cumplido su obligación en este asunto. Presentó también una reclamación al Defensor del Pueblo español relativa al problema.

 

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