Nota: Las opiniones que se presentan en este informe reflejan las contribuciones a la consulta pública y no representan la posición del Defensor del Pueblo Europeo.

Febrero de 2019

 

1. Introducción

En julio de 2018, el Defensor del Pueblo Europeo inició una consulta pública sobre el uso de las lenguas en las instituciones, los órganos, los organismos y agencias de la UE (los «órganos de la UE»).

La consulta pretendía fomentar los debates respecto a este asunto, teniendo en cuenta la necesidad de conciliar el respeto y el apoyo a la diversidad lingüística con las restricciones administrativas y presupuestarias. Abarcaba cuatro cuestiones principales:

I. Las normas y prácticas;

II. El uso del idioma en los sitios web;

III. El uso del idioma en las consultas públicas; y

IV. La necesidad de nueva legislación, los costes de traducción y el potencial de la traducción automática.

El Defensor del Pueblo Europeo recibió 286 respuestas. Algunos encuestados solo respondieron algunas de las preguntas planteadas.

Tres de las respuestas procedían de Estados miembros, dos de agencias de la UE, una de una autoridad regional, 33 de organizaciones o asociaciones no gubernamentales y 247 de personas físicas (véase el anexo).

El Defensor del Pueblo Europeo recibió respuestas en 19 lenguas oficiales de la UE, en concreto, en francés (95), inglés (57), italiano (32), español (25), alemán (21), neerlandés (18), eslovaco (14), húngaro (3), polaco (3), portugués (3), irlandés (2), sueco (2), checo (2), búlgaro (1), croata (1), danés (1), finés (1), griego (1) y rumano (1). Asimismo, se presentó una respuesta en latín, una en esperanto y una en catalán.

2. Resumen

• Existe un amplio apoyo al multilingüismo.
• Aunque se permiten las restricciones lingüísticas, en determinadas circunstancias, deben justificarse en una política lingüística publicada en el sitio web de cada órgano de la UE. La política debe presentarse en todas las lenguas oficiales de la UE.
• Una política sobre «traducciones a petición expresa» constituye una salvaguardia útil.
• Los sitios web de los órganos de la UE deberían, al menos en cierta medida, estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE.
• Los resúmenes de temas clave publicados en todas o muchas lenguas oficiales, por lo general, se consideran un compromiso positivo cuando el multilingüismo total no se considera viable.
• Por su naturaleza y por norma general, las consultas públicas deberían ponerse a disposición en tantas lenguas oficiales de la UE como fuese posible.
• Resultaría útil aprovechar el potencial de la traducción automática, por lo menos como apoyo a los traductores humanos.

3. Respuestas

I. Normas y prácticas relativas a las restricciones lingüísticas

Falta de transparencia (Pregunta 1)

Existe una falta de transparencia (y pocas normas formales) en la manera en la que las distintas secciones de la administración de la UE ponen a disposición la información en las distintas lenguas oficiales de la UE. Esto incluye, por ejemplo, los criterios utilizados para decidir qué lengua(s) utilizar en contextos específicos. ¿Cómo se pueden colmar estas lagunas? ¿Qué criterios adicionales, si existen, deben aplicarse?

La gran mayoría de los encuestados cree que la actual falta de transparencia es un inconveniente, ya que genera arbitrariedad, incoherencias y discriminación. Deberían introducirse normas para acabar con las lagunas. Existen distintas opiniones respecto al contenido de dichas normas (Pregunta 2) y a su forma (Pregunta 8).

Muchos encuestados hacen referencia a los principios de la diversidad lingüística y de la igualdad lingüística. Señalan que la lengua constituye una parte fundamental de la identidad de los ciudadanos. Las barreras lingüísticas impiden la participación ciudadana en debates y en la toma de decisiones a escala de la UE. Preocupa que las restricciones lingüísticas dan un acceso privilegiado a determinados Estados miembros, ciudadanos y agentes económicos y reducen la legitimidad global de la UE.

Muchos encuestados señalan que el acceso a la información en una lengua que los ciudadanos entiendan resulta fundamental para garantizar la confianza y la fe en el funcionariado de la UE y para contrarrestar la desconfianza, el desinterés y el euroescepticismo.

Tres modelos de política lingüística

Los encuestados proponen tres amplios modelos de política lingüística para órganos de la UE:

1. Multilingüismo restringido

La mayoría de los encuestados que respondieron a esta pregunta (102) apoyan un tipo de multilingüismo restringido. Sostienen que la información debe estar siempre disponible en, al menos, de tres a cinco lenguas oficiales de uso común (inglés, francés y alemán y, de ser posible, italiano y español). Las demás lenguas oficiales solo deberían utilizarse cuando se cumplan determinados criterios. La siguiente información siempre debería estar disponible en todas las lenguas oficiales:

• los documentos/la información con una repercusión financiera importante para los ciudadanos y las pymes, como Erasmus+, los anuncios de puestos vacantes, las convocatorias de licitación o las directrices para proyectos de la UE;
• la información que afecta especialmente a las vidas de los ciudadanos, como aquella relativa a la educación, la sanidad, los derechos de los ciudadanos y la seguridad social;
• los documentos que crean derechos y obligaciones para los ciudadanos;
• las consultas públicas;
• determinados comunicados de prensa.

Se mencionan los siguientes criterios adicionales:

• si la información o los documentos abordan o se refieren específicamente a determinados Estados miembros o ciudadanos, deben estar disponibles en la(s) lengua(s) oficial(es) de los Estados miembros o los ciudadanos implicados;
• para determinados sectores especializados, como la investigación científica, las restricciones lingüísticas pueden estar justificadas;
• debe tenerse en cuenta la urgencia y la importancia política de la información;
• en el caso de los órganos descentralizados de la UE, debe tenerse en cuenta la lengua del Estado miembro de acogida.

2. Multilingüismo ilimitado

Dieciocho encuestados optan por el multilingüismo total, en el que todas las lenguas oficiales de la UE deberían utilizarse en todo momento y todas las traducciones deberían estar disponibles de manera simultánea.

3. Hacia una «lingua franca»

Cuarenta y seis encuestados piden que exista una lengua común hablada por todos los ciudadanos de la UE. Existen dos enfoques: cuatro encuestados consideran que la elección ideal es una de las actuales lenguas de trabajo (el inglés). Cuarenta y un encuestados defienden firmemente el uso de una lengua común pero neutral, como el esperanto.

Supervisión del multilingüismo

Varios encuestados proponen mecanismos para supervisar el cumplimiento del multilingüismo por parte de los órganos de la UE. Entre las sugerencias se incluyen las siguientes:

• la creación de un «observatorio del multilingüismo» que supervise permanentemente esta cuestión;
• la creación de un «defensor del multilingüismo», como un Defensor del Pueblo especializado en multilingüismo o un organismo auditor con facultades para imponer sanciones en caso de incumplimiento;
• estadísticas sobre el uso de las lenguas en los órganos de la UE para mejorar la transparencia.

Política lingüística (Pregunta 2)

¿Debería cada una de las instituciones de la UE contar con una política lingüística y, en su caso, qué debería incluirse en una política lingüística? ¿Deberían publicarse dichas políticas lingüísticas en los sitios web de las instituciones? ¿Cuán detallada debe ser una política de este tipo en relación con casos específicos en los que la elección de la(s) lengua(s) es restringida?

Conveniencia de una política lingüística

La mayoría de los encuestados (175) está a favor de una política lingüística. Existen opiniones divergentes respecto a si esta política debe abarcar todos los órganos de la UE o ser específica para cada órgano. Surgen tres opciones principales:

1. Una política común: cincuenta y dos encuestados consideran que una política común fomentaría la transparencia y la claridad respecto al uso de las lenguas en los organismos de la UE. Existen opiniones divergentes respecto a si deben incluirse las agencias de la UE.

2. Una política común adaptada a cada organismo de la UE: una segunda opción (17 encuestados) consiste en una política común que establezca los principios básicos del uso de las lenguas, que pueda aplicarse a todos los organismos de la UE. Después, esta política común se adaptaría a las tareas y las funciones específicas de cada organismo de la UE.

3. Políticas independientes: Debido a las diferencias considerables —respecto al papel y las funciones— entre los organismos de la UE, una política lingüística común no resultaría práctica (7 encuestados).

Publicación de una política lingüística

Los encuestados están de acuerdo en que debería publicarse un política lingüística en los sitios web de los organismos de la UE y que debería estar disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. Veinte encuestados consideran que resultaría útil disponer de una sección de comentarios para la política lingüística en el sitio web, que permitiría al público aportar sus comentarios sobre el contenido y la aplicación de la política.

Nivel de detalle de la política lingüística

Por lo general, los encuestados están de acuerdo en que una política lingüística debería establecer qué lenguas utilizan los organismos de la UE y en qué situaciones. Debe resultar de fácil comprensión para los ciudadanos.

Respecto al nivel de detalle:

• Algunos encuestados prefieren una política lingüística (muy) detallada, en la que las restricciones se justifiquen sobre la base de criterios claros, con el fin de evitar la arbitrariedad.
• Algunos encuestados prefieren una política lingüística más general y flexible, que establezca principios básicos sobre cuándo y por qué puede restringirse el uso de las lenguas. La política lingüística debe ser concisa, coherente y lógica. Sin embargo, para que sea práctica, debe ser flexible y permitir evaluaciones individuales.

Traducciones a petición expresa (Pregunta 3)

¿Debería cada una de las instituciones contar con una política sobre las circunstancias en las cuales puede proporcionar traducciones de información o de documentos a petición? En caso afirmativo, ¿cómo puede formularse dicha política de tal modo que evite costes desproporcionados?

¿Sí o no?

Sí: Ciento catorce encuestados opinan que debería existir una política sobre la prestación de traducciones a petición expresa para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información. Esta política debería formar parte de una política lingüística (común).

No: Treinta y un encuestados opinan que los organismos de la UE no deberían tener una política sobre la prestación de traducciones a petición expresa por diversas razones:

• Las traducciones a petición expresa no son necesarias, si las restricciones lingüísticas se justifican debidamente en una política lingüística detallada.
• Riesgo de explotación por parte de solicitantes abusivos.
• Estas traducciones resultarían demasiado costosas.
• Un encuestado, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, observa con preocupación que el derecho a recibir traducciones a petición expresa puede impedir que la Agencia cumpla con sus plazos reglamentarios.

Evitar costes desproporcionados

Un grupo de encuestados está en desacuerdo con que una política de traducciones a petición expresa suponga «costes desproporcionados». Un encuestado resume esta opinión de la manera siguiente: «Estos son los costes de la democracia. El coste de la democracia nunca es demasiado elevado».

Otros encuestados proponen las medidas siguientes para evitar costes desproporcionados (véanse también las respuestas a la Pregunta 9):

• proporcionar traducciones a petición expresa solo para los documentos importantes (tales como los que aborden los derechos de los ciudadanos) o los documentos cuya vigencia perdure por lo menos un año;
• proporcionar traducciones a petición expresa solo si el solicitante puede demostrar que lo necesita^[1];
• proporcionar traducciones automáticas (editadas), a ser posible con una advertencia;
• racionalizar los recursos mediante la creación de una reserva común de recursos para todos los organismos de la UE, por ejemplo, en forma de un servicio central de traducción;
• minimizar las posibilidades de abuso, por ejemplo, permitiendo que los organismos de la UE rechacen determinados tipos de peticiones;
• determinar un presupuesto específico para las traducciones a petición expresa;
• proporcionar traducciones únicamente en formato digital;
• utilizar una lengua común neutral para reducir los gastos de traducción;
• introducir un «modelo de petición», en el que un documento solo se traduce si un número significativo de personas solicita la traducción;
• encomendar la tarea de las traducciones a petición expresa a las representaciones ante la UE en los distintos Estados miembros de la UE;
• imputar los gastos a los Estados miembros de la UE pertinentes;
• verificar si una traducción ya está disponible en un Estado miembro, por ejemplo, poniendo en marcha «una plataforma común de traducciones» para intercambiar información entre centros nacionales de traducción de manera más fácil;
• reducir la extensión de los documentos y de la información en Internet.

Los encuestados tienen opiniones opuestas respecto a si deben cobrarse honorarios por las traducciones a petición expresa. Los defensores de cobrarlos sostienen que estos honorarios no solo cubrirían los gastos de traducción, sino que también disuadirían a las personas de hacer peticiones abusivas. Los que se oponen a ello argumentan que sería discriminatorio cobrar honorarios a los ciudadanos, si otros tienen acceso a la misma información en su lengua materna.

II.  Sitios web de la UE

Principios lingüísticos generales (Pregunta 4)

¿Qué principios lingüísticos generales deben aplicarse a los sitios web de las instituciones de la UE? ¿Qué partes de los sitios web de la UE en particular piensa que deberían estar disponibles en todas o muchas lenguas de la UE?

Los encuestados están divididos entre el multilingüismo restringido y el ilimitado para los sitios web de la UE. Un grupo de encuestados (81) opina que todas las partes de los sitios web de la UE deberían estar disponibles en todas las lenguas oficiales para garantizar la legitimidad democrática y la igualdad lingüística. Un grupo más reducido considera que todos los sitios web de la UE deberían estar disponibles al menos en inglés, alemán, francés y posiblemente en otras lenguas. Otro grupo quiere que todo se presente en una lengua común y neutral.

Setenta encuestados consideran que las partes de los sitios web de la UE que interesan al «público en general» deberían estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE, por ejemplo:

•  los apartados «Acerca de...» que describen el funcionamiento y la finalidad de un organismo de la UE con la información de contacto;
•  los apartados con noticias, comunicados de prensa y últimas novedades;
•  sitios web
  • que abordan cuestiones de salud pública, educación, economía, derechos de los pasajeros, seguridad alimentaria, seguridad en el trabajo o derechos de los ciudadanos;
  •  con información sobre subvenciones, convocatorias de licitación y otros programas de contratación o financiación;
  • relacionados con iniciativas políticas importantes, cuestiones y orientaciones jurídicas sobre cómo cumplir las obligaciones en virtud del Derecho de la Unión;
  •  con ofertas de empleo;
  •  de las Presidencias de la UE.

Para otras partes de los sitios web de la UE que se dirigen a un público más especializado, queda justificado un régimen lingüístico más restringido^[2].

Resúmenes en todas las lenguas oficiales o muchas de ellas (Pregunta 5)

¿Sería útil contar con resúmenes de los asuntos clave publicados en todas o muchas lenguas oficiales?

Alrededor de dos tercios de los encuestados consideran que la publicación de resúmenes de los temas clave en todas o muchas lenguas oficiales resulta útil.

Muchos encuestados a favor de los resúmenes consideran que son una buena solución. Sesenta y dos encuestados opinan que los resúmenes deberían estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE. Algunos encuestados consideran que es suficiente con que los resúmenes existan en las tres, cuatro o cinco lenguas más habladas. Otros encuestados afirman que el hecho de resumir la información puede tergiversarla y que discrimina a las personas que solo tienen acceso al texto resumido.

Restricciones lingüísticas (Pregunta 6)

¿Es aceptable en determinadas circunstancias proporcionar material en un reducido número de lenguas en vez de en todas las lenguas oficiales? En caso afirmativo, ¿qué criterios deben utilizarse para determinar cómo elegir dichas lenguas (por ejemplo, tamaño de la población que habla la lengua en cuestión, nivel de diversidad lingüística en la población...)?

¿Sí o no?

Sí: A la mayoría (119) de los encuestados que respondió a esta pregunta les parece aceptable, en determinadas circunstancias y por razones pragmáticas, proporcionar materiales solo en un número reducido de lenguas. Algunos encuestados añaden condiciones, por ejemplo, que se aporten justificaciones claras o que las restricciones se combinen con la posibilidad de proporcionar traducciones a petición expresa.

No: Ochenta y cuatro encuestados apoyan el modelo de un multilingüismo ilimitado, según el cual cualquier tipo de restricción lingüística es discriminatoria y, por lo tanto, inaceptable.

Criterios para seleccionar las lenguas

Los encuestados tienen distintas opiniones en lo que se refiere a los criterios que deberían utilizarse para escoger las lenguas oficiales.

Muchos encuestados consideran que el criterio más importante es la repercusión, la importancia o el interés de la información para un determinado grupo de ciudadanos, Estados miembros o el público en general. Según ellos, las lenguas deberían escogerse de manera que todos los interesados puedan entender la información. Esto podría implicar que determinados contenidos muy específicos, a menudo dirigidos a expertos, podrían estar disponibles solo en un número limitado de lenguas.

Algunos encuestados consideran que el volumen de población de personas que hablan las lenguas escogidas es un criterio adecuado, tanto si se basa en un porcentaje mínimo de la población europea^[3] cubierta por las lenguas oficiales seleccionadas, como si se basa en las lenguas oficiales más habladas. Otros encuestados están totalmente en contra de utilizar como criterio el volumen de población, ya que discriminaría necesariamente a las poblaciones más reducidas y sus lenguas.

Algunos encuestados opinan que debería darse prioridad a las lenguas de trabajo del funcionariado de la UE (para algunos organismos de la UE es el inglés, el francés y el alemán) o a las lenguas que son lenguas oficiales en más de un Estado miembro.

III. Consultas públicas

Política de la Comisión (Pregunta 7)

En abril de 2017 la Comisión Europea adoptó nuevas normas internas que exigen que los documentos relativos a consultas públicas relacionadas con las iniciativas prioritarias en el programa de trabajo anual de la Comisión se publiquen en todas las lenguas oficiales de la UE. Todas las demás consultas públicas deben estar disponibles al menos en inglés, francés y alemán. Las consultas públicas de amplio interés general deben estar disponibles en otras lenguas. Además, las páginas de consulta o un resumen de ellas deben traducirse a todas las lenguas oficiales de la UE.

En su opinión, ¿logra esta política un equilibrio adecuado entre la necesidad de respetar y apoyar la diversidad lingüística, por un lado, y las limitaciones administrativas y presupuestarias, por otro? ¿Es este el tipo de política que podría ser razonablemente aceptado por otras instituciones de la UE?

Aproximadamente la mitad de los encuestados (124) sostiene que la política de la Comisión no logra un equilibrio adecuado. La gran mayoría de estos encuestados considera que la actual política de la Comisión es insuficiente por los motivos que se expresan a continuación:

• Muchos encuestados (50) lamentan la definición poco específica de determinados términos clave, como «amplio interés público», «lenguas adicionales» e «iniciativas prioritarias». Esto concede amplia discreción a la Comisión y puede derivar en una aplicación arbitraria de la política.
• Muchos encuestados (49) opinan que las consultas públicas deberían estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE. El razonamiento consiste en que, debido a la naturaleza de las consultas públicas, los organismos de la UE deben garantizar que todos los ciudadanos puedan participar en las mismas condiciones. Las limitaciones deberían representar la excepción y no la regla.
• Muchos encuestados (46) no entienden por qué el inglés, el francés y el alemán deberían disfrutar de un estatuto privilegiado en las consultas públicas. Este estatuto genera desigualdad lingüística.
• Algunos encuestados (9) consideran que deberían añadirse más lenguas oficiales (incluidos el español y el italiano) a las tres lenguas mínimas.
• Unos cuantos encuestados (6) muestran su preocupación en lo que se refiere a los aspectos prácticos: ¿hasta qué punto se aplica en la práctica la política de la Comisión de 2017? ¿En qué punto del período de consulta se ponen a disposición las distintas traducciones?

Sesenta y cuatro encuestados creen que la política lingüística de 2017 de la Comisión para consultas públicas es adecuada. Algunos consideran que la política constituye un primer paso importante e incluso proponen que otros organismos de la UE la adopten. A este respecto, un encuestado, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, señala que resulta difícil que otros organismos adopten exactamente la misma política, ya que las consultas públicas de la Comisión pueden ser distintas a las que organizan otros organismos de la UE y pueden tener otro tipo de público objetivo.

Algunos encuestados (5) consideran que la política de la Comisión de 2017 es demasiado costosa y creen que la publicación solo en inglés, o en inglés, francés y alemán, es suficiente.

IV. Otros

Nueva legislación de la UE (Pregunta 8)

La única legislación específica en materia de uso lingüístico por parte de la administración de la UE data del año 1958, cuando eran seis los Estados miembros y cuatro las lenguas oficiales. ¿Cree que, en las circunstancias actuales, sería útil una nueva legislación? ¿O cree que es mejor tratar las cuestiones lingüísticas fuera de un marco jurídico detallado?

La mayoría de encuestados (126) respecto a esta pregunta considera que sería útil elaborar nueva legislación o una revisión del actual Reglamento 1/1958. Algunas respuestas especifican que la revisión de esta legislación debería reforzar el multilingüismo, estableciendo los derechos lingüísticos de los ciudadanos de manera detallada. Algunos encuestados matizan su exposición alegando que, si bien sería conveniente elaborar legislación nueva, la revisión del Reglamento 1/1958 puede abrir la «caja de Pandora».

Los encuestados presentan las siguientes propuestas de modificación del Reglamento 1/1958:

• exigir a las instituciones de la UE, en lugar de darles la posibilidad, que adopten normas internas sobre el uso de las lenguas (artículo 6);
• incluir el derecho a recibir traducciones a petición expresa;
• actualizar el Reglamento 1/1958 para que refleje el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige a la Comisión que realice amplias consultas públicas y a las instituciones de la UE que establezcan un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil;
• introducir una lengua común neutral.

Treinta y cuatro encuestados se oponen a la nueva legislación o a una revisión del Reglamento 1/1958. Consideran que el Reglamento 1/1958 es suficiente, que está actualizado y que la igualdad de las veinticuatro lenguas oficiales debería mantenerse. Más bien, el desafío consiste en aplicar bien la legislación existente.

Algunos encuestados proponen que se aborden las cuestiones lingüísticas fuera de un marco legislativo detallado. Se presentan varias propuestas:

• directrices (comunes) adoptadas por los organismos de la UE;
• actualización de la Comunicación de la Comisión sobre la traducción como parte del proceso de toma de decisiones de la Comisión (2016);
• un código de conducta sobre multilingüismo;
• un acuerdo interinstitucional según el cual cada organismo de la UE adopte su propia política lingüística; y
• recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo.

Gastos de traducción (Pregunta 9)

Cualquier aumento del volumen de información y de documentos publicados en todas las lenguas de la UE implicará costes de traducción adicionales. ¿Cómo sugiere que se cubran dichos costes adicionales? ¿De otra parte del presupuesto de la UE? ¿Por medio de fondos adicionales reservados de los Estados miembros individuales involucrados? ¿Por otros medios?

Las respuestas a esta pregunta varían según el modelo de política lingüística que los encuestados defienden.

De acuerdo con algunos encuestados, los gastos de traducción no son excesivos y la pregunta debería modificarse: «¿Cuáles son los costes de no traducir?» En concreto: «La traducción, es decir, la información y la posibilidad de que cada ciudadano entienda lo que está pasando, no me parecen un gasto secundario, sino un imperativo democrático, en un contexto en que la Unión a menudo no se comprende y se rechaza» (respuesta transmitida en francés).

Los encuestados presentan varias propuestas sobre cómo sufragar los gastos (adicionales) de la traducción:

• Sesenta y dos encuestados opinan que el presupuesto general de la UE debería cubrir los gastos de traducción. De lo contrario, los Estados miembros más pequeños acabarían pagando por las traducciones más que los Estados miembros grandes.
• Algunos encuestados (22) van aún más lejos y piden que los Estados miembros que tienen una de las «lenguas privilegiadas» paguen más para compensar esta ventaja.
•  Por otro lado, algunos encuestados (24) opinan que los Estados miembros que deseen traducciones adicionales en su lengua oficial deberían sufragar los gastos asociados.
• Muchos encuestados presentan propuestas sobre cómo reducir los gastos de traducción:
  •  centralizar los recursos de traducción de todos los organismos de la UE;
  • depender más de la traducción automática (véase también la Pregunta 10);
  •  reducir la cantidad de textos;
  •  mejorar la calidad de los textos;
  •  externalizar las traducciones a traductores externos;
  •  fomentar la competencia entre agencias de traducción mediante licitaciones transparentes;
  •  reducir las tarifas de traducción del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para equipararlas a las tarifas del sector privado de la traducción lingüística;
  •  evitar la revisión de documentos ya traducidos;
  •  evitar las urgencias;
  •  cooperar con los servicios nacionales de traducción, por ejemplo mediante la creación de una plataforma de traducción común para evitar la duplicación del trabajo.

Traducciones automáticas (Pregunta 10)

¿En qué medida puede utilizarse la tecnología para ofrecer traducciones entre las distintas lenguas de la UE? En la medida en que las traducciones «automáticas» no siempre son exactas, ¿es este un precio aceptable que pagar por que los documentos traducidos estén disponibles con mayor rapidez y a un menor coste de lo que serían en otro caso?

Los encuestados consideran que lograr un buen equilibrio entre el potencial de las traducciones automáticas y el riesgo de que surjan errores supone un desafío: «A veces, las traducciones automáticas son mejores que nada, pero otras veces son peores que nada».

Para casi la mitad de los encuestados (134), la balanza se decanta a favor de las traducciones automáticas. Si bien los problemas actuales relacionados con su uso están claramente reconocidos, varios encuestados (17) consideran que se deben invertir más recursos en el desarrollo de tecnologías de traducción. Al mismo tiempo, la mayoría de los encuestados formula condiciones para el uso actual de las traducciones automáticas; por ejemplo, la traducción automática:

• solo debería utilizarse como ayuda^[4] o si un traductor humano la revisa o corrige;
• no debería utilizarse para documentos que requieren precisión, tales como los documentos jurídicos o financieros;
• solo debería utilizarse con una advertencia que aclare que el texto se ha traducido de manera automática y puede carecer de precisión;
• solo debería utilizarse como solución transitoria hasta que la traducción «correcta» esté disponible;
• debería combinarse con la posibilidad de recibir traducciones «correctas» a petición expresa.

Algunos encuestados proporcionan ejemplos de situaciones en que la traducción automática podría utilizarse más, como para el contenido web, textos simples o cortos, documentos internos, o para traducciones a lenguas no oficiales.

Para aproximadamente un cuarto de los encuestados (73), la balanza se inclina en contra del uso de las traducciones automáticas. Los encuestados (28) subrayan su poca fiabilidad y su calidad insuficiente. El uso de la traducción automática puede discriminar a los ciudadanos de la UE si algunas lenguas se traducen «correctamente» y otras no. Algunos encuestados advierten de la circulación de traducciones «grises», que pueden producir «noticias falsas». En todo caso, la traducción automática puede utilizarse para apoyar a los traductores humanos (14 encuestados).

4. Descripción general de otros aspectos planteados

Uso de lenguas regionales o minoritarias por parte de los organismos de la UE

Algunos encuestados señalan la importancia de las lenguas regionales y minoritarias en los Estados miembros de la UE, que no tienen el estatuto de una lengua oficial pero que son muy habladas o una parte fundamental de la identidad. Se hacen propuestas respecto a cómo otorgar a dichas lenguas un mayor reconocimiento a escala de la UE:

• Concederles una sección en los sitios web de la UE;
• Publicar las cuestiones que afectan a las minorías en la(s) lengua(s) pertinente(s);
• Poner a disposición los resúmenes de las cuestiones clave y las consultas públicas en las lenguas regionales o minoritarias;
• Modificar el Reglamento 1/1958 para que proteja las lenguas regionales o minoritarias.

Consecuencias del Brexit

Una serie de encuestados señala que, como consecuencia del Brexit desde marzo de 2019, el inglés debería tener menos presencia e importancia en la comunicación interna y externa del funcionariado de la UE.

Anexo: Lista de contribuciones

Estados miembros

Francia - Secrétariat Général des Affaires Européennes

Italia - Permanent Representation of Italy to the EU

España - Secretaría de Estado para la Unión Europea

Instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

Autoridades públicas regionales

Vlaamse Overheid

Organizaciones

European Language Equality Network

Kotimaisten kielten keskus (Finnish Centre of Domestic Languages)

Oifig an Choimisinéara Teanga, Ireland

Conradh na Gaeilge (Gaelic League), Ireland

Europa Esperanto Unio (2 contributions)

Esperanto France

Europe-Démocratie-Esperanto (2 contributions)

Comité Pauvreté et Politique, France

DLF Bruxelles-Europe

Internacia Scienca Instituto "Ivo Lapenna"

Matris lingua, I want my language back

Observatoire européen du plurilingualisme

Panhellenic Association of Translators

Délégation des Barreux de France (au nom du Conseil national des Barreux, du Barreau de Paris et de la Conférence des Bâtonniers)

Centre d'Etudes Jacques Georgin

GEM+ "Pour une gouvernance européenne multilingue" asbl

AlumISIT

Plataforma per la Llengua

Česká esperantská mládež, z.s. (Czech Esperanto Youth)

Wirtschaftskammer Österreich

Irish Translators' and Interpreters' Association

FIT Europe, Regional Centre of the International Federation of Translators

International Certificate Conference Languages (ICC)

Cornish Language Board

Stiftung Lichterfeld

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.

Exilio - Hilfe für Migranten, Flüchtlinge und Folterüberlebende e.V.

Interkultura Centro Herzberg (Esperanto-Gesellschaft Südharz)

EsperantoLand e.V.

Verein Deutsche Sprache e.V.

Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport

Sector académico

Eòghann Dickson, University of Glasgow

Federico Gobbo, University of Amsterdam

Angelo Ariemma, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Daniel Gonçalves, University of Lisbon

Jean-Claude Barbier, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Universitat Rovira i Virgili

Michele Gazzola, Ulster University

Universidade do Algarve

François Grin, Université de Genève

Christoph Knabe, Beuth-Hochschule für Technik Berlin

Robert Phillipson, Copenhagen Business School

Isabelle Pingel, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Victor Ginsburgh, Université Libre de Bruxelles / Université catholique de Louvain & Juan D. Moreno-Ternero, Universidad Pablo de Olavide

Personas físicas

Se recibieron 234 contribuciones de personas físicas

 

[1] La necesidad debe evaluarse en cada caso. Los encuestados presentan versiones distintas de este requisito: los solicitantes deben i) dar una razón, ii) demostrar un «interés legítimo», o iii) demostrar que el documento les afecta de algún modo.

[2] Una versión de esta idea consiste en poner en marcha un régimen lingüístico basado en la distinción entre sitios web principales de la UE (denominados sitios web de nivel 1) y sitios web de la UE más específicos o técnicos (sitios web de nivel 2). En este grupo de encuestados, surgen diferencias respecto a cuantas lenguas oficiales deberían utilizarse para cada tipo de sitio web. Se presentan dos enfoques principales, a saber:

· utilizar todas las lenguas oficiales de la UE para los sitios web principales de la UE y un número mínimo de lenguas para los otros sitios web más específicos o técnicos (inglés, francés, alemán, posiblemente italiano y posiblemente español) o que se traduzcan estos sitios web a todas las lenguas oficiales mediante traducción automática;

· utilizar un número restringido de lenguas oficiales de la UE para los sitios web principales (inglés, francés, alemán, posiblemente italiano y posiblemente español) y menos lenguas (como el inglés, el francés y el alemán o solo el inglés) para los sitios web más específicos y técnicos.

[3] Los encuestados hacen alusión al 60, 75, 80 o 90 % de la población europea.

[4] Un encuestado menciona el potencial de la traducción asistida por ordenador (las denominadas «herramientas TAO»), que utilizan los traductores humanos para facilitar el proceso de traducción.