¿Tiene una reclamación contra
una institución u órgano de la UE?

Tramitación de una reclamación relativa a la construcción de un puerto industrial en España

Resumen de la decisión sobre la investigación de oficio OI/2/2006/JMA

Tras haber recibido un número muy extenso de reclamaciones y otras comunicaciones relativas a la construcción de un puerto industrial en la ciudad de Granadilla, en la isla de Tenerife, España, por parte de las autoridades españolas, el Defensor del Pueblo decidió abrir una investigación de oficio con el fin de brindar a la Comisión una oportunidad de explicar su función como guardiana de los Tratados en este caso.

Según los demandantes, la Comisión había decidido cerrar la investigación que había instruido a raíz de una serie de reclamaciones relativas a la construcción de un puerto industrial en Granadilla basándose en que el proyecto no vulneraba el Derecho comunitario, en particular el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva Hábitats[1]. Los demandantes adujeron, en términos generales, que la Comisión no había tenido en cuenta la existencia de posibles soluciones alternativas al proyecto propuesto.

La Comisión expuso que sus servicios aún estaban evaluando el proyecto. La Comisión explicó que, dado que la presencia o la ausencia de alternativas al proyecto era un tema relevante que podía influir en su dictamen final con arreglo al apartado 4 del artículo 6 de la Directiva Hábitats, la Comisión se comprometió a considerar detenidamente este aspecto y emitir un dictamen que analizaría el impacto medioambiental, la relevancia de las «razones imperiosas» invocadas por las autoridades españolas en favor del proyecto y el equilibrio entre estos dos intereses opuestos, así como una evaluación de las medidas compensatorias. La Comisión subrayó, asimismo, que estaba emprendiendo todas las medidas necesarias para adoptar una decisión lo antes posible, y que informaría a los demandantes.

El Defensor del Pueblo consideró que el dictamen de la Comisión había aclarado de manera adecuada los puntos expuestos en su investigación. En particular, que la Comisión aún no había tomado una decisión con respecto al asunto. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo concluyó que no era necesario proseguir la investigación. Asimismo, el Defensor del Pueblo señaló que, una vez que la Comisión tome una decisión, o si la decisión se demorase indebidamente, los ciudadanos y residentes podrían presentar reclamaciones ante él si consideraban que había habido mala administración por parte de la Comisión.

 


[1] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO 1996 L 59, p. 63